Casi medio centenar de países y la Unión Europea como bloque pidieron el jueves en Naciones Unidas a las autoridades venezolanas que publiquen «inmediatamente» el resultado detallado de las elecciones presidenciales del 28 de julio y permitan una «verificación imparcial«.
«Instamos al Consejo Nacional Electoral (CNE) a que publique inmediatamente los resultados de la votación de la elección presidencial de todos los colegios electorales y permita la verificación imparcial de los resultados por observadores independientes en aras de la credibilidad, la legitimidad y la transparencia del proceso electoral», reza una declaración que leyó el canciller de Panamá, Javier Martínez-Acha.
Argentina, Australia, Chile, Ecuador, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Reino Unido figuran entre los 49 países firmantes, además de la Unión Europea.
La líder opositora venezolana María Corina Machado, que denuncia un fraude en la reelección del presidente Nicolás Maduro y reclama un triunfo del candidato Edmundo González Urrutia, celebró esta declaración como «una victoria» en el «camino a la transición democrática».
«Todo el mundo sabe que Edmundo González Urrutia es el presidente electo de Venezuela«, escribió Machado en la red social X.
Sin haber publicado el escrutinio detallado, como ordena la ley, las autoridades electorales venezolanas atribuyeron la victoria a Maduro, pese a que la oposición asegura que González Urrutia, exiliado en España desde el domingo, fue el vencedor con más de 60% de los votos.
Según un informe preliminar de un panel de expertos de la ONU, divulgado el pasado 13 de agosto, el CNE «no cumplió con las medidas básicas de transparencia e integridad» e «incumplió» los plazos establecidos.
«Es hora de que los venezolanos lleven a cabo negociaciones constructivas e inclusivas para resolver este impás electoral y restaurar, pacíficamente, las normas democráticas (…) y los deseos de los venezolanos», indica la declaración conjunta divulgada en la ONU.
Asimismo, los firmantes manifiestan «gran preocupación» por abusos y violaciones de los derechos humanos como «represión, detenciones y arrestos arbitrarios, asesinatos y negación de garantías para juicios justos, así como tácticas de intimidación contra la oposición».
