Nuevo golpe a España por los impagos de las renovables. Reino Unido ha embargado el usufructo de Aena en el aeropuerto de Luton, uno de los cinco que operan en Londres. En un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la empresa pública alega que no tiene nada que ver con los impagos. La justicia británica ha considerado que se trata del operador mayoritario del aeródromo. Aena, a su vez está participada al 51% por Enaire, sociedad a la que Bélgica confiscó recientemente 83,7 millones de euros. Con anterioridad, los tribunales británicos ya habían embargado cuentas y distintos edificios de nuestro país en las islas.
La decisión de embargar a Aena se tomó el pasado 11 de julio, después de que la justicia británica resolviera un fallo sobre los impagos a las empresas que reclaman una indemnización por la retirada de ayudas a las renovables. La decisión la tomó el Gobierno de Mariano Rajoy hace más de una década. La medida afecta al 26% del derecho de usufructo de las operaciones que realiza la empresa pública en Luton a través de la sociedad London Luton Airport Holdings III Limited y sus filiales.
«Aena, que no es parte en este proceso judicial de reconocimiento y ejecución del laudo arbitral, no ha sido notificada de la adopción de medidas cautelares», sostiene la secretaria de su Consejo de Administración, Elena Roldán, en la nota remitida a la CNMV. El texto, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, anuncia que, una vez que les sea notificada la decisión, llevarán a cabo «las comprobaciones pertinentes para determinar el alcance y consecuencias de esas medidas y, en todo caso, defenderá los intereses de Aena, sus filiales y sus accionistas del modo que jurídicamente proceda».
Las operaciones de Aena
La empresa pública anunció hace unos días que había elevado sus ingresos comerciales hasta los 834 millones de euros en el primer semestre del año, lo que supone un 17,4% más que en el mismo periodo del curso anterior, según datos comunicados por el gestor aeroportuario español a la CNMV. Aena opera en el aeropuerto de Luton, situado al norte de Londres y el cuarto de la ciudad por volumen, ya que recibe al año más de 18 millones de pasajeros.
Hace unas semanas, la organización que se encarga de gestionar el tráfico aéreo en el continente, Eurocontrol, congeló 83,7 millones de euros que debía abonar a Enaire. La justicia belga había ordenado a mediados de junio embargar los pagos si nuestro país seguía sin hacer frente a las indemnizaciones reconocidas por la retirada de ayudas a las energías renovables, que alcanzan los 1.800 millones de euros, incluyendo intereses de demora, costas y pagos a abogados.
El primer país que autorizó el embargo de activos españoles en el extranjero (en abril del año pasado) fue Reino Unido, que ahora vuelve a la carga con Aena. Entre los bienes confiscados de manera cautelar se encuentra la sede del Instituto Cervantes en Londres, la oficina de promoción económica de la Generalitat, el Instituto Vicente Cañadas, cuatro cuentas bancarias y el cobro de la indemnización por el desastre del Prestige, valorada en más de 900 millones. Unas semanas más tarde, Australia también acordó esa medida, que ya estudia Estados Unidos tras una sentencia histórica contra Rumanía.
Las compañías perjudicadas por la retirada de ayudas a las energías renovables hace algo más de una década han presentado 52 procedimientos contra nuestro país ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), un organismo adscrito al Banco Mundial. De esta cifra, 26 han sido satisfactorios para los demandantes. Sin embargo, los afectados siguen sin recibir un solo euro.
España se niega a pagar
La Abogacía del Estado lleva años defendiendo que el derecho comunitario no permite el pago de indemnizaciones decretadas por los arbitrajes internacionales que surgieron tras la retirada de las primas a las renovables. Sin embargo, las empresas afectadas sostienen que los laudos emitidos a su favor tienen plena cobertura legal bajo el Tratado de la Carta de la Energía (TCE). Para no pagar, España apela a una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en 2021 que limita los arbitrajes de inversión cuando las dos partes implicadas residen en zona comunitaria.
Esa decisión ha llevado a diversas compañías afectadas a acudir a tribunales ordinarios para conseguir vía embargo las indemnizaciones reconocidas que España les niega. Estas alcanzan ya los 1.800 millones de euros. Las compañías afectadas señalan que el Gobierno tiene sobre la mesa una propuesta para resolver la situación y lamentan que vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, se niegue a «negociar una salida satisfactoria», ya que esta posición «supondrá nuevos embargos, mantendrá la inseguridad jurídica».
