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Aunque fueron aclamadas por la población, propuestas por grupos políticos y fuertemente debatidas en las cámaras legislativas, la República Dominicana acarrea un inventario de leyes natimuertas, cuya falta de ejecución ha permitido que problemas estructurales se mantengan ralentizando el avance de la sociedad.
«Se necesitan aprobar ciertas leyes para tal problema», es una frase común en la opinión pública, sin embargo, puede existir una normativa para el mencionado problema pero que no se aplica, ya sea por negligencia de las autoridades o porque el tema es tan frecuente que la población lo asume como normal.
Asuntos como abuso infantil, tránsito, gestión municipal, medioambiente y corrupción, figuran entre las normativas más ignoradas.
Ley del tránsito
Mientras el Gobierno impulsa medidas para reducir los tapones y accidentes, la Ley 63-17 sobre Movilidad, Tránsito y Transporte Terrestre permanece con puntos inactivos desde su promulgación en 2017.
La legislación fue concebida para regular el tránsito y la seguridad vial, pero los responsables no aplican el régimen de consecuencias al abstenerse de aplicar los montos estipulados de las multas -por ejemplo, 20 salarios mínimos- bajo el argumento de que conductores de pocos ingresos no tendrían recursos para asumirlas.
En medio del caos vial, en el Congreso Nacional analizan una propuesta para modificar esta normativa y reducir las sanciones, mientras decenas de personas fallecen a causa de la imprudencia vial.
Espacios públicos y medioambiente
Además de las infracciones viales, los peatones buscan alternativas porque los conductores, comerciantes constructores se adueñan de los espacios públicos, lo que es una violación de las leyes 176-07 sobre los municipios y 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Esta última establece como objetivo el «mejoramiento sociocultural de sus habitantes, preservando el medio ambiente, los patrimonios históricos y culturales, así como la protección de los espacios de dominio público».
La situación persiste ante la indiferencia de las alcaldías y del Ministerio de Medio Ambiente. Aunque, ocasionalmente, se realizan operativos de limpieza, la falta de consecuencias fomenta la reincidencia.
Estrategia Nacional de Desarrollo 2030
Hace 14 años, tras un consenso nacional, el entonces presidente Leonel Fernández, presentó al Congreso la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, una hoja de ruta sobre cómo deberá lucir el país en ese año.
La meta es construir «un país próspero, donde las personas vivan dignamente, apegadas a valores éticos y en el marco de una democracia participativa que garantice la equidad, la justicia social y el Estado de derecho», dijo Fernández en aquel entonces.
La normativa, promulgada luego por Danilo Medina, estipulaba en su artículo 36 la necesidad de un pacto fiscal para financiar el desarrollo sostenible y asegurar la sostenibilidad financiera a largo plazo.
Dicho pacto contemplaría reducir la evasión fiscal, mejorar la calidad y la transparencia del gasto público, y hacer más equitativa la estructura tributaria.
Sin embargo, ni Medina ni el actual presidente, Luis Abinader, han logrado implementarlo. En 2024, Abinader presentó una propuesta de reforma fiscal, pero fue retirada del Congreso Nacional en octubre ante la fuerte oposición de diversos sectores.
Como resultado, el país se ha rezagado en el cumplimiento de los objetivos de la citada Estrategia Nacional, que contempla cuatro ejes, 19 objetivos generales y 57 específicos.
Ley de Extinción de Dominio
La Ley 340-22 sobre Extinción de Dominio tardó más de una década en ser aprobada. Finalmente fue promulgada en 2022 y permite recuperar bienes ilícitos sin necesidad de condena penal.
Al firmarla, el presidente Abinader organizó un acto en el Palacio Nacional con legisladores y líderes sociales, donde proclamó: «En este país, quien la hace la paga, y quien roba devolverá lo robado».
La ley disponía de un año para su entrada en vigor, por lo que debió aplicarse desde julio de 2023. Sin embargo, para 2025, aún permanece sin implementación.
Ante la demora, en enero de 2025, el senador Antonio Taveras, coautor de la normativa, presentó una resolución solicitando su aplicación a la entonces procuradora general, Miriam Germán Brito, y al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina.
Asimismo, la Fundación Justicia y Transparencia interpuso un amparo para que la actual procuradora, Yeni Berenice Reynoso, ponga en marcha su aplicación.
Ley de Autismo
En julio de 2023, el Poder Ejecutivo promulgó la Ley 34-23 sobre Atención, Inclusión y Protección para las Personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), una normativa largamente demandada por las familias afectadas por esta condición que impacta a uno de cada 160 niños en el mundo, según la OMSalud.
Un año después, el jefe de Estado firmó el reglamento de aplicación, pero persisten las quejas por la falta de programas, recursos y coordinación entre instituciones.
La ley establece las entidades responsables de la detección temprana, la habilitación de centros educativos y la inclusión laboral, pero la implementación aún es insuficiente.
Ley de Regulación Salarial del Estado
La Ley 105-13, que regula los salarios en el sector público, fue promulgada hace más de una década, pero continúa sin aplicarse. Persisten casos de funcionarios que tienen un salario base más elevado que el presidente de la República.
Ni Medina, quien la promulgó, ni Abinader han mostrado voluntad para hacerla cumplir, pese a que este último prometió aplicarla en el 2021.
En junio de 2024, el entonces ministro de Administración Pública, Darío Castillo, declaró que la ley era «defectuosa» por los topes salariales que impone. Indicó que sometió un proyecto de reforma a la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, pero este no ha sido enviado al Congreso Nacional.
Diario Libre ha documentado cómo muchas menores de sectores empobrecidos del país, acuden a centros de salud para atender embarazos producto de abuso sexual. Estas agresiones suelen comenzar en el hogar y pasan desapercibidas por falta de denuncias. En el camino entre el hospital y la justicia, hay una nebulosa la cual detiene la correcta aplicación de un protocolo diseñado para que no haya impunidad en estos casos. Embarazar a una menor, bajo cualquier circunstancia, está penalizado por el Código Penal, actualmente en proceso de reforma. No obstante, su aplicación es casi inexistente.Además del daño emocional, estas adolescentes enfrentan una carga económica para la cual no están preparadas, lo que obliga al Estado a asumir los costos médicos y sociales.
