Carles Puigdemont, héroe del nacionalismo catalán y envidia de toda persona con cuentas pendientes con la justicia, ha declarado que la cesión de las competencias de inmigración al gobierno regional de Cataluña es un paso decisivo en la consolidación de la, así llamada, «nación catalana». El acuerdo firmado por su partido (Junts) con el PSOE dota a la Generalidad de instrumentos necesarios, dice, para preservar la identidad de la sociedad catalana, así como su lengua.
«Cuando entre en vigor la ley», ha dicho acompañado por el secretario general de Junts, Jordi Turull, «nuestro sistema político e institucional gestionará competencias que normalmente ejercen los Estados. Al final estaremos mucho más preparados para el futuro como nación». En la misma rueda de prensa, Puigdemont hizo suyo el discurso que Vox no se atreve a pronunciar: «Sin inmigración no hay progreso en muchos ámbitos, pero también sabemos que sin integración no hay nación».
Alberto Núñez Feijóo, ministro de la oposición, ha criticado el «desmantelamiento del control fronterizo de extranjería y de inmigración del Estado». Ha criticado sus formas, por ser fruto de una «negociación clandestina en el extranjero, de espaldas a las instituciones democráticas» sobre una materia «explícitamente vetado por la Constitución y como pago a un requisito político».
Pero también ha ido al fondo de la cuestión. «El resultado puede ser muy grave (…). Las fronteras, la política de inmigración, la política de extranjería, son políticas de seguridad nacional. Son elementos nucleares que definen a cualquier nación». Es más, considera que es probable que esta «sea la cesión más grave que hemos vivido en la historia constitucional», no sólo porque se entrega una competencia exclusiva del Estado, sino porque «se perpetra contra el artículo 2 de la Constitución». De modo que Puigdemont y Núñez Feijóo coinciden en la importancia del acuerdo entre dos partidos, PSOE y Junts, Junts y PSOE. Si es tan relevante, lo mejor será conocer qué es lo que se ha acordado.
El gobierno regional crea una «ventanilla única» que, entre otras cosas, expedirá un «documento de identidad» para los extranjeros. Regulará las autorizaciones de residencia temporal o de larga duración, así como la expulsión de los extranjeros, cuando éstos tengan prohibición de entrada. Los Mossos (cuyo número se incrementa en 1.800 efectivos) gestionarán la seguridad en puertos y aeropuertos. Estarán presentes en las fronteras (las fronteras reales, no las imaginadas por los nacionalistas), en coordinación con la Policía Nacional y la Guardia Civil.
«Se tratará como extranjeros a los ‘nacidos fuera de Cataluña’. El resto de españoles seremos extranjeros en nuestra propia tierra»
De la Generalidad dependerá la competencia sancionadora de los procedimientos administrativos, de modo que se encargará de las expulsiones que no requieran un expediente de devolución. También gestionará los centros de internamiento de extranjeros. Y de nuevo será el gobierno autonómico quien gestione las contrataciones en origen, decidirán el perfil de los trabajadores contratados, y la persecución de las redes y ONG de trata de seres humanos.
Según el acuerdo, se tratará como extranjeros a los «nacidos fuera de Cataluña». De modo que el resto de los españoles seremos extranjeros en nuestra propia tierra. «Cataluña ha sido siempre un territorio que ha acogido a mucha población procedente de otros lugares y ha tenido la capacidad de integrarla en nuestro modelo democrático de sociedad y en la catalanidad», dice el acuerdo firmado por el PSOE.
Por otro lado, y según informa THE OBJECTIVE, el conocimiento de la lengua catalana será condición sine qua non para obtener permisos de residencia. Como esta cuestión entra dentro del ámbito administrativo, y todo lo que caiga sobre esa materia depende de la Generalidad, serán los jemeres de la Plaza de San Jaime quienes gestionen la cuestión. A partir del momento en que este acuerdo se convierta en ley, «todo lo que tiene que ver con la vida de un extranjero en Cataluña pasará por la Generalitat», según ha precisado el propio Puigdemont.
Todo el empeño de los nacionalistas por crear una nación se debe al hecho de que esa nación no existe. Una comunidad política no es una lista de personas con un mismo diseño en el carnet de identidad. Es una comunidad en la que una gran mayoría de la población se reconoce como parte de la misma, porque hay un conjunto de instituciones compartidas durante siglos. España es una comunidad política. Cataluña, no.
«Tienen enormes recursos. El dinero del gobierno regional, y parte del gobierno nacional. El apoyo político de la izquierda»
Como la historia no ha concedido a los nacionalistas (un biotipo muy reciente en términos históricos) el favor de haber hecho de Cataluña algo parecido a una comunidad política, éstos se han arrogado el hercúleo trabajo de dirigir la historia, y acelerarla.
Tienen enormes recursos en sus manos. El dinero del gobierno regional, y parte del gobierno nacional. El apoyo político de la izquierda. La imitación por parte de la derecha (Feijóo en Galicia). La tolerancia del noble pueblo español con el atropello de los derechos individuales. Lo tienen casi todo.
Últimamente, incluso han visto expedito un camino que anteriormente tenían cerrado por el armazón institucional de la Constitución. Hoy, eso no importa. La Constitución no resulta efectiva, porque el tribunal político encargado de interpretarla, ¡y defenderla!, está sometido a la voluntad política del Gobierno. Y el Gobierno se mantiene gracias a una coalición en la que estos nacionalistas de Junts, y otros, son un apoyo necesario.
Siempre he dicho que el Estado es una filfa, y que el prestigio y la autoridad de que se reviste se deshace como un azucarillo en las circunstancias propicias. El Gobierno de Sánchez ha dinamitado la Constitución Española. No es que nuestra norma no se lo merezca, pero esa discusión es para otro momento. Lo que perdemos no es la fuerza de este texto larguísimo, contradictorio y lamentable que hemos dado en llamar Constitución. Lo que perdemos es mucho más importante: es el acuerdo, intangible, de acordar y respetar unas normas comunes. No estamos alumbrando una nueva nación, pero estamos deshaciendo la que tenemos.
