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Siete sentencias definitivas, una de 30 años por tráfico de alcohol

by Marko Florentino
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El ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Víctor -Ito – Bisonó  encabezó este viernes, junto al Ministro de las Fuerzas Armadas, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, el acto de incineración de 7,080,824 unidades de mercancías ilícitas, en el que también reveló que cerraron este año con siete sentencias definitivas, una de ellas de 30 años por tráfico de alcohol.

La incineración se llevó a cabo en el P&D Recycling, en Haina, San Cristóbal, donde fueron presentadas a los medios de comunicación las sustancias a incinerar: 254,943 unidades de distintos medicamentos; 18,880 unidades de estimulantes sexuales, 27,663 botellas de bebidas alcohólicas, de las cuales 3,976 litros fueron de clerén; así como 6,773,362 unidades de tabaco.

Según las autoridades, estos productos fueron decomisados en distintos operativos realizados en todo el país por el Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (Ceccom), entre el 25 de julio y el 2 de diciembre de este año.

Bisonó destacó que este año cerraron «con siete sentencias definitivas: cinco en cigarrillos, una en alcoholes y una en medicamentos». Entre las mayores penas logradas, citó una por tráfico de alcohol, con 30 años, y de medicamentos, de dos años y medio, esta última la semana pasada.

El funcionario explicó a los medios de comunicación que los procesos de las sentencias comenzaron en el 2022.

En ese sentido, resaltó que «el ciclo comienza a funcionar, la inteligencia, la persecución, la incautación, los procesos, el sometimiento y la sentencia definitiva».

Manifestó que esas acciones «reflejan un país confiable y en crecimiento donde la institucionalidad funciona».

«Con esta incineración, cerramos el año con 35 millones de unidades que se van a destruir de medicamentos, cigarrillos y alcohol ilícitos», indicó el ministro Bisonó.

El particular laboratorio

Bisonó también informó la destrucción de un laboratorio en Pedro Brand, con la particularidad de que, además de producir medicamentos ilegales de diferentes tipos, terminaba en una producción de narcóticos.

En ese orden destacó la colaboración de diferentes entidades, incluyendo el Ministerio de las Fuerzas Armadas, la Procuraduría General, el apoyo en tecnología de la Embajada de los Estados Unidos, Pro Consumidor y otras instituciones, como parte importante de las acciones tomadas, destacando que ya las incineraciones no se quedan en acciones administrativas, sino que llegan hasta lograr sentencias definitivas.

De su lado, el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, reafirmó el compromiso de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el tráfico de sustancias ilegales en el país.

  • «Es un compromiso con Industria y Comercio, con el estado, con la sociedad de fortalecer cada día nuestra estructura para combatir de manera directa y eficiente a todas aquellas personas que atenten contra el tráfico y la ilegalidad, el país puede estar tranquilo y la sociedad puede estar segura, que nosotros continuaremos haciendo nuestro trabajo con determinación para cada día continuar construyendo un mejor país «, manifestó el ministro de Defensa.

También estuvieron presentes, el magistrado procurador Johathan Baró Gutiérrez, coordinador de la Unidad de Propiedad Intelectual y Comercio Ilícito de la Procuraduría General de la República (UPI). Destacó que lo más importante es «la voluntad» al referirse a la decisión del Estado de perseguir de manera estratégica esos tipos de ilícitos.

«La persecución, no solo se queda ahora en la destrucción de estos productos ilícitos, falsificados y adulterados, sino también, en la consecuencia penal «, manifestó el procurador de UPI al resaltar las penas severas para esos tipos de delitos.

En el acto de incineración de 7,080,824 unidades de mercancías ilícitas, también acompañaron a Bisonó y a Fernández Onofre, el jefe del Ejército de la República Dominicana, Jorge Iván Camino Pérez y el director del Ceccom, César Miranda Mañón; así, como representantes de la Mesa de lucha contra los Ilícitos de varias instituciones.

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