Tres magistrados del ala conservadora del Tribunal Constitucional (TC) han solicitado al Pleno de la corte de garantías presidido por Cándido Conde-Pumpido que presente una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la ley de amnistía o que paralice la tramitación del recurso de inconstitucionalidad que presentaron los diputados del PP contra dicha norma hasta que la corte europea conteste las consultas de otros tribunales españoles sobre dicha ley.
Según ha publicado El Mundo y han confirmado a Europa Press fuentes jurídicas, la petición ha sido presentada este mismo lunes por los magistrados César Tolosa, Concepción Espejel y Enrique Arnaldo.
El presentado por el PP es el recurso que marcará el camino a los demás recursos de inconstitucionalidad contra la amnistía -un total de 15-, mientras que la cuestión de inconstitucionalidad formulada por el Tribunal Supremo (TS) será el asunto cabecera para este otro tipo de impugnaciones, que suman cinco en total, ya que hay otras tres lanzadas por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSCJ) y una de la Audiencia Provincial de Madrid.
Las fuentes consultadas señalan que los tres firmantes reclaman, en primer lugar, que el propio Constitucional plantee una cuestión prejudicial ante el TJUE. No obstante, en caso de que el Pleno les deniegue su petición, solicitan que el Constitucional al menos espere a que el TJUE conteste a las cuestiones sobre la amnistía planteadas por otros tribunales para dictar su sentencia sobre el recurso del PP.
Tolosa, Arnaldo y Espejel han adoptado esta decisión al considerar que la ley de amnistía vulnera el Derecho de la Unión Europea y que, por ende, debería pronunciarse el máximo intérprete de dicho Derecho: el TJUE. Cabe recordar que el pasado abril el presidente del Constitucional aseguró en un desayuno informativo que tenía previsto que el tribunal fallara sobre la amnistía antes de verano.
Las fuentes consultadas explican que, de aceptarse lo que plantean los tres firmantes -ya sea porque se presente la cuestión prejudicial en el caso del recurso del PP o porque se decida esperar a que el TJUE se pronuncie sobre las consultas de otros tribunales-, ello supondría formalmente la paralización del debate y de la sentencia sobre dicho recurso, aunque en la práctica se traduciría en dejar en reposo todos los asuntos que afectan a dicha norma.
La petición de estos tres magistrados tiene lugar en vísperas de un nuevo Pleno en el que no estaba previsto abordar ninguna cuestión relativa a la amnistía. Sin embargo, las fuentes consultadas recuerdan que en el tribunal ya están trabajando en los preparativos para la primera sentencia, relativa al recurso del PP, cuya ponencia recayó en la vicepresidenta del TC, la magistrada del ala progresista Inmaculada Montalbán.
Asuntos pendientes sobre la amnistía
Cabe recordar que el pasado abril el presidente del Constitucional aseguró en un desayuno informativo que tenía previsto que el tribunal fallara sobre la amnistía antes de verano. En aquella ocasión, recordó que el TC tiene una treintena de asuntos sin resolver relativos a dicha norma.
Según las fuentes consultadas, la sentencia sobre el recurso de los populares es la que tiene previsto marcar el camino a las respuestas a los demás recursos de inconstitucionalidad presentado contra la amnistía -un total de 15-. Aunque en un principio el camino lo iba a fijar la cuestión de inconstitucionalidad que presentó el Tribunal Supremo, finalmente en el TC se acordó que el primer asunto a debatirse fuese el recurso del PP, porque impugna la totalidad de la ley y su fallo se podría extender a las otras impugnaciones presentadas. En total, son cinco las cuestiones de inconstitucionalidad planteadas ante el Constitucional: la del Supremo, tres del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSCJ) y una de la Audiencia Provincial de Madrid.
Asimismo, queda pendiente el TC resuelva sobre los recursos de amparo que presentaron los líderes independentistas condenados por el procés que acudieron a la corte de garantías después de que el Supremo rechazara aplicarles la ley de amnistía al delito de malversación por el que fueron condenados en 2019.
