El PSOE y Sumar, con mayoría en la Mesa del Congreso de los Diputados, han decidido «congelar» los proyectos relacionados con la cultura, entre los que se encuentran tres leyes: del Cine y de la Cultura Audiovisual, de creación de la Oficina Española de Derechos de Autor y Conexos, y de Protección del Patrimonio Histórico frente al vandalismo; además de la tramitación de Proposiciones no de Ley (PNL), preguntas orales y comparecencias. En total, 80 iniciativas que han obligado al Grupo Popular a registrar un escrito de queja a la Mesa de la Comisión de Cultura, firmado por la secretaria general del grupo, Macarena Montesinos, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, en el que se exige la convocatoria de la Comisión de Cultura.
La parálisis a la que el Gobierno de Pedro Sánchez somete a las Cortes, tanto al Congreso como al Senado, no solo afecta a las comisiones y los proyectos de mayor calado político, sino que también ha terminado por repercutir en las de menos trascendencia, como es el caso de la de Cultura. Una de las razones de esta situación es la debilidad parlamentaria del PSOE, que no cuenta en muchas ocasiones con el apoyo de los grupos que le apoyaron en la investidura. Cada semana pierde votaciones en los plenos y tiene que rectificar los proyectos de ley que aprueba el Consejo de Ministros.
La Comisión de Cultura, que preside el diputado de Sumar y secretario primero del Congreso, Gerardo Pisarello, se constituyó el 4 de diciembre de 2023. En los casi 14 meses transcurridos desde entonces, apenas se ha reunido en cinco ocasiones. Esta escasa actividad se traduce en que tiene pendientes de tramitación 66 PNL, ocho preguntas orales y 6 comparecencias.
Además de las iniciativas de control parlamentario al Gobierno y proposiciones no de ley, están pendientes de tramitación en la Comisión tres iniciativas legislativas importantes: Proyecto de Ley del Cine y de la Cultura Audiovisual, Proyecto de Ley de creación de la Oficina Española de Derechos de Autor y Conexos, y Proposición de Ley procedente del Senado de Protección del Patrimonio Histórico frente al vandalismo.
Los populares, en su escrito a la Mesa de la Comisión de Cultura, insisten en que estas tres iniciativas están «congeladas» por la mayoría de la Mesa de la Cámara a la que pertenece el presidente de esta Comisión, Gerardo Pisarello Prados, «que forma parte del Grupo Plurinacional Sumar al que también pertenece el ministro competente en Cultura. De tal suerte, es evidente el propósito de paralizar y obstaculizar el desarrollo normal de los trabajos de la Comisión con la evidente complicidad entre quienes deberían impulsarlos, guiados, obviamente, por intereses políticos».
El Grupo Parlamentario Popular recuerda que «ya se ha dirigido con anterioridad a esta Mesa solicitando el cese de su inactividad, y nos tememos que en este nuevo periodo de sesiones la situación va a permanecer igual. La Mesa del Congreso acordó el pasado 4 de febrero el calendario de sesiones de la Comisión de Cultura para el periodo comprendido entre los meses de febrero a junio de 2025 (IV periodo de sesiones) y según el mismo, el día 24 de febrero estaba prevista una sesión de la Comisión, que no se celebrará al no haberse convocado Mesa de la Comisión para elaborar el orden del día que correspondería a esa sesión».
A la vista de esta situación, los populares solicitan que, «de acuerdo con el presente escrito y a iniciativa de los catorce diputados miembros del Grupo Parlamentario Popular en la Comisión de Cultura, que representan más de la quinta parte de los miembros de la misma, atendiendo a lo previsto en el artículo 42.1 del Reglamento, se proceda por el presidente de la comisión a la convocatoria de la misma, al cumplirse todos los requisitos formales y materiales para ejercer este derecho y de aplicación inmediata por parte de la Presidencia».
El Reglamento sin tramitar
Esta estrategia de no convocar comisiones para no tramitar asuntos complicados para el Gobierno también la ha puesto en marcha la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, que ha paralizado la convocatoria de la Comisión de Reglamento de la Cámara para no tener que debatir el alud de enmiendas presentado por el Grupo Popular a la reforma propuesta por el PSOE. Los populares, aprovechando este trámite para adecuar el lenguaje inclusivo, registraron varias enmiendas incluyendo cambios más profundos, como poner fin a las enmiendas intrusas, evitar el bloqueo de leyes de la oposición o la celebración con carácter anual del debate del estado de la nación, según desveló THE OBJECTIVE . Los socialistas «dudan de que algunas pueden ganarse, y lo que vino para tramitarse de urgencia ha quedado paralizado», señalan fuentes populares.
