El próximo miércoles, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acudirá al Congreso de los Diputados para detallar su plan de «regeneración democrática», que consiste en proponer medidas para frenar a los medios de comunicación, bajo la excusa de la lucha contra los «bulos». Sánchez se ampara en un reglamento comunitario que los Estados miembros deberán aplicar a partir de 2025 y que contempla más transparencia sobre la propiedad de los medios y el dinero que reciben de las instituciones. La UE, en realidad, busca desenmascarar la influencia rusa en algunos medios que han actuado como correa de transmisión del Kremlin, pero Sánchez prefiere centrar el tiro en los «tabloides» y «pseudo medios» que en estos meses han adelantado informaciones que han derivado en investigaciones judiciales.
Sumar llega a la cita parlamentaria del miércoles sin conocer los detalles del planteamiento de la Moncloa. Los de Yolanda Díaz no escondieron su malestar cuando Sánchez anunció su intención de actuar en el sector de la prensa. Algunos sectores de Sumar se sintieron ignorados por el presidente y creen que la medida puede ser impopular. Así que buscan la manera para ampliarla a otros asuntos para demostrar que han puesto su sello en la misma.
La principal exigencia de Sumar es incluir una derogación de la llamada ley mordaza, la Ley de Seguridad Ciudadana. Sánchez prometió derogarla cuando llegó al poder, pero esa modificación chocó con sus socios nacionalistas cuando quiso llevarla a la Cámara Baja. Y ahora resulta congelada. Sumar quiere volver a poner sobre la mesa esta iniciativa. Se trata de una prioridad para el partido de Díaz, que enmarca esa propuesta en una «democratización» global del ámbito judicial, donde también quiere incluir una modificación del sistema de acceso a la carrera judicial.
Sumar siempre consideró prioritario abordar la cuestión de la Justicia, por encima del sector de los medios de comunicación. Pero como publicó este diario después del regreso de Sánchez de los cinco días de reflexión, el partido de Díaz temía que el líder del Gobierno diera más importancia a la prensa que a la Justicia. «Lo único que quiere es una ley de prensa», afirmaban fuentes de Sumar recogidas por este periódico.
Ley de secreto profesional
La palabra clave que Sumar quiere añadir a la de «regeneración» es la de «democratización». Los de Díaz quieren «democratizar» tanto el sector de la Justicia como el de los medios, con medidas que la secretaria de Organización, Lara Hernández, detalló con la limitación de los oligopolios mediáticos, una «ley de secreto profesional de periodistas», todavía por concretar, y una ley de publicidad institucional. Y su intención es que a todas estas iniciativas se añada la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana y modificaciones en los delitos contra la Corona.
En definitiva, Sumar quiere ampliar el abanico de medidas que el Gobierno contempla para intentar frenar el protagonismo de los medios de comunicación, sobre todo digitales, en el debate público. Sánchez y los socialistas no desvelan los ejes de su propuesta legislativa. Aunque algo se filtra internamente. Por ejemplo, medidas para aumentar la responsabilidad jurídica de los periodistas y algunos mecanismos para diferenciar a una medios buenos y malos para, de paso, limitar su capacidad de financiación privada y pública.
El problema que las fuentes de Sumar ven de cara al debate parlamentario es la posición que puedan tener los socios de investidura. No está claro, por ejemplo, que todas las formaciones nacionalistas acaben respaldando a Sánchez en su cruzada contra los medios digitales. En Cataluña y en el País Vasco, por ejemplo, son muchos los medios digitales que sobreviven gracias a la financiación pública de los gobiernos regionales, y estos sectores difícilmente aceptarán medidas que amenacen con cortar el grifo a sus terminales.
Convencer a los socios
Es por ello que Sumar aconseja ampliar los márgenes de la medida a iniciativas que servirán para «democratizar» al ámbito de la Justicia. Solo así creen que el Gobierno podrá asegurarse el sí de todos sus socios, tanto nacionalistas como Podemos. Los morados, de hecho, anunciaron en mayo su iniciativa particular para «combatir los bulos y las noticias falsas». El planteamiento de Podemos prevé otorgar al Gobierno la potestad de intervenir y aumentar el control sobre los medios de comunicación. Quiere, además, que el Estado ofrezca datos de los accionistas de los medios y de los presentadores de televisión (por ejemplo, presentar una declaración de bienes e intereses).
El planteamiento de Podemos es equiparar a los periodistas con los altos cargos del Estado, en un esquema conceptual que Pablo Iglesias siempre ha defendido y que pasa por considerar a los medios de comunicación como un «actor» más en el tablero político. El hecho de que Podemos haya presentado su propia iniciativa abre a que los morados pongan sus condiciones a Sánchez si quiere tener su apoyo parlamentario. Y para sortear esas exigencias, Sumar propone a Sánchez ampliar el abanico de su propuesta para trasladar a la opinión pública la idea de que la iniciativa gubernamental no se limita a intentar resolver por la puerta de atrás los problemas judiciales de sus allegados y exministros, sino en una iniciativa reformista ambiciosa.
