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La Comisión ha apremiado a los 27 países que conforman la UE a subir el gasto anual en defensa en sus cuentas públicas un 1,5% más de su PIB. No vale, por tanto, el calendario del Gobierno de Pedro Sánchez, cuyo compromiso sobre este gasto se sitúa en el horizonte de 2029. Así son al menos las instrucciones de las instituciones bruselenses, que el pasado 19 de marzo enviaban un comunicado a sus socios a propósito de la Integración del aumento de los gastos de defensa en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento.
Ese comunicado, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, señala que la flexibilidad en virtud de la cláusula nacional de salvaguardia debe limitarse al 1,5% del PIB en comparación con la senda de gasto neto fijada por el Consejo, y al mismo tiempo debe contemplar un aumento del gastos de defensa.
Ese incremento de los gastos de defensa, que debe estar cubierto por la flexibilidad en virtud de la cláusula de salvaguardia nacional, se calcularía en relación con el año de referencia hasta un máximo del 1,5% del PIB por cada año de activación de la cláusula. De igual modo, «los aumentos por encima de ese porcentaje estarán sujetos a las evaluaciones normales de cumplimiento, siendo este máximo necesario para garantizar que no se ponga en peligro la sostenibilidad presupuestaria, al tiempo que se permite a todos los Estados miembros beneficiarse de la flexibilidad a medida que lo hagan».
Unas directrices que se alejan, al menos de momento, de los planes del Ejecutivo español, cuyo presidente no ha llegado a verbalizar qué va a hacer respecto al gasto en defensa que los países de la UE tienen que acometer en un contexto de agresiones continuas por parte de Rusia contra Ucrania y sin el paraguas protector que hasta ahora brindaba Estados Unidos. En esta situación, este diario ha consultado la opinión de varios economistas. Coinciden en que España no podrá evadirse de este gasto, tapándose con un Presupuesto en la sombra o algunas operaciones de ajuste y maquillaje para sortear la falta de apoyos que Pedro Sánchez tiene en el Parlamento.
España, a la cola de gasto en la OTAN
Recientemente, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, proponía movilizar hasta 800.000 millones de euros en inversiones en defensa en los próximos años, flexibilizando normas fiscales e involucrando fondos europeos para facilitar este gasto.
Este anuncio -recuerda el Colegio General de Economistas- ha reavivado el debate sobre los compromisos adquiridos en la Cumbre de Madrid de 2022, en la que los aliados de la OTAN acordaron superar el 2% del PIB en gasto militar para 2029, como parte de la respuesta a las crecientes amenazas globales. A medida que la situación geopolítica se vuelve más inestable, algunos líderes han planteado objetivos aún más ambiciosos. Y ahí está el ejemplo del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, que sugirió elevar el objetivo al 3% del PIB, mientras que el presidente estadounidense Donald Trump ha llegado a proponer un umbral del 5%.
A pesar de estos compromisos y presiones internacionales, ocho de los 32 países que conforman la OTAN siguen sin alcanzar todavía el 2% del PIB en gasto militar. Y, entre esos países está España, con una inversión del 1,28% en 2024, lo que le convierte en estos momentos en el miembro más rezagado de la UE.
La velocidad del misil
El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, está convencido de que España cumplirá con el objetivo del alcanzar un gasto del 2% del PIB en defensa, «lo antes posible». Indicó que «un misil ruso tarda solo diez minutos más en llegar a Madrid que a Varsovia». El director del Servicio de Estudios del Consejo General de Economistas, Salvador Marín, subraya que, la responsabilidad que el Gobierno de España tiene en este preciso instante de la Historia «no puede resolverse únicamente mediante reajustes internos del presupuesto ni apelando a instrumentos legislativos diseñados para situaciones excepcionales».
En su opinión, «una política de Estado de esta magnitud sin duda debe ser abordada con el máximo rigor institucional, mediante un plan muy detallado que identifique claramente las partidas presupuestarias de origen, establezca criterios de eficiencia y sostenibilidad y por supuesto cuente con un respaldo parlamentario amplio». Por el momento -se queja-, «solo se nos han anunciado grandes titulares».
Lorenzo Bernaldo de Quirós mantiene que «aumentar el gasto en defensa sin someterlo al Parlamento es una burla a la democracia. El control de aprobación del gasto en defensa, junto a los impuestos es uno de los fundamentos del sistema parlamentario». El problema «no es coyuntural, sino estructural, porque el compromiso es mantener un gasto en defensa más alto de manera permanente«. Luego -según el presidente y socio de la consultora Freemarket Corporative Intelligence– «esta eventualidad conduce de manera inevitable bien a recortar otros programas de gasto bien a subir impuestos antes o después».
«Reducir gastos innecesarios»
Daniel Lacalle es práctico y contundente. Para el economista jefe de Tressis, el Gobierno no debería tener problemas ni tocar la Constitución, como ha hecho Alemania para aumentar el gasto y sobrepasar sus datos de deuda pública, que en su caso están por debajo del 75% de su propio PIB. Lacalle propone a Sánchez «eliminar el presupuesto innecesario del Ministerio de Transición Ecológica (6.000 millones), el de Agenda 2030 (4.500 millones), el de Asuntos Económicos (3.000 millones) y reducir las subvenciones innecesarias (6.000). El número de ministerios a siete -asegura- generaría más que suficiente».
Para José María Rotellar, economista y director del Observatorio Económico de la Universidad Francisco de Vitoria, el Gobierno no puede andarse con paños calientes. Sostiene este profesor universitario que España «debe incrementar el gasto en defensa, porque es algo esencial. Sin embargo, no debe suponer un incremento del gasto presupuestario total, sino que debe ir acompañado de una reducción en todos los gastos superfluos e innecesarios que hay en el presupuesto, como muchas subvenciones».
Defiende Rotellar, por tanto, que el Ejecutivo de Pedro Sanchez «debe aumentar dicho esfuerzo presupuestario en defensa, sin esperar a recibir fondos de la Unión Europea, sino con fondos propios, que garanticen nuestra seguridad». «No se trata de disminuir otros gastos esenciales, como la sanidad, la educación, las pensiones o los servicios sociales (muchos, competencia de las comunidades autónomas, sino de reducir y eliminar lo innecesario para concentrar ello en lo esencial, como son los gastos anteriores citados y el gasto en defensa».
«Un presupuesto en la sombra»
El economista Javier Santacruz sospecha que «para poder financiar el gasto en defensa, el Gobierno podría estar dispuesto a hacer un presupuesto en la sombra». Es decir, «un presupuesto paralelo que se escapa del control básico de la IGAE y de las Cortes. Para lo que necesita, por un lado, tirar de deuda que le puede venir vía Next Generation (el tramo de créditos del que ya ha pedido algo a la Comisión) y, por otro lado, aprobar créditos extraordinarios entre partidas de las que sacarán el dinero fundamentalmente de ministerios como Educación, Ciencia, Agricultura, Industria», como ya vienen produciéndose, según los últimos datos de la Intervención General de la Administración del Estado, de noviembre de 2024.
El economista Santiago Sánchez López, especialista en fondos europeos, da otras claves. Parte de que el plan de defensa que ha anunciado el Gobierno «nace con una falta de planificación y de claridad presupuestaria muy preocupantes». Y ello se debe a la «incapacidad para aprobar los Presupuestos Generales del Estado para 2025, lo que deja al descubierto tanto la profunda fragilidad política de Sánchez como la falta de acuerdo con sus socios de coalición (Sumar) y la oposición de algunos de sus aliados parlamentarios, reacios a aumentar el gasto militar. Esta misma semana, Luca Constantini publicaba un artículo que afirma que el entorno de Díaz admite ya que el rearme implicará recortes en el «estado del bienestar».
El malestar con Sánchez
Según este economista, la posición de Sánchez está debilitando la confianza tanto interna como externa (Unión Europea) en la capacidad del Ejecutivo para gestionar un tema tan sensible y estratégico como el incremento del gasto en armamento. Una tesis que fuentes comunitarias refuerzan, revelando a este diario «el malestar entre los socios europeos, cuando escuchan a Sánchez decir que España es la economía que más crece, que va como un cohete, pero luego pide dinero a Europa para sufragar su gasto en defensa».
Este desajuste económico -apunta el también profesor del Máster en Cooperativas de la Universidad Católica de Ávila (UCAV)- es lo que «obliga al Gobierno a recurrir a ajustes contables y créditos extraordinarios, soluciones que son temporales, pero que no garantizan la necesaria estabilidad ni permiten una planificación estratégica a largo plazo» Porque «no olvidemos -añade este economista- que el impacto en el déficit y la deuda es inevitable. Y este aumento del gasto en defensa implica incrementos considerables en términos absolutos, debido al crecimiento económico previsto del PIB, lo que hará más difícil alcanzar ese porcentaje. Sin recortar otras partidas, tal como Sánchez se ha comprometido públicamente, el Gobierno inevitablemente está forzado a recurrir al endeudamiento, lo que implica menos recursos para políticas sociales, para sanidad o educación».
