El Gobierno ha dejado atrás los días en los que, ante cualquier decisión judicial adversa, se limitaba a mostrar su respeto a la Justicia. En el Ejecutivo se ha instalado la idea de que algunos jueces han tomado la decisión de hacer todo lo posible para debilitar a Pedro Sánchez y su entorno. El propio presidente ha ido aumentando el tono de la crítica a estos magistrados, a los que incluso acusa de actuar en connivencia con el PP. “El PP juega con las cartas marcadas en la justicia, y eso me preocupa”, llegó a decir el miércoles en la tradicional copa de Navidad en La Moncloa, después de asegurar que los populares tienen información privilegiada de lo que va a pasar en algunos procesos críticos para el Gobierno.
Detrás de esta frase, y otras anteriores que muestran una línea ascendente ―”este acoso político, mediático y judicial se volverá contra los acosadores”, había dicho en el acto del día de la Constitución— no hay, aseguran diversas fuentes del Ejecutivo, ningún calentón. Es una estrategia medida. Sánchez y su equipo manejan datos que demuestran, tal como lo interpretan en el Gobierno, que cada vez más ciudadanos trasladan su malestar con algunas decisiones judiciales que afectan al entorno del presidente, y que se extiende la sensación de que algunos jueces no están siendo justos y objetivos, sino que están tratando de estirar procesos sin contenido para perjudicar al Ejecutivo.
Según una encuesta del CIS en abril, el 83% de los españoles cree que la justicia “se ve influida por otros poderes políticos o económicos”, frente a un 9,5% que cree que siempre actúa de manera imparcial. Pero más allá del CIS, denostado por la oposición, hay varias encuestas privadas que señalan que crece la sensación de que la justicia está instrumentalizada con fines políticos. En La Moncloa manejan datos que indican esa idea que lanzó Sánchez, esto es, que lo que ven como un acoso judicial al Gobierno se puede volver en contra electoralmente y generar una reacción de apoyo al Ejecutivo en importantes sectores progresistas.
La frase “el que pueda hacer que haga”, que dijo el expresidente José María Aznar, es la más repetida en círculos políticos del Gobierno para explicar algo que no tiene por qué ser, señalan, una maniobra orquestada y coordinada, una conspiración, sino una sucesión de decisiones individuales de algunos jueces que querrían, según esta visión, dañar al Ejecutivo en un momento de mucha tensión política, y cuando una parte de la judicatura ha dejado muy claro por ejemplo su rechazo a la amnistía del procés, una de las medidas estrella de esta legislatura.
“No tengo una oposición política, es otra cosa”, insiste Sánchez, en clara referencia a una situación de anormalidad y acoso judicial, tal como la perciben en La Moncloa. “La verdadera oposición la hacen algunos jueces. No el PP, que no nos desgasta nada, no es capaz”, aseguran varios ministros y dirigentes socialistas consultados. “Es una realidad atronadora que hay jueces que no están siendo justos con el Gobierno. Una aproximación mínimamente objetiva así lo indica”, señala un destacado miembro del Ejecutivo.
Por tanto, esta línea estratégica va a seguir. Sánchez ya pidió a los suyos en el congreso del PSOE en Sevilla que salieran “a la ofensiva”. El Gobierno y el propio presidente están recibiendo críticas muy duras por estas frases de desconfianza en algunos jueces por parte de asociaciones judiciales y de la presidenta del Consejo General del Poder Judicial, la progresista Isabel Perelló, pero estos reproches no hacen que el Gobierno varíe su estrategia. Esta semana, que tendrá un nuevo hito en el Supremo con una nueva declaración de Aldama y otra de Koldo García, es presumible que se mantenga esta línea fuerte de Sánchez y su equipo alertando de ese acoso judicial contra el Gobierno. En la conferencia de presidentes en Santander se vivió una especie de tregua, y nadie habló de justicia ni de escándalos ni de corrupción, pero el ambiente tóxico volverá a su apogeo esta semana, presumiblemente, con la agenda política de nuevo pendiente de los tribunales.
Además de las conocidas instrucciones de los casos contra la esposa y el hermano de Sánchez, que se critican mucho en La Moncloa, ahora hay mucha suspicacia en el Gobierno por la decisión de dejar tan rápidamente a Víctor de Aldama en libertad, cuando tanto el Ejecutivo como el propio Óscar Puente, ministro de Transportes, que encargó un informe específico sobre esto, mantienen que el empresario no ha presentado ninguna prueba sólida sobre la supuesta corrupción en adjudicaciones de obras.
Ahí entran no solo los jueces, sino la Fiscalía, que pidió la libertad de Aldama por su colaboración con la justicia. En algunos sectores del Gobierno y del PSOE hay malestar por la sensación de que el fiscal general, Álvaro García, no es capaz de controlar situaciones como esta. “A veces parece que estamos en Gobierno, pero no gobernamos en algunos temas sensibles”, señala uno de los consultados. Sánchez mantiene su respaldo total a García. El presidente cree que el fiscal general también es víctima de un acoso mediático, político y judicial injusto y por eso siempre ha defendido que no tiene que dimitir. No es presumible ningún cambio ahí, pero algunos sectores del Gobierno y del partido opinan que habría que ser más directos y tomar la iniciativa frente a una ofensiva de sectores de la justicia que ven cada vez más clara.
No todo el mundo está de acuerdo con este mensaje crítico con algunos jueces, como dejó claro en el congreso del PSOE Emiliano García-Page, que insistió en que cuando se está en el Gobierno “no se puede ir de víctima” y menos después de haber pactado con el PP la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Pero al margen de Page y otros sectores, la sensación de acoso judicial injusto está muy extendida en el Gobierno, en el PSOE, en Sumar, en la mayoría de los socios e incluso en los sindicatos, que han mostrado su apoyo cerrado al Ejecutivo frente a lo que Unai Sordo (CC OO) y Pepe Álvarez (UGT) definieron como lawfare. En estos sectores está totalmente asumido que la justicia tendrá un gran protagonismo en lo que queda de legislatura, pero también creen que algunos jueces han cruzado líneas rojas y sus excesos se volverán contra ellos porque cada vez perderán más credibilidad. Lo que parece seguro es que Sánchez y su equipo no darán marcha atrás en estas críticas cada vez más claras a algunos jueces, para las que creen contar con el apoyo de una parte cada vez más relevante de sus votantes.
