El centrista Adolfo Suárez en septiembre de 1980 y el socialista Felipe González en abril de 1990 son los dos únicos presidentes del Gobierno que han hecho uso hasta ahora de la cuestión de confianza, un mecanismo parlamentario que busca refrendar al jefe del Ejecutivo cuando considere que su mayoría de investidura está en entredicho. En ambos casos, el presidente revalidó la confianza y continuó su mandato.
Ahora, 34 años después, esta herramienta constitucional vuelve a estar sobre la mesa como una posible salida al paréntesis de cinco días que el presidente Pedro Sánchez se ha impuesto para reflexionar si sigue o no al frente del gobierno. La cuestión de confianza está regulada en el artículo 112 de la Constitución, que establece que el presidente, previa deliberación del Consejo de Ministros, puede pedir la confianza del Congreso sobre su programa o sobre una declaración de política general. Se dirige a la Cámara baja ya que es en la Carrera de San Jerónimo y no en el Senado donde se elige a los presidentes del Gobierno.
Según el Reglamento del Congreso, la cuestión de confianza tiene que presentarse mediante un escrito motivado ante la Mesa del Congreso y, una vez que se admita, se deberá convocar al Pleno para su debate. Es decir, en tres días puede resolverse el trámite. El debate sigue las mismas normas parlamentarias de una sesión de investidura y la confianza se entenderá otorgada cuando obtenga el voto de la mayoría simple de los diputados, es decir más síes que noes.
La primera vez se usó antes de regularse el debate
Suárez, líder de Unión de Centro Democrático (UCD), estrenó este mecanismo en septiembre de 1980. Entonces todavía no se había aprobado el Reglamento del Congreso, que data de 1982, por lo que el entonces presidente de la Cámara, Landelino Lavilla, tuvo que parar para aprobar primero una resolución de Presidencia que sirviera para organizar el debate.
El presidente de la UCD quiso recurrir a este mecanismo porque, tras la aprobación de la Constitución de 1978 y haber sido el más votado en las elecciones generales de marzo 1979, no contaba con mayoría absoluta y necesitaba apoyos y consensos para afrontar graves asuntos como la crisis económica, el azote del terrorismo de ETA, y el desarrollo de las previsiones legales de la Carta Magna.
Tras dos días de debate, Adolfo Suárez, que en las urnas había cosechado 168 diputados, consiguió un respaldo de 180 diputados, por encima de la mayoría absoluta, frente a los 164 votos en contra, entre ellos los socialistas de Felipe González, y dos abstenciones.
Revalidar la confianza por contenciosos electorales
Diez años después, en abril de 1990, fue Felipe González quien recurrió a la cuestión de confianza. Había ganado con amplia mayoría las elecciones generales de octubre de 1989, las primeras tras una huelga general que había paralizado el país, pero aquellos comicios fueron polémicos.
El escrutinio fue muy lento, hubo acusaciones de irregularidad y el PP presentó recursos en tres circunscripciones (Murcia, Pontevedra y Melilla) y el Tribunal Constitucional acabó anulando las elecciones en la ciudad autónoma, ordenado la repetición. El caso es que González perdió la mayoría absoluta (se quedó en 175 escaños) y ya en su debate de investidura avanzó que se sometería a una cuestión de confianza cuando acabara todo el proceso judicial.
Al final logró que el Congreso le revalidara la confianza con 176 votos a favor (los del PSOE más el canario Luis Mardones), frente a 130 en contra, entre ellos el PP de José María Aznar, y 37 abstenciones. «Siendo los votos a favor superiores a los votos en contra, se ha alcanzado la mayoría simple de los votos emitidos y, por consiguiente, se entiende otorgada la confianza de la Cámara al Presidente del Gobierno», sentenció el entonces presidente del Congreso, Félix Pons.
