Choque de cifras entre el Ministerio de Justicia y las asociaciones de jueces y fiscales por el seguimiento de la huelga de tres días que se está desarrollando esta semana. Las asociaciones cifran un apoyo casi masivo: afirman que el 75% de los jueces y fiscales secundaron el paro durante el primer día y un 70% este miércoles. Por otro lado, el ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, ha señalado que con los datos que maneja su ministerio, facilitados por los secretarios de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia, el seguimiento ha sido de un 28,75% este martes y de un 30,84% este miércoles. Bolaños, que esta mañana ha adelantado a primera hora de la mañana en una entrevista en Cadena SER los números de la primera jornada de paro —los de la segunda lo ha hecho en un tuit entrada la tarde—, ha subrayado que “cualquier parecido de esta cifra que dieron las asociaciones judiciales y fiscales con la realidad es pura coincidencia”. Fuentes de Justicia cifran el seguimiento medio de los paros en la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo fue del 5% este martes y de un 3% este miércoles.
La estimación de las asociaciones convocantes —la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Foro Judicial Independiente, Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales— está fundamentada en los correos electrónicos voluntarios y confidenciales recibidos de compañeros y compañeras que han comunicado su decisión de secundar la huelga; en la información facilitada por decanatos de las principales ciudades, cuyos titulares pertenecen a asociaciones convocantes; y en el “cálculo aproximado” de los jueces y fiscales que actualmente se encuentran de vacaciones, en permisos, de baja o en situación de servicios especiales, y que, por tanto, no computan como profesionales en activo.
Los jueces y fiscales convocaron tres días de huelga, desde este martes hasta mañana jueves, en protesta por dos reformas legislativas impulsadas por el Ministerio de Justicia: la que prevé cambios en la forma de acceso a ambas carreras y la que modifica el estatuto que regula a la Fiscalía para adaptarlo a la ley que dejará en manos de los fiscales la instrucción de las causas penales.
Bolaños ha vuelto a recordar en la radio que el Consejo General del Poder Judicial afirma que la huelga no tiene base legal y ha subrayado que aún no han recibido información sobre las personas que han secundado el parón: “Yo respeto las movilizaciones, los paros, el derecho a huelga de jueces y fiscales en nuestro país. Pero sí le digo que el derecho a huelga conlleva un deber, que es la obligación de no cobrar ese día de trabajo. Para no cobrar hay que comunicar al organismo pagador, que este caso es el ministerio, las personas que han ejercido su derecho a huelga. Y en este momento el número de personas que se nos ha comunicado y que, por tanto, le deduciremos el día de salario ha sido exactamente cero. Es decir, ni el comité de huelga está en huelga porque no nos han comunicado quienes son las personas que han secundado el paro”. Por otro lado, el ministro ha dicho que tan pronto como les vayan remitiendo esos nombres, actualizarán “con total transparencia” las cifras del seguimiento.
Durante la primera jornada de paros, se dio “una aparente normalidad” en los juzgados madrileños, según fuentes judiciales. En los de Plaza de Castilla, por ejemplo, no se registraron incidentes y muchas vistas previstas se realizaron sin retrasos. En la Audiencia Nacional, los dos grandes juicios previstos se desarrollaron también con total normalidad. La Ciutat de la Justícia de Barcelona también vivió el trajín habitual a pesar de estar en la primera jornada de huelga y en Sevilla, la Audiencia anunció a través de su pantalla el retraso de cinco juicios de sus secciones primera y cuarta, y un sexto se mantenía programado para las 12.30 horas.
Paralelamente, el PSOE ha presentado en el Congreso de los Diputados una enmienda para concretar uno de los puntos más polémicos de la reforma y por el que más protestan los jueces y fiscales que secundan el paro: el proceso para convertir en fijos a un millar de jueces y fiscales que ejercen desde hace años como sustitutos. La propuesta de los socialistas buscan aclarar aspectos del proyecto de ley, como quiénes pueden presentarse al proceso extraordinario para entrar en la carrera judicial o fiscal sin pasar la oposición habitual. El proyecto de ley establecía que podría participar cualquier licenciado en Derecho con cinco años “de ejercicio profesional” y ahora la enmienda lo restringe a los profesionales que acrediten al menos cinco años “de ejercicio en profesiones jurídicas que exijan para su desempeño estar en disposición” de la licenciatura o el grado en derecho, “y que tengan encomendadas funciones jurisdiccionales o de actuación ante juzgados o tribunales”, como jueces y fiscales sustitutos, abogados y procuradores.
Esa enmienda ha causado indignación en la asociación progresista de jueces (Juezas y Jueces para la Democracia) y en la Unión Progresista de Fiscales (UPF), las dos únicas que respaldan las reformas legales y que no secunda la huelga. Ambas se han mostrado críticas desde el principio con el proceso para convertir en fijos a jueces y fiscales sustitutos y advierten de que los cambios propuestos por el PSOE empeoran su opinión sobre esa medida.
Las dos asociaciones han emitido este miércoles comunicados de oposición a la enmienda. La UPF ha mostrado su “absoluto rechazo” y ha avisado de que, si el cambio que propone el PSOE sale adelante, asumirá “un rechazo total” a la ley y estudiará adoptar “otras medidas de conflicto. La UPF pone el foco en que la enmienda prevé que quienes accedan a la carrera judicial y fiscal a través del proceso extraordinario quedaran adscritos respectivamente al Tribunal Superior de Justicia o a la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de su último nombramiento, “derecho que jamás se ha reconocido en ningún proceso de acceso a la función pública, ni por supuesto a la carrera fiscal”, advierten desde la asociación.
“Desde la UPF queremos mostrar nuestro absoluto rechazo a esta medida, que supondría un perjuicio y una absoluta injusticia para el resto de compañeros y compañeros que acceden a la carrera fiscal por el turno libre de oposición, así como aquellos que ya formamos parte, que se ven obligados, con un coste personal y familiar, a residir fuera de su domicilio durante muchos años, por no poder concursar a su domicilio por falta de plazas”, señala este colectivo en un comunicado difundido este mediodía.
JJPD, por su parte, lamenta que la enmienda no solo mantenga “los errores” que tiene la medida en el proyecto de ley, sino que “ahonda en ellos hasta convertirlos en inaceptables”. “Permitir la adscripción de las juezas y jueces sustitutos a los tribunales en los que vinieran sirviendo con anterioridad es una medida que no tiene justificación, provoca la ruptura del principio de igualdad dentro de la carrera judicial, cercena los derechos a la movilidad profesional de los miembros que ya están en la carrera profesional, y afectará al normal desarrollo de la planta judicial”, señala esta asociación, que reclama que se desgaje el proceso extraordinario de la ley de reforma de acceso a la carrera. “Solo con la tramitación sosegada y trasparente que permita abordar con la adecuada planificación y valorando todas las opciones disponibles podrá alcanzarse una solución a un problema complejo en beneficio de la ciudadanía y de la carrera judicial”, señala.
