El Juzgado de lo Penal número 20 de Madrid ha celebrado este lunes la primera sesión del juicio a los 21 imputados por las protestas de Rodea el Congreso que tuvieron lugar el 25 de septiembre de 2012 en torno al Congreso de los Diputados. Seis de ellos han acordado con la Fiscalía penas de hasta 11 meses de prisión, sustituibles por el pago de una multa económica de hasta 1.320 euros por dilaciones indebidas en el proceso judicial. Los seis han reconocido un delito de desorden público, pero cinco de ellos, además, han admitido el de atentado. El resto de acusados no han pactado con el Ministerio Público y se enfrentan a penas de hasta siete años de cárcel.
Otros acusados han remarcado su inocencia: “Después de 12 años de condena, ahora se nos juzga. Pedimos la absolución”, ha indicado Ángel García, uno de los acusados que ha insistido en el cariz “pacífico” de la concentración. Además, la plataforma convocante, la Coordinadora 25-S, ha exigido que se suspenda el juicio. “Si encarcelan a 21 compañeros, nos dan la razón cuando decimos que la democracia y la libertad de reunión, manifestación y expresión está secuestrada”, ha explicado Elena Martínez, convocante de Rodea el Congreso, en unas declaraciones a los medios de comunicación.
En Rodea el Congreso, convocada por algunos colectivos relacionados con el 15-M, participaron unas 6.000 personas. La idea era realizar una cadena humana alrededor de la Cámara baja de forma pacífica para protestar contra la clase política en plena crisis económica. Las autoridades habían cortado la Carrera de San Jerónimo para evitar que los manifestantes llegaran al Congreso.
Los disturbios comenzaron cuando algunos de ellos se saltaron el cordón policial para llegar al edificio. Tras estas concentraciones se aprobó la Ley de seguridad ciudadana —conocida comúnmente como Ley mordaza— que, entre otras cosas, incluyó multas por manifestarse en torno a instituciones parlamentarias. La jornada concluyó con más de 60 heridos, entre protestantes y policías y 28 detenidos.
