El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont; el jefe de su oficina, Josep Lluís Alay, y el abogado Gonzalo Boye han presentado este martes una querella contra el titular del Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, por los presuntos delitos de prevaricación y malversación.
La querella, presentada ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), califica de «arbitraria, estrafalaria e injusta» la apertura de una pieza separada ordenada por Aguirre sobre la supuesta trama rusa del ‘procés’ independentista, con la que se pretende imputar un delito de traición al expresidente de la Generalitat, lo que quedaría fuera del paraguas de la Ley de Amnistía.
Los querellantes solicitan como medida cautelar el cese provisional del magistrado en la investigación que se sigue en el juzgado y que atribuye a Puigdemont, Alay y Boye un delito de traición que no estaría incluido en la Ley de Amnistía.
La querella se presenta un día después de que se filtrasen unos audios en los que el juez comentaría que la ley de Amnistía (en su primer trámite parlamentario) se habría tumbado por su actuación y diciendo que al Gobierno de Pedro Sánchez le quedarían «dos telediarios alemanes», por la referencia a su entrevista en una televisión de Alemania.
En su escrito, y para justificar la querella por malversación, los denunciantes entienden que el magistrado querellado «ha dispuesto dar a los fondos públicos una finalidad inequívocamente ilegal», dado que la investigación «cuya instrucción está cerrada (…) está siendo impulsada ilegalmente a costa de fondos públicos».
«Así, el magistrado aquí querellado ha designado a los funcionarios de policiales pertenecientes a la Comisaría General de Información, otorgándoles la condición de policía judicial y, a partir de ello, generado una dinámica de gasto público ilegal, indebida y, por tanto, malversadora», se añade en el escrito.
Por la misma razón, proseguir con una investigación cerrada, los querellantes entienden que el juez Aguirre comete prevaricación: «No se trata, por tanto, de un simple error de interpretación legislativa, sino de la comisión dolosa y directamente encaminada a conturbar el sistema de recursos y el derecho a la tutela judicial efectiva. Esto se desprende claramente de la intencionalidad expresamente incluida en el auto de 21 de junio de 2024, dictado por el querellado».
Además de la denuncia de Puigdemont, el expresidente de la Generalitat Artur Mas también ha interpuesto este martes un recurso de apelación contra lacitada pieza separada abierta por el juez Aguirre. En el escrito, se recuerda que es la primera vez que el expresidente es investigado en unas diligencias que se abrieron hace más de 8 años y que han dado lugar a piezas separadas que tilda de «desaguisado y sudoku procesal».
«La falta de criterio y de rigor en la apertura de piezas separadas, algunas de las cuales han sido absolutamente paralizadas hace años, ha conducido a que la propia Audiencia Provincial de Barcelona haya declarado la conclusión de la fase de instrucción en muchas de ellas», reza el recurso. Sin embargo, sostiene que el juez ha intentado «salvar el fraude procesal utilizando una pieza ya creada y olvidada» para abrir una segunda pieza.
Sobre el supuesto delito de traición, el recurso apunta que el juez instructor, en la pieza separada, «no sabe muy bien en qué delito encuadrar los presuntos hechos que investiga», por lo que no se debería haber abierto ninguna investigación.
Sobre la malversación, el escrito sostiene que «no se dedica ni una sola línea a explicar qué activos patrimoniales públicos habría tenido a su cargo en el momento de los hechos investigados» Artur Mas, que además abandonó su condición de autoridad en enero de 2016, cuando renunció tanto a la presidencia de la Generalitat como a su escaño como diputado.