Carles Puigdemont lleva tiempo señalando ante las instancias judiciales europeas y nacionales que el Tribunal Supremo no es el tribunal competente para juzgar su caso. Y, en consecuencia, tampoco para evaluar si procede aplicarle la amnistía. La defensa del líder de Junts per Catalunya considera que las condiciones actuales, con su aforamiento en el Parlamento catalán tras ser elegido diputado autonómico en las elecciones del 12 de mayo de 2024, y el decaimiento de los delitos de rebelión y sedición, allanan el terreno para que sea el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña quien asuma su causa por malversación. Además, hay un precedente claro: el exconsejero de Interior Miquel Buch fue amnistiado por la justicia catalana por el delito de malversación y prevaricación al decidir poner escolta a Carles Puigdemont.
El líder afincado en Waterloo está estudiando presentar en los próximos días un incidente de nulidad de actuaciones ante el Tribunal Supremo, como paso previo al recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. El incidente de nulidad es un procedimiento legal que permite impugnar resoluciones judiciales firmes. Es decir, una forma de deshacer un juicio o una parte de él si se determina que se ha cometido una irregularidad grave. A juicio de Junts, el hecho de que el Supremo no sea el tribunal competente afecta a las garantías procesales y el principio de imparcialidad judicial. Y aseguran que la jurisprudencia comunitaria les avala, como la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que, en el caso Micallef vs. Malta, sentenció que la imparcialidad no se mide solo por la conducta subjetiva del tribunal, sino también por la percepción objetiva que pueda generar su actuación.
Los magistrados del Tribunal Supremo han mantenido en varias ocasiones que son el tribunal natural para juzgar el caso de Puigdemont. En su última resolución sostenían que «los hechos investigados e indiciariamente constitutivos de malversación de fondos públicos tuvieron lugar fuera de Cataluña», a través de las delegaciones de la Generalitat. Y aludían al artículo 57.2 del Estatuto de Autonomía, de que no hay motivo para cuestionar la competencia del tribunal, para desestimar la petición de la defensa de Puigdemont. No obstante, los posconvergentes afirman que dicho artículo es interpretable, porque establece que «en las causas contra los diputados, es competente el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña» y que «fuera del territorio de Cataluña la responsabilidad penal es exigible en los mismos términos ante la Sala Penal del Tribunal Supremo».
Malversación en el marco de la Generalitat
El equipo legal de Puigdemont sostendrá ante el Supremo que la malversación de fondos públicos que se investiga fue en el marco de acción de la Generalitat. Y que, por lo tanto, recae en la Justicia catalana evaluar las responsabilidades judiciales. Además, también cuestionan que la ley de amnistía aprobada en la actual legislatura deba excluir el delito de malversación, tal y como ha interpretado el Tribunal Supremo. Como Fiscalía, aseguran que no hubo un «beneficio patrimonial» con el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.
Como ha avanzado el diario Ara, también la reciente comparecencia del exministro de Hacienda Cristóbal Montoro en la comisión de investigación sobre la llamada Operación Cataluña en el Congreso aporta argumentos para la defensa de Puigdemont. El exministro durante el Gobierno de Mariano Rajoy confirmó en sede parlamentaria que «Puigdemont y sus consejeros no disponían de fondos del Estado». Unas palabras que, a juicio del diputado de Junts, Josep Pagès, «tuvo su relevancia». «Muchas gracias, nos ha ayudado mucho», concluyó.
Tribunal «politizado»
Y es que la tesis de Puigdemont, o la del consejero Lluís Puig, también huido a Bélgica, pasa por demostrar que los fondos usados por el procés salieron del presupuesto que maneja la Generalitat. Y, en consecuencia, es el TSJC quien debe valorar si son constitutivos de delitos. Las defensas de los líderes independentistas condenados o procesados por el Supremo siempre han mantenido que este tribunal no es el competente y que está en juego un principio básico del Estado de derecho, que es el derecho al juez natural. Además, han tachado la alta magistratura española de estar «politizada» en su contra y del riesgo a no tener un juicio justo.
A este respecto, y como informó THE OBJECTIVE, aluden a las palabras del juez instructor de la causa del procés, Pablo Llarena, en una conferencia en Granada, invitado por el Colegio de Abogados. La opinión del juez cerraba la puerta a que el Tribunal Constitucional pudiera corregir el dictamen del Supremo de no amnistiar a los condenados por malversación. Afirmó que la corte de garantías debía limitarse a sus funciones, que es la de comprobar si la ley es constitucional, pero no decir a quién se aplica.
