En pleno plan de «desconexión» por parte de España de cualquier sistema o armamento de origen israelí, hay un terreno tecnológico en el que quienes se dedican a la obtención de inteligencia aseguran que no hay reemplazo posible. Las denominadas herramientas spyware, programas capaces de interceptar datos en dispositivos electrónicos como Pegasus o Candiru, utilizados desde hace años por la seguridad del Estado tras su compra a Israel. Fue precisamente Pegasus el programa que utilizó el Gobierno extranjero que interceptó el teléfono de Pedro Sánchez en 2021, o el que se presuntamente se coló en móviles de 63 independentistas catalanes. Existe un temor arraigado entre quienes utilizan estos sistemas a que Israel y su servicio del Mossad responda revocando la licencia de uso de este tipo de programas y deje ciega a la inteligencia española en materia de antiterrorismo.
España, según indican fuentes consultadas por THE OBJECTIVE, sigue operando a día de hoy con software de diseño y licencia israelí. La compra de este tipo de programas, por lo delicado que resulta, se hace por vías alternativas al canal administrativo habitual de cualquier adquisición. No es posible consultar el expediente de compra de Pegasus por parte del CNI, por ejemplo, pero se sabe que España lo ha adquirido por un montante inicial de seis millones de euros que luego aumentaría sobre la base de las activaciones del sistema. Es decir, cada vez que se usa, se paga a la empresa propietaria de la licencia, la israelí NSO Group. Cada pinchazo ronda los 50.000 dólares.
Fuentes de la seguridad del Estado explican que este tipo de tecnología es prácticamente «insustituible», ya que es Israel el que ha logrado el mayor avance en el desarrollo de esta clase de programas. Muy por encima, dicen, de otras alternativas de Estados Unidos –cuyas exportaciones son vigiladas con extremo celo por la CIA norteamericana–. Perder acceso a estas herramientas sería un duro golpe para la operatividad de la inteligencia española, y ese es un temor cada vez más arraigado en esos círculos.
Pese a que Pegasus es un programa de desarrollo privado, NSO Group está estrechamente vinculada al servicio de inteligencia exterior israelí, el Mossad. De hecho, su exportación debe ser aprobada previamente por el Estado de Israel a través de su Ministerio de Defensa, que ya ha frenado en su país causas judiciales contra este software alegando motivos de seguridad nacional. Pero así como la autorización de venta y uso de Pegasus dependen de Israel, también está en su mano cortar el acceso a esta u otra herramienta de diseño hebreo. Aún no lo han hecho, pero en España ya se baraja esa posibilidad como la respuesta de Tel Aviv a ese plan de «desconexión» con Israel en materia de defensa y seguridad anunciado por el Gobierno de Sánchez.
Ese proceso, explican, fuentes consultadas, se puede iniciar vía auditoría interna por parte del propietario de las licencias, NSO Group. Las condiciones que España firmó con la empresa cuando se produjo la adquisición le obligan a acudir a una reunión con directivos e ingenieros de esta firma en caso de que se detecte cualquier tipo de anomalía en el uso de la herramienta. En esa reunión, los israelíes pueden pedir explicaciones sobre cada uno de los pinchazos para determinar si estaban justificados sobradamente en bien de la seguridad nacional.
Así, según reflejan los documentos internos de NSO Group consultados por THE OBJECTIVE, pueden solicitar «el fundamento para seleccionar a cada individuo» vigilado con su programa, si «se habían obtenido autorizaciones legales u órdenes judiciales para la vigilancia». De ese análisis no hace falta que surjan pruebas contundentes; basta que las explicaciones se consideren «poco convincentes» para entender que se ha producido un «incumplimiento sustancial de las obligaciones contractuales» y cortar el acceso. Ya ha ocurrido con otros gobiernos.
Sobre la base de ese primer proceso de auditoría, la empresa israelí y el Gobierno, a través de su Ministerio de Defensa, pueden iniciar un expediente de revocación de la licencia de Pegasus o de otro software similar, ya que las cláusulas de exportación «son prácticamente gemelas». Es decir, el futuro uso de estas herramientas por parte de España para perseguir el crimen organizado o el terrorismo está en manos de Israel.
Interior usa Sitel
En el Ministerio del Interior, sin embargo, no existe ese problema. Interior planificó la compra de Pegasus durante la pasada década, pero finalmente desistió. Según explican fuentes consultadas por THE OBJECTIVE, el CNI ejerció una posición de fuerza para que fuesen ellos –y alguna agencia más como mucho– quienes tuviesen acceso a esta herramienta. Interior optó por impulsar Sitel, Sistema Integrado de Interceptación de las Telecomunicaciones.
El pasado 2024, como se contó en este diario, Interior reforzó su red de comunicaciones y datos con un contrato de 173 millones de euros. El lote más importante recayó en Telefónica. El encargo, para la implantación de servicios de comunicaciones sobre la red de datos, está valorado en 134,5 millones. Por su parte, Capgemini España se hizo con un lote valorado en 12,4 millones para poner en marcha una Oficina Técnica para proveer de soporte a la Oficina de Programa. Por último, la UTE TSOL-TRC se encargará del despliegue y mantenimiento de la tecnología para proteger los sistemas de información de la Policía. El lote, que ejecutarán una filial de Telefónica y la empresa de software TRC, está valorado en 26,3 millones.
Huawei en SITEL
Sin embargo, también este sistema ha resultado polémico en los últimos meses. Este diario ha desvelado que una parte de las escuchas telefónicas, una vez efectuadas y registradas, quedan almacenadas en los Centros de Proceso de Datos (CPD) del Cuerpo Nacional de Policía. Están ubicados en dependencias de El Escorial, en el complejo policial de Canillas (sede de la Comisaría General de Información) y en la Secretaría de Estado de Seguridad, en el Ministerio del Interior. Todos ellos están equipados con infraestructura tecnológica de la china Huawei. Allí permanecen a disposición de la autoridad judicial y bajo estrictas condiciones de custodia durante años.
Es ahí donde entran en funcionamiento las máquinas de Huawei. Estos centros de procesos de datos operan con unas cabinas de almacenamiento –una especie de granjas de discos duros con miles de gigas de capacidad–, que utilizan cifrado de datos y pueden compartir gran cantidad de información entre centros a cientos de kilómetros de distancia en apenas segundos. La plataforma de almacenamiento y respaldo que se utiliza actualmente, según ha podido confirmar documentalmente THE OBJECTIVE, es el OceanStor 6800 V5, fabricado por Huawei. Una compañía vetada en el entorno OTAN por su presunta complicidad con el espionaje estatal chino.
