La barra de la defensa de los hermanos Antonio y Maribel Espaillat procura completar este viernes los trámites administrativos para la puesta en libertad de sus clientes, detenidos en la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, informó hoy el abogado Jorge Luis Polanco.
A ambos propietarios de la colapsada discoteca Jet Set les fue impuesta la madrugada de hoy el pago de una fianza de 50 millones, impedimento de salida del país y presentación periódica mientras avanza la causa judicial que enfrentan.
«En el día de hoy, (por ser un día feriado) la oficina de la Procuraduría Fiscal está cerrada para los trámites administrativos, por lo cual entiendo que ese trámite se agotará en el día de mañana«, explicó Polanco.
A los hermanos se les imputa cometer homicidio involuntario, y golpes y heridas involuntarias, en perjuicio de las 235 personas muertas y las más de 180 heridas por el desplome del techo de la discoteca Jet Set Club, el pasado 8 de abril.
La defensa de los Espaillat consideró que la decisión de la jueza Fátima Veloz sobre la coerción se ajustó a los presupuestos presentados durante la audiencia que duró más de 12 horas, lo que derivó en la imposición de una coerción que no incluye prisión preventiva ni domiciliaria, como había solicitado el Ministerio Público.
Polanco señaló que, en este tipo de audiencias, se evalúan las posturas del Ministerio Público y de la defensa, y que el objetivo principal era determinar si existía peligro de fuga o si se podía obstruir la investigación.
«Sobre esas dos bases, la decisión fue que realmente no era necesario estar en un estado de prisión preventiva mientras se estaba agotando la fase de investigación», añadió.
Ante el anuncio de que el Ministerio Público apelará, Polanco expresó que es un derecho que las leyes establecen.
«Ese es un derecho que la propia resolución ha establecido y que las leyes le confieren a esa institución para, si lo considera de lugar, proceder a hacer», indicó.
Los acuerdos
Polanco confirmó que la familia Espaillat ha llegado a acuerdos con aproximadamente 40 familias de las víctimas. «Son acuerdos completos donde no solamente se busca un resarcimiento en términos económicos, sino también restablecer la paz y la conciliación entre las partes», dijo.
En cuanto al testigo clave del Ministerio Público, identificado como Gregory, quien trabajaba en la discoteca, Polanco señaló que el acuerdo con él fue de carácter laboral.
«Tengo entendido que en los aspectos laborales hubo uno que exclusivamente se había suscrito a un acuerdo conciliado», manifestó.
