Cosas estamos viviendo que ya nos congelan la sangre. Un Trump que quiere convertir el orden internacional en una distopía donde el presidente de la más vieja democracia liberal del mundo se comporta como un autócrata matonista que traiciona a sus aliados para defender los intereses de sus amigos de Moscú. Un Trump que ha ganado por dos veces las elecciones presidenciales de Estados Unidos con un discurso basado en la persecución inhumana de la inmigración. Muros, insultos, humillaciones, separación de familias, devoluciones de personas que llevan décadas en Estados Unidos. Todo es xenofobia en el estilo de Trump.
Una xenofobia que para muchos tenía su espejo en España en Vox. Cosa cierta, pero que se amplificaba aún más por toda la trompetería del Gobierno con el fin de salpicar con esa ola de rechazo al Partido Popular, como si los dos partidos fueran lo mismo. Pura estrategia política que, en Génova, por cierto, siempre han gestionado mal. Tan mal que les costó una mayoría en las últimas elecciones generales. Sánchez consiguió esa mayoría a costa de pagar chantajes, peajes y caprichos de los independentistas vascos y catalanes. Unos partidos que siempre han sido xenófobos, racistas y defensores de supuestas purezas raciales, lingüísticas o culturales. Sabino Arana puede que haya sido el mayor racista y xenófobo que haya tenido la política española en los dos últimos siglos. No hace mucho en el PNV se seguía hablando del RH negativo como algo crucial para la identidad vasca.
No son los únicos. Es interminable la lista de nacionalistas e independentistas catalanes que han soltado burradas racistas y xenófobas en las últimas décadas. Pero sus votos eran necesarios y se hacían oídos sordos en Madrid para conseguir apoyos parlamentarios. Lo más inquietante es que durante esos años junto a esas declaraciones iban consiguiendo poco a poco el control total de las instituciones fundamentales para seguir inculcando sus ideas separatistas. La persecución al castellano ha sido una guerra sin cuartel. De forma constante e implacable se impuso den escuelas, institutos, universidades, trabajos, televisiones y radios públicas, rotulaciones, comunicaciones oficiales o atención al público. Da igual donde se mire, el español ha sido y sigue siendo perseguido y castigado en defensa, no del bilingüismo, sino de la supremacía excluyente del catalán.
La radicalización xenófoba ha venido creciendo en Cataluña con una fuerza no vista en otra parte de España. La existencia y despegue de Alianza Catalana no fue una sorpresa. Un partido independentista que alardea sin complejos de su rechazo a la inmigración, de su absoluta hispanofobia e islamofobia, de su proteccionismo económico de las empresas catalanas y su defensa, sin ninguna vergüenza del concepto de raza catalana.
Junts es casi lo mismo. De ahí sus ansias por controlar la política de inmigración en Cataluña para imponer sus criterios xenófobos. Además, asumen posiciones en fronteras, puertos y aeropuertos, algo básico para cualquier nueva aventura independentista. Asumen herramientas y competencias del estado, junto a miles de millones de euros que lo sufragan. Por derivada logran la disminución del control del Estado central restando más funciones y competencias a la Policía Nacional y a la Guardia Civil. Y lo consiguen justo cuando han obtenido los peores resultados electorales de los últimos años en el Congreso o cuando han perdido el poder de la Generalitat de Cataluña. Pero ¿lo han perdido de verdad?
Por siete votos, siete míseros votos, Pedro Sánchez ha vuelto a traicionar su palabra (ya sin valor desde hace años), la Constitución (ya violada con la ley de Amnistía) y las ideas que durante más de un siglo se suponen que eran la ideología del PSOE. Una vez destrozada la igualdad de los españoles ante la ley y pisoteada la solidaridad de las comunidades autónomas mediante el pacto singular de financiación que favorece a Cataluña, ahora viene el turno de una nueva traición al papel y competencias del Estado español. La gestión de fronteras e inmigración es competencia única y exclusiva de la administración central. Así lo ha sido para todos y así lo dice la Constitución.
Así lo decían Pedro Sánchez y sus repetidores mecánicos como la portavoz del gobierno Pilar Alegría o el tristemente escondido una vez más en la mentira y que en otra vida, hace mucho tiempo fue juez, Fernando Grande-Marlaska. Probablemente, el peor ministro del Gobierno y también el peor ministro de Interior de la democracia (y mira que los ha habido muy malos y por muchas razones). La permanente dejación intelectual y legislativa de Marlaska solo ha encontrado una inusual eficacia a la hora de proteger y culminar los traslados de presos etarras al País Vasco. Nadie como Marlaska ha traicionado, vendido, maltratado, despreciado y ninguneado tanto a sus propios subordinados. Ahora los miembros de la Policía Nacional y de la Guardia Civil verán como de nuevo les retiran funciones y competencias y siguen con sus sueldos congelados mientras se fomenta que los mossos crezcan en número, medios y financiación. Al menos esta vez los chorros de millones de euros que tanta falta hacen a nuestras fuerzas y cuerpos del estado no irán para la policía de Marruecos.
El acuerdo de Junts con PSOE es una completa vulneración de la Constitución. Todo el acuerdo es una aberración legal y moral. El gobierno intenta con una hipócrita ingeniería lingüística decir que delega y que no traspasa las competencias. Cree que, con este juego, que ni ellos se creen, son capaces de justificar la delegación de competencias que no son delegables. Vergüenza debería darle a los viejos y jóvenes militantes del Partido Socialista Obrero Español esa introducción del acuerdo en el que se equipara a los españoles no nacidos en Cataluña como extranjeros. Y lo cierto es que desgraciadamente muchos de ellos sufren desde hace años esa percepción en todos los ámbitos de la vida pública de Cataluña. El PSOE reconoce por escrito el discurso xenófobo de Junts y de Alianza Catalana de que la inmigración supone un potencial riesgo de convivencia. Una xenofobia que propone la imposición de un supuesto «compromiso de integración y de respeto de los valores cívicos y conocimientos lingüísticos y culturales». El catalán y la catalanidad como requisitos para una inmigración que ellos gestionan, controlan y deciden según las conclusiones de este pacto.
Nada bueno podía salir de algo en lo que de nuevo está la mano, otra vez la chapuza intelectual del expresidente Rodríguez Zapatero. El amigo de Maduro, el lobista de China ahora media en la defensa de principios xenófobos. Un nuevo paso hacia la independencia de hecho que se negocian en Suiza con un relator salvadoreño, y que permiten a Puigdemont «descojonarse» de España. Y aunque nos duela, acierta cuando se jacta de que este pacto consigue para la Generalitat «competencias de estado».
Aquel Partido Socialista que ya traicionó la igualdad de los españoles ante la ley, que ya ha votado a favor de sobre financiar a las comunidades ricas en detrimento de las regiones más pobres, ese partido socialista que supuestamente llegó al gobierno con la bandera de la lucha contra la corrupción y que ahora tiene más escándalos que una revista de prensa rosa. Ese partido socialista ahora también firma acuerdos que atufan a xenofobia y racismo. El PSOE ya no era socialista, era «sanchista». Y ahora, ya también es el PXOE, al incluir la «x» de xenófobo. Su pacto con Junts es inconstitucional, es xenófobo y es discriminatorio. Y su precio es de siete míseros votos.
