El secretario general de JxCat, Jordi Turull, ha dado por hecho que el expresidente Carles Puigdemont será cabeza de cartel de Junts en las elecciones catalanas del 12 de mayo. “Iremos a por todas”, ha asegurado Turull. El propio Puigdemont ha eludido aclararlo desde Estrasburgo, en la sede del Parlamento Europeo: “El día que tome una decisión al respecto, la comunicaré, naturalmente. Con estas claves de que disponemos, todo es muy prematuro”, ha dicho. “Estoy en contacto permanente con la cúpula de mi partido, por las negociaciones que tenemos a otro nivel y por el momento político que vive Cataluña. Hablamos de todo. También de escenarios electorales en muchas ocasiones, pero honestamente, todo es muy reciente. No hemos tenido tiempo en estos momentos de reunirme con mi partido aún”, ha dicho. Y a continuación ha deslizado: “Con el calendario electoral en la mano podré estar presente en el debate de investidura”.
Junts per Catalunya había convertido en una especie de lema de partido la demanda de elecciones anticipadas y la denuncia de que a la legislatura catalana se le había cumplido la fecha de caducidad. El jefe del grupo parlamentario de JxCat, Albert Batet, incluso se dirigió a Pere Aragonès este miércoles en el Parlament para reclamar el fin de “la agonía” y la convocatoria de unos comicios antes de agotar el ciclo natural del mandato, en febrero de 2025. Junts empezó a pedir elecciones tan pronto como salió del Govern, en octubre de 2022, y no ha bajado el tono en ningún momento, pese a no tener definido qué candidato puede optar a competir por la Generalitat.
Turull ha disparado contra ERC, al sostener que el anticipo electoral de Aragonès responde a “sectarismo” y a “cálculo electoral”, pensando que podría pillar a JxCat a contrapié y sin candidato. Junts lo apuesta todo a que la amnistía despliegue efectos de manera exprés. Con Puigdemont en Bélgica y con el propio Turull aún inhabilitado para presentarse a unas elecciones, el ramillete de posibles candidatos de Junts se marchita si la amnistía no se activa antes del verano. En el caso de que ni Puigdemont ni Turull pudieran aparecer en el cartel electoral, Junts siempre ha tenido en la recámara el nombre del exconsejero Josep Rull, un veterano del partido, con gen de Convergència, y que también fue condenado por el 1-O.
Puigdemont no tiene en estos momentos ningún impedimento judicial para presentarse a las elecciones. No está inhabilitado y conserva el derecho a ser elegido, por lo que podría encabezar la lista de Junts a las elecciones catalanas del 12 de mayo si así lo decidiera la formación, al igual que hizo en los comicios de 2021, cuando ya llevaba cuatro años huido de la justicia española. Pero el adelanto electoral anunciado este jueves sí tiene consecuencias para el expresident. La primera: le va a impedir, salvo sorpresa, hacer campaña electoral presencialmente en Cataluña, una posibilidad que sí se habría abierto si las elecciones se hubieran celebrado con la amnistía ya en vigor.
La previsión del Gobierno es que la medida de gracia esté definitivamente aprobada en la segunda quincena de mayo. A partir de entonces, los tribunales tendrán dos meses para aplicar la norma. En el caso de Puigdemont, será el Supremo el que tenga que decidir si le aplica la medida de gracia al líder de Junts por la causa del procés y por la recién abierta de Tsunami Democràtic. Si el Supremo rechaza de plano amnistiar a Puigdemont, el expresident no podría viajar a España sin arriesgarse a ser detenido. Pero si se limita a elevar una consulta al Tribunal de Justicia de la UE o al Constitucional sobre la ley, Puigdemont no será amnistiado de inmediato, pero tampoco podría ser detenido si viajara a España. Con esta posibilidad es con la que contaba Junts cuando, la semana pasada, fijó para el mes de julio el regreso de Puigdemont a Cataluña. Ese escenario habría permitido al expresidente de la Generalitat hacer campaña en Cataluña si las elecciones se hubieran mantenido, como estaban previstas, a principios de 2025, pero se lo impide con el adelanto electoral.
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También queda en el aire la posibilidad de que, en caso de que se presente y tenga opciones de ser investido president, pueda llegar a tiempo de acudir al debate de investidura. Esa ha sido la meta que ha fijado este miércoles el propio Puigdemont al afirmar que “con el calendario electoral en la mano” ve factible estar presente en el debate de investidura. Con las elecciones convocadas para el 12 de mayo, sí existe esa posibilidad, aunque va a depender de cómo actúe el Supremo al aplicar la medida de gracia en los dos casos que tiene abiertos contra el líder de Junts. Porque Puigdemont puede ser elegido diputado sin pisar Cataluña, como ya lo fue en 2017 y 2021, pero no puede ser designado presidente de la Generalitat si no acude personalmente al Parlament. Así lo determinó el Tribunal Constitucional en enero de 2018, cuando el expresidente llevaba tres meses en Bélgica huido de la justicia española y el Parlament llegó a convocar un pleno de investidura para elegir a Puigdemont de forma telemática sin que tuviera que estar presente en la Cámara catalana. El tribunal de garantías vetó cautelarmente esa posibilidad y, posteriormente, declaró inconstitucional varios artículos introducidos en la Ley del Parlament que preveían la elección a distancia del presidente de la Generalitat.
En el caso de que tenga opciones de ser elegido jefe del Govern, Puigdemont tendrá ante sí otro dilema: el acceso a este cargo le obliga a renunciar al de eurodiputado, un puesto que, además de la proyección europea que siempre ha buscado el líder de Junts, le da el blindaje de la inmunidad europea en el caso de que la aplicación de la amnistía se complique y el Supremo mantenga las causas contra él.
El escenario al que se enfrenta Puigdemont es distinto al de los líderes del procés que ya fueron juzgados y condenados por el Supremo. Aquellos que fueron sentenciados por malversación agravada, entre ellos el expresidente Oriol Junqueras y el propio Turull, están inhabilitados porque esta pena no decayó con los indultos. En el caso de Junqueras, la inhabilitación se extiende hasta 2031, y Turull, hasta 2030. La amnistía sí eliminaría esta pena, pero el adelanto electoral cierra la puerta a que la medida de gracia llegue a tiempo para estos encausados.
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