El abogado de uno de los seis encarcelados por el caso Barbate, en el que se investiga el asesinato dos guardias civiles al ser embestidos por una narcolancha el 9 de febrero en el puerto de esta localidad gaditana, ha recusado a la jueza que instruye el caso, María Eulalia Chanfreut Rodríguez, por lucir una pulsera de la Guardia Civil durante la toma de declaración como testigos de agentes del Instituto armado, según ha adelantado El Diario de Cádiz y ha confirmado EL PAÍS. El letrado anunció verbalmente el lunes, durante la práctica de la diligencia, que iba a pedir que la jueza fuera apartada al considerar que este hecho supone “una clara quiebra de imparcialidad”, ya que la Guardia Civil forma parte del procedimiento tanto en la investigación ―son agentes del Instituto armado los que realizan las pesquisas―, como en la acusación ―varias asociaciones profesionales de guardias civiles se han personado en la causa―, y porque las propias víctimas eran agentes de este cuerpo policial. El abogado pidió en ese momento que la letrada de administración de justicia levantara acta del hecho.
El letrado Rafael Jiménez de Vicuña, que representa a David G. N., destaca en su escrito que el hecho de que la magistrada usara este accesorio “con la bandera de España, el escudo de la Guardia Civil y las siglas de tres cuerpos de la Guardia Civil, estos son: UAR – GAR – CAE [correspondientes a Unidad de Acción Rural, Grupo de Acción Rápida y Centro de Adiestramientos Especiales]” supone una “complicidad inaceptable”. “No es necesario indicar, puesto que dada la proyección mediática de esta causa ha sido notable, que uno de los fallecidos pertenecía a los GAR, y que tanto la policía judicial, como acusaciones particulares, y la mayoría de los testigos son guardias civiles”, recoge el letrado. Los agentes fallecidos fueron David Pérez, de 43 años, destinado en esta unidad, y Miguel Ángel González, del Grupo de Especialistas en Actividades Subacuáticas (GEAS).
El abogado explica en su escrito que la jueza, que vestía una camisa de manga al codo, lucía la pulsera mientras le tomaba declaración a un agente que llevaba “la misma pulsera”. “Que el guardia civil luzca la pulsera y los símbolos del cuerpo al que pertenece no es en absoluto reprochable, todo lo contrario, es signo de orgullo y camaradería, pero que la instructora lo haga en pleno acto de sus funciones y con las circunstancias expuestas, evidencia al exhibir tales símbolos, una cercanía o simpatía complemente fuera de lugar que impide la percepción de neutralidad e imparcialidad”, añade. “Portar el símbolo de la guardia civil y del grupo GAR por la Instructora, garante de los derechos de los investigados y de la tutela judicial efectiva, […] evidencia un interés directo o indirecto, fruto de si no una amistad, una complicidad y cercanía análoga incompatible y contraria a la neutralidad e imparcialidad exigida”, recalca.
En su escrito, el abogado hace hincapié en que la diligencia en el que la magistrada lucía la pulsera era la toma declaración de un agente al que se le estaba preguntando por supuestas agresiones sufridas por los detenidos durante su arresto, unos hechos que varias defensas han reclamado que se investiguen y que no han sido atendidas por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Barbate, a cargo del caso. El letrado incide en que alguno de los agentes que participaron en la detención de su cliente son, precisamente, miembros de los GAR y que, además, la jueza tiene conocimiento de que habían sufrido lesiones “producto de agresiones físicas” porque los propios investigados lo denunciaron durante su primera declaración judicial, el 12 de febrero.
Una vez presentada esta petición, el resto de las defensas tienen un plazo para sumarse, y la magistrada, que está destinada en labores de refuerzo del juzgado y que instruyó la causa desde el comienzo, tendrá que decidir si se aparta o si rechaza la petición. En el caso de que la rechace, será la Audiencia Provincial de Cádiz quien debe decidir sobre la reclamación de la defensa, según explican fuentes jurídicas.
Este caso dio un giro después que un informe de la Guardia Civil incorporado al sumario el 7 de mayo eximiera a los seis primeros detenidos y encarcelados por considerar que ellos no fueron quienes iban a bordo de la narcolancha que embistió la patrullera en la que viajaban los agentes asesinados y cuatro compañeros que resultaron heridos. Los primeros arrestados llevan desde febrero en prisión provisional y el juzgado ha rechazado, hasta ahora, la puesta en libertad de tres de ellos, a pesar de que ya no están acusados de la muerte de los agentes. El argumento de la magistrada, respaldado por la Fiscalía, es que aún se les investiga por otros delitos graves, el de contrabando cometido en el seno de organización criminal y el de resistencia a los agentes de la autoridad.
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