El proceso para autorizar el nuevo proyecto de explotación de la mina de Aznalcóllar (Sevilla) se ha convertido en un intercambio de alegaciones de los grupos ecologistas, contrarios a la reapertura del complejo minero, y el rechazo a sus argumentos de la Junta de Andalucía, firme defensora de una iniciativa que va en línea con la estrategia de reforzar el liderazgo de la comunidad en este sector. En este contexto se enmarca el anuncio de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente del levantamiento de la suspensión temporal de la ejecución de la Autorización Ambiental Unificada (AAU) que ese departamento concedió a la mina el pasado mes de julio y que quedó paralizada el pasado 16 de septiembre al no haber respondido al recurso de alzada que presentó Ecologistas en Acción.
La Consejería de Medio Ambiente ha informado este viernes de la recuperación de la plena vigencia de la AAU, después de haber desestimado las pretensiones de la ONG ecologista. “Con esta resolución se levanta la suspensión de la ejecución de la AAU”, indica el comunicado emitido por ese departamento. La Junta de Andalucía tuvo que reconocer a mediados de septiembre que la AAU quedaba suspendida por imperativo legal al no haber respondido en el plazo de un mes al recurso de alzada contra ese dictamen que Ecologistas en Acción interpuso el pasado 12 de agosto. La AAU es el paso previo e indispensable para dar vía libre a la reapertura de la mina de Aznalcóllar, pendiente ahora de la resolución de la autorización final, competencia de la Consejería de Industria, Energía y Minas, que se encuentra en proceso de audiencia pública.
Interlocutores de la ONG han señalado a este diario que aún no tenían constancia de la resolución de su recurso y han indicado que, aunque sus servicios jurídicos tienen que estudiar el caso, la intención de la entidad es recurrir la AAU en sede contencioso administrativa.
En su recurso contra la autorización ambiental, Ecologistas en Acción, argumentaba que la resolución era nula porque la legislación obliga a la publicación íntegra de la Declaración de Impacto Ambiental en el Boletín Oficial y solo se publucó en la web.
Se llamaba la atención sobre que las modificaciones realizadas en ese documento en las que se ampliaba la capacidad del vertido autorizado —de 2,6 a 4 toneladas anuales durante la fase operativa de la explotación de 17 años— no se había sometido a información pública. También argumentaban que se había incumplido la obligación de realizar una evaluación ambiental estratégica en todos los términos municipales afectados por los vertidos y que tampoco se había realizado una adecuada Evaluación del Impacto Ambiental del vertido tóxico a lo largo de todo el espacio protegido del bajo Guadalquivir, que afectaría al Parque Nacional de Doñana, y que tendría un impacto en los arrozales y en la acuicultura de la zona.
La Junta ha desestimado todas estas alegaciones. “La resolución del recurso de alzada confirma que la AAU para la explotación de la mina Los Frailes se ajusta plenamente a derecho y cumple con todas las disposiciones ambientales vigentes”, se indica en el comunicado. La reapertura de la explotación no puede abstraerse del vertido tóxico que provocó la rotura de la balsa de residuos de esa mina que derramó siete millones de residuos en 1998, por eso tanto la empresa concesionaria del nuevo proyecto, el consorcio Minas Los Frailes, como la Junta, insisten en desmarcar la iniciativa actual de la que extraía el mineral entonces, poniendo el énfasis en que esta es una mina al aire libre y no subterránea y en la seguridad que rodea a todos los trabajos.
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“La consejería ha evaluado con rigor los posibles riesgos ambientales asociados a la actividad minera, asegurando que se han efectuado todas las medidas preventivas necesarias para minimizar cualquier impacto adverso en el entorno”, ha enfatizado la Junta en su comunicado, recalcando la “especial relevancia” de los análisis de los vertidos al estuario del Guadalquivir donde “se ha demostrado que los valores de emisión propuestos cumplen con las normas de calidad ambiental garantizando la protección de los ecosistemas fluviales”.
Minera Los Frailes prevé la extracción de 45 millones de toneladas de cobre, zinc y plomo durante 17 años, procedentes de la corta que lleva ese mismo nombre. Antes, y durante 18 meses, se procederá a la construcción de una depuradora y de un túnel para transportar el agua, además de las galerías subterráneas de la mina, para completar el vaciado de esa corta, que es donde se ubicará la mina. En ese período también se procederá a la extracción en la vecina corta de Aznalcóllar de los residuos procedentes de las labores de limpieza realizadas tras la rotura de la balsa den 1998. El proyecto contempla que más del 80% de las aguas residuales serán reutilizadas en procesos de extracción y que el 20% restante será tratado a través de la depuradora.
El reacondicionamiento de la corta de Aznalcóllar es una de las principales preocupaciones de los grupos ecologistas que vienen reclamando que se le otorgue la calificación de instalación de residuos mineros de categoría A, por la toxicidad de los vertidos que alberga, lo que implica implementar un mayor grado de protección y de prevención, que implica un Plan de Emergencia Exterior, fijar una garantía medioambiental, y estudiar la vulnerabilidad ante el riesgo de accidentes graves. La Junta desestimó esta alegación formulada por Ecologistas en Acción durante el período de información pública del proyecto.
Minera Los Frailes, por su parte, insiste en la importancia de que cuanto antes se resuelva la concesión de la explotación para poder proceder a los trabajos de extracción de los residuos de la corta de Aznalcóllar, que llevan sin bombearse al exterior desde que la Junta de Andalucía dejó de asumir esa actividad en 2014. Desde entonces el volumen se ha ido acumulando hasta el punto de que si no se actúa, en 10 años rebosaría contaminando la superficie. La empresa también insiste en que de acuerdo con las exigencias normativas estipuladas para el estuario del Guadalquivir el caudal del vertido, además de estar dentro de los parámetros establecidos, es ínfimo en comparación con el caudal fluvial en estiaje y el caudal medio cuando recibe el agua de las mareas. Con esos datos comparan, por ejemplo, los cuatro hectómetros cúbicos al año que tienen autorizados como máximo —tras la ampliación que no fue sometida a información pública— durante los 17 años de la explotación, con los 12.722,22 del volumen fluvial y los 11.020 del mareal.
Los ecologistas, con todo, advierten de que a estas cantidades hay que sumar las de los residuos de los vertidos que ya se encuentran sedimentados en el Guadalquivir producto de otras extracciones mineras pasadas y actuales. “Eso no se ha tenido en cuenta, y si no se ha tenido en cuenta, por el principio de prudencia, no debería autorizarse ningún proyecto hasta no conocer bien las consecuencias de la acción”, indicaba a este diario Jesús Castillo, catedrático de Ecología en la Universidad de Sevilla.
