El Tribunal Constitucional (TC) condenó a la Dirección de la Policía Nacional a pagar 3,610,000 pesos a Dulce María Lora Solís como sanción por el incumplimiento de una sentencia anterior que obligó a la institución a erogar otro monto de 2,631,383.04 pesos, lo que suma una deuda de 6,241,383.04.
El conflicto se origina en la negativa de la Policía de pagar a José Antonio Feliciano Castillo el monto de la pensión correspondiente al rango de general de brigada, al cual fue ascendido al momento de su retiro, en el año 2007.
Feliciano llevó su reclamo al Tribunal Superior Administrativo (TSA), que lo rechazó en 2019. Luego escaló al TC, pero falleció en el 2020 sin conseguir un fallo.
La Alta Corte finalmente emitió un dictamen favorable en el 2022, que obligó a la PN a pagarle como general y no como coronel, y a entregar el monto retroactivo dejado de percibir desde el 2007 hasta el 2019, lo cual sumó 2,631,383 pesos.
Adicionalmente, el TC impuso el pago de un astreinte de 5 mil pesos por cada día de incumplimiento de esa resolución.
Su viuda, Dulce María Lora Solís, heredó esos derechos y ha tratado en vano de conseguir el dinero.
El Tribunal Constitucional publicó la sentencia TC/0364/25 el 11 de junio de 2025, en la cual acogió su solicitud de liquidación del astreinte y conminó al cuerpo del orden a entregar 5 mil pesos multiplicado por 722 días, lo que totaliza 3,610,000 pesos.
Este es solo una de decenas de decisiones del TC desacatadas por la Policía, entidad que se destaca como la más reticente a cumplir las disposiciones de ese órgano.
Un balance hecho por el propio TC en marzo pasado señalaba 24 veredictos ignorados por esa entidad.
Estas violaciones no reciben ningún tipo de sanción, pues frecuentemente el TC castiga con el pago de astreinte que caen en el mismo paquete de sentencias incumplidas.
