«Lo importante no son las leyes, sino los resultados». A pesar de estar convencidos de que Sánchez, desde hace mucho tiempo, casi desde el inicio, se mueve bajo esta consigna, oírselo decir descaradamente y casi riéndose no puede por menos que suscitar cierto escalofrío. Es el enunciado más perfecto de un régimen autocrático, incluso de una dictadura. Casi todos ascienden al poder basándose en las leyes, pero en cuanto se asientan en él, las leyes les molestan y, por supuesto, los jueces, que son los encargados de aplicarlas.
Sánchez hace tiempo que asumió el principio de los golpistas de que hay que desjudicializar la política. Expulsar a las leyes de su ámbito, y lógicamente a los jueces. De ahí el lawfare y el calificarles de prevaricadores. El sanchismo lleva muchos meses acusándoles de guerra sucia. Y como resulta muy duro que un presidente de Gobierno arremeta directamente contra la judicatura, Sánchez últimamente ha hecho de tartufo y ha dividido (lo suyo es dividir) a los jueces en buenos y malos. Respeta a los primeros y arremete contra los segundos. ¡Qué casualidad, a Sánchez, que está cercado de procesos en los que han intervenido muchos jueces, le han tocado todos los malos!
Son muchos los casos judiciales que rodean al presidente del Gobierno. El que más le preocupa es el de su mujer y son ya numerosos los jueces que están actuando en él. Primero, el instructor que le ha tocado por reparto, Peinado, al que los sanchistas han querido linchar. Han interpuesto tres querellas por prevaricación, y las tres han sido desestimadas. En ellas han tenido que participar bastantes magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. También interpusieron dos recursos ante la Audiencia Provincial, que fueron rechazados del mismo modo y en los que también intervinieron varios magistrados.
En el caso Koldo, Aldama o como se llame, han actuado hasta ahora dos jueces de instrucción y el Tribunal Supremo, que ha pedido ya el suplicatorio de Ábalos. Este mismo tribunal, aunque mediante otro magistrado, se encarga desde el principio del proceso del fiscal general del Estado. Y una jueza de Badajoz instruye el caso del hermano de Sánchez. Son demasiados jueces y de muy diverso pelaje para acusarles a todos de lawfare.
En todas las profesiones hay alguna oveja negra. Algún juez puede prevaricar. Incluso más de uno ha sido condenado y expulsado de la carrera por este motivo, prueba de que los mecanismos de control son múltiples y funcionan. Lo que resulta difícil de creer es que exista una ofensiva generalizada contra el presidente del Gobierno. Este tipo de operaciones orientadas a deslegitimar a la judicatura no tienen nada de nuevo ni de original, se suelen producir en todos los regímenes autocráticos y populistas. Además, en este caso, la descalificación tendría por fuerza que ir mucho más allá. En el procedimiento contra el fiscal general del Estado, el primer demandante es el Colegio de Abogados de Madrid, y últimamente se ha personado en la causa una de las principales asociaciones de fiscales.
«No es demasiado creíble que una operación contra Ayuso de ese calado tuviese exclusivamente como origen a García Ortiz»
Pedro Sánchez otorga poca relevancia a las leyes y al Estado de derecho; por eso, a pesar de todo, antes y después del informe de la UCO, al que por lo visto no concede valor alguno, defiende sin ninguna cortapisa al fiscal general del Estado. Incluso, como en el teléfono de García Ortiz no aparece ninguna prueba incriminatoria, puesto que los correos se han borrado, piensa que ya no hay caso y que todo el mundo está obligado a desagraviarle y pedirle perdón.
Olvida interesadamente que pueden existir otros muchos indicios, por ejemplo, los correos en otros teléfonos, incluyendo el de Lobato. En todo mensaje hay un emisor y un receptor. La información existe y puede constituirse en prueba, con tal de que se encuentre en alguno de los dos terminales. Esto puede darse con muchos de los mensajes desaparecidos en el aparato del fiscal general, en concreto con toda la correspondencia que mantuvo con sus subordinados. Si eso fuera todo, hubiese sido inútil el esfuerzo de haber cambiado de teléfono, pero no es arriesgado pensar que en el retirado había otros correos, de los que se desconoce también el de la otra parte, y que eran precisamente estos los que constituían el fin del cambio. Me refiero a aquellos que provenían o tenían como destinataria, fuese cual fuese la instancia, la Moncloa.
Independientemente de lo que pueda o no demostrarse en el futuro, no es demasiado creíble que una operación contra Ayuso de ese calado, utilizando como instrumento a su pareja, tuviese exclusivamente como origen a García Ortiz. Por el análisis del teléfono de Lobato se conoce que el famoso correo entre el abogado de Giménez Amador y el fiscal del caso lo tenían varias personas en Moncloa antes de que se filtrase a la prensa, correo que solo podía tener un origen, la Fiscalía. Pero ¿directamente de la Fiscalía General a políticos de segunda fila de la Moncloa? Permítanme que lo dude. Debe de existir algún o algunos intermediarios. Y que son a los que seguramente se pretendía proteger con el cambio de teléfono. ¿Cómo no va a defender Sánchez a García Ortiz?, si quizás se esté defendiendo a sí mismo. Da la impresión de que García Ortiz es tan solo un mandado.
No poder aprobar leyes no le importa demasiado a Sánchez. Piensa que tiene a su disposición los decretos leyes, que son los que principalmente ha venido utilizando. Es verdad que han de convalidarse después por el Parlamento, pero para ello hace tiempo que utiliza un truco viejo, meter en el mismo decreto un montón de asuntos de índole muy diversa de manera que, por uno o por otro de ellos, a todos los partidos les resulte casi imposible votar en contra. La irrelevancia del Parlamento llega a tal grado que su voluntad casi no pinta nada y así, a los pocos días de que los diputados votasen por mayoría en el Congreso la suspensión del impuesto de electricidad, el Gobierno aprueba un decreto ley en sentido contrario situándolo de nuevo en vigor. El Poder Ejecutivo legislando no solo al margen, sino en contra del Congreso, enmendándole.
«Sánchez no ha tenido nunca como impedimento gobernar con unos presupuestos prorrogados»
El que apenas se aprueben leyes, y tampoco presupuestos, no tiene por qué ser en principio negativo para el Gobierno. En ocasiones puede ser hasta bueno. Ya que tenerlos resulta un corsé demasiado estrecho para el líder, para el caudillo. La prensa dramatiza excesivamente acerca de los presupuestos. Parece condicionar a su aprobación la extensión de la legislatura. Los presupuestos son en todo caso un melior ese. Si se cuenta con ellos, mejor que mejor, pero Sánchez no ha tenido nunca como impedimento gobernar con unos presupuestos prorrogados.
Ya lo demostró en 2018, 2019 y 2020, ejercicios en los que gobernó con el mismo presupuesto, que además no era suyo, sino de Montoro, y al que tanto había criticado en la oposición. No tiene entonces nada de extraño que con los presupuestos de 2023 pretenda gobernar también los años 2024 y 2025. Bueno y, si se presta, algún año más.
Las leyes no importan. Están para eso, para retorcerlas, corregirlas, incluso para no cumplirlas. Únicamente valen los resultados. Pero, ¿de qué resultados hablamos? Unos son los que Sánchez pretende presentar públicamente con fines propagandísticos y electorales en los que describe una situación idílica en lo económico, en lo social, en la gestión y en lo político. Pero los verdaderos resultados a los que se refiere Sánchez en su interior son otros, los que ansía, los que persigue, por los que se esfuerza, por los que trabaja, son todas aquellas piezas precisas para alcanzar el poder y mantenerse en él.
Hay veces que para obtener estos resultados no hay más remedio que aprobar leyes, aun cuando sean anticonstitucionales. Para ello está Cándido Conde-Pumpido. Ante los múltiples casos procesales que rodean a Sánchez y de los que no sabe cómo evadirse, ha decidido cortar el nudo gordiano y que el PSOE presentase una proposición de ley. Proposición de Ley, que de aprobarse, entre otras lindezas deja sin contenido la acusación popular fijada en la Constitución y coloca una mordaza a los jueces y fiscales ya que cualquier manifestación suya sobre un determinado tema implicaría la recusación en ese asunto.
«El Estado de derecho es un incordio. Lo único importante es la autocracia y los medios que pueden garantizarla»
La norma que ahora se pretende aprobar no se instrumenta como proyecto de ley, sino como proposición de ley de un grupo parlamentario, el del PSOE, con la finalidad de eludir los informes preceptivos del Consejo de Estado y del Consejo del Poder Judicial. Se aplicará a los procesos en marcha con lo que constituye una nueva amnistía encubierta, una ley ad hoc como la de los golpistas; solo que en este caso afecta a los casos más próximos a Sánchez, y quizás al propio Sánchez, del que la acción de la justicia cada vez está más cerca .
El Estado de derecho es un incordio. Lo único importante es la autocracia y los medios que pueden garantizarla. En esta óptica política todo está permitido, no hay normas ni límites. Me viene a la memoria una obra de teatro, el Calígula de Camus. No es desde luego porque compare a Sánchez con ese emperador, ni siquiera con el personaje del autor francés. Sería algo desproporcionado y sin sentido.
Si lo cito es por aquel diálogo de Quereas con los patricios y en el que manifiesta que lo que le daba miedo de Calígula no es que fuese un tirano, un déspota y que estuviese dispuesto a matar, a humillar, a torturar, y que nadie se hallase seguro a su alrededor. Lo que le horrorizaba, lo que le resultaba insoportable es que hiciese desvanecerse el sentido de la vida, que aniquilara la razón de existir. Todo es absurdo. No hay límites ni barreras. Tal como afirma Dostoievski, si Dios no existe, todo está permitido.
Este razonamiento de Quereas se mueve en el plano ontológico, pero algo parecido, en orden muy inferior, se puede aplicar al espacio político de la España actual. El verdadero peligro del sanchismo no se encuentra en los múltiples acontecimientos vergonzosos que ha protagonizado todos estos años, ni en los indultos, ni en la amnistía, ni en la eliminación de delito de sedición. No se halla en las infinitas cesiones que ha hecho a los independentistas con la finalidad de comprar el gobierno, ni en haber blanqueado a golpistas y a filoterroristas, ni siquiera que proyecte condonar la deuda a Cataluña o conceder a esta comunidad una financiación privilegiada que rompería y desequilibraría el sistema fiscal y el proceso redistributivo de todo el Estado.
«El daño mayor es haber creado un espacio de ingravidez donde todo es susceptible de suceder y la seguridad jurídica desaparece»
Con ser todo esto muy grave y otros muchos sucesos que no hemos citado, la auténtica amenaza se encuentra en otro sitio, en la demostración de que con nuestro sistema político todo es posible, en que no hay nada seguro a lo que aferrarse, no hay límites ni barreras. El daño mayor es haber creado un espacio de ingravidez donde todo es susceptible de suceder y la seguridad jurídica desaparece. Las palabras carecen de contenido. Cada una de ellas tiene múltiples sentidos según las conveniencias. Lo que hoy es verdad mañana puede ser mentira y viceversa.
La triste herencia del sanchismo consistirá en habernos mostrado hasta qué punto nuestro sistema constitucional y político es extremadamente endeble, presenta enormes boquetes por los que puede desaparecer el Estado de derecho y todas las garantías democráticas; formidables vacíos mediante los cuales todo puede volverse del revés. Lo insoportable es que Sánchez ha hecho evaporarse en la realidad política española la diferencia entre la evidencia y el error, entre lo honesto y lo obsceno, entre lo noble y lo indigno.
