El Ministerio de Sanidad cuenta aún en sus dependencias con 112.347.110 unidades de mascarillas adquiridas durante la pandemia de la COVID-19. De esa cantidad, 97.958.110 están caducadas, lo que representa un 87,17 % del total y, además, supone un desperdicio sanitario y económico significativo. Son datos aportados por la cartera de Salud en respuesta a un requerimiento del Portal de Transparencia a instancias de THE OBJECTIVE.
De la cifra total de los cubrebocas todavía almacenados, 18.442.990 son de la categoría FFP2, 1.639.520 de tipo FFP3 y 92.264.600 son mascarillas quirúrgicas. De las de la primera clase, 17.867.990 ya no son aptas, mientras que las 575.000 restantes unidades son válidas. De las FFP3 no queda ejemplares útiles, todas se encuentran caducadas. En lo que respecta a las mascarillas quirúrgicas, 78.450.600 piezas están pasadas de fecha y 13.814.000 son válidas. Es decir, solamente 14.389.000 de los protectores guardados son aún funcionales.
El valor económico del total de estas mascarillas que aún se almacenan, según la información aportada por el INGESA (Entidad Gestora de la Seguridad Social), adscrita al Ministerio de Sanidad y con competencia en la gestión de la asistencia sanitaria de Ceuta y Melilla, es de 105.306.655 euros. De esa cantidad y en relación con cada tipo de mascarillas, las de clase FFP2 suponen 59.329.284 euros, las FFP·3, 10.066.653 euros y, por su parte, las mascarillas quirúrgicas tienen un valor de 35.910.718 euros.
Esto se traduce en un coste por unidad, en el caso de las FFP2, de 3,22 euros. Por su parte, el coste de cada ejemplar de las FFP3 es de 6,14 euros. Por último, cada mascarilla quirúrgica ha tenido un coste de 0,38 euros. En consecuencia, el valor económico de los cubrebocas caducados que guarda todavía el Ministerio de Sanidad (sin haber sido utilizados) asciende a 97.374.576 euros.
En cuanto a otros materiales sanitarios requeridos durante la crisis del coronavirus, concretamente guantes y gel hidroalcohólico, desde el ministerio señalan que «no queda ninguna unidad adquirida para la pandemia en dependencias pertenecientes o contratadas por el Ministerio de Sanidad». Es decir, todo el stock relacionado con estos materiales ha sido utilizado, distribuido o eliminado, y actualmente no se conserva ninguna reserva comprada durante ese período.
El mayor pelotazo de la pandemia
La pandemia del COVID-19 fue una crisis sanitaria global causada por el coronavirus SARS-CoV-2, que surgió a finales de 2019 en Wuhan (China) y que causó millones de muertes. Esta situación excepcional obligó a los gobiernos a tomar medidas inéditas para combatir el virus y frenar su impacto en la población. En este periodo, los servicios de salud fueron aún más imprescindibles que habitualmente, ya que se encontraban en primera línea de la lucha contra la enfermedad.
Para hacer frente a la emergencia, los países destinaron grandes cantidades de recursos a reforzar sus sistemas sanitarios. Algunas de las medidas tomadas fueron el aumento de los equipos de protección personal, la ampliación de las capacidades hospitalarias, la contratación de más profesionales de la salud y la aplicación de protocolos especiales que buscaban garantizar la seguridad de las personas, tanto de los sanitarios como de los ciudadanos.
Durante la pandemia, el Ministerio de Sanidad, dirigido entonces por Salvador Illa, hizo muchos contratos de emergencia para adquirir material sanitario (mascarillas, guantes, batas, test PCR, etc.) que fueron gestionados por el INGESA. Gran parte de estas licitaciones fueron adjudicadas de manera directa, sin concurso público, debido a la urgencia sanitaria y la escasez de proveedores durante los primeros meses de la crisis. Ejemplo de ello es el caso Travis, el mayor contrato de mascarillas hecho durante la pandemia, cuando se adjudicaron 361 millones de euros a dos empresas chinas, HongKong Travis Asia Limited y Hangzhou Ruining Trading. El material llegó tarde, fue considerablemente más caro y, en muchos casos, resultó defectuoso o inservible.
En relación con este acuerdo, una grabación hecha por Koldo García a Santos Cerdán interceptada por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) en el marco del Caso Koldo-Cerdán-Ábalos podría ser clave, ya que, en la conversación, ambos muestran preocupación por ser interceptados y mencionan el uso de la aplicación Signal para evitarlo. En estas grabaciones, Koldo afirma que «Salvador Illa habla mucho con Chili», posible alias de Xi Li (Xiaojuan Li), representante de ambas empresas chinas.
