El crecimiento demográfico, la acelerada urbanización y la mayor valoración de la educación generaban una fuerte demanda de espacios escolares. Pero los gobiernos dirigían el grueso de sus inversiones a proyectos que entendían más prioritarios´´, relegando la infraestructura escolar y la formación de profesores a un segundo plano.
En 1995, los planteles, a veces muy deteriorados, y los maestros, a veces pobremente formados, eran empleados en dos o tres tandas, con grupos de 40 a 50 alumnos. Debido a las continuas y arbitrarias paralizaciones y al uso tan intensivo de aulas y profesores, los estudiantes apenas recibían entre 2,5 a 3 horas de clase diarias.
El currículo de 1995 volvió más evidente el problema. Por generaciones, el horario en la escuela pública había sido de 4 horas diarias para los niveles inicial y básico y 5 para el nivel secundario. Pero estimando que ese horario era insuficiente, el nuevo currículo rompe con la tradición e instituye 5 horas para inicial y básica, y 6 para secundaria.
Dada la escasez de aulas y profesores que con el viejo horario se padecía, para la gradual implementación del nuevo currículo era necesario ejecutar ambiciosos programas de construcción de escuela y de formación y contratación de maestros. El 4 % del PIB establecido en la Ley General de Educación refleja los primeros cálculos sobre los recursos que ese nuevo currículo demanda.
Sin embargo, cada gobierno esgrimió sus propios argumentos para incumplir el mandato de la ley. Y como las paralizaciones arbitrarias siguieron su agitado curso, y los programas de construcción de aulas y de incorporación del personal docente nunca se concretaron, la escuela pública continuó impartiendo 2,5 y 3 horas de docencia efectiva para desarrollar los contenidos de un currículo oficial que ahora exigía 5 y 6 horas.
En las elecciones del 2012, el candidato Danilo Medina prometió destinar el 4 % del PIB a la educación e instaurar una jornada escolar de 8 horas. Al ganar las elecciones, asignó el 4 % y emprendió programas de construcción y reconstrucción de escuelas, y de formación y contratación de maestros.
Como por décadas, aquí se alegó que el pobre desempeño académico de los estudiantes se debía en buena medida a la falta de tiempo para desarrollar a profundidad los contenidos del currículo, el establecimiento de una jornada a 8 horas escolares debió despertar un gran entusiasmo. Pues, con profesores, estudiantes y aulas disponibles de ocho de la mañana a cuatro de la tarde habría suficiente tiempo para desarrollar los contenidos de lengua española, matemáticas, ciencias y sociales donde evaluaciones arrojan resultados calamitosos.
Sin embargo, a la hora de la implementación se olvidó el currículo oficial y los resultados de las evaluaciones estudiantiles. Se decidió que en la escuela de jornada extendida los estudiantes entrarían a las 8:00 de la mañana. Tomarían el desayuno. Recibirían las mismas 2.5 y 3.0 horas de docencia que siempre se impartió durante la mañana en la tanda de medio día. A mediodía tomarían el almuerzo. Y el resto de la tarde, que es el tiempo que añade la jornada extendida, sería dedicado a ´´otras actividades´´.
La jornada extendida es por su trascendencia y por su costo, la mayor apuesta hecha por el Estado dominicano después de la muerte de Trujillo. Sin embargo, por la manera como ha sido promovida e implementada, pocos la asocian a un currículo que demanda cinco o seis horas de docencia efectiva. La gente la asocia a aumentos salariales, contratación masiva de personal, distribución de desayunos, almuerzos, meriendas, uniformes, mochilas y bonos.
La descentralización y la jornada extendida forman parte de una extensa lista de importantes intervenciones educativas a las cuales se les ha dedicado tiempo, recursos y atención, para terminar desvirtuadas o abandonadas en el camino. Cuando se sugiera la conveniencia de maximizar y fortalecer lo existente, se alude, entre otras cosas, a la urgencia de recuperar y culminar esas iniciativas fundamentales que fueron distorsionadas o dejadas a medio talle.
