Pau Casals, exiliado en Francia tras la guerra civil española, recibe una invitación inquietante: ¿tocará su violonchelo para Hitler? Mientras el actor Carlos Hipólito encarna esa tragedia sobre las tablas de los Teatros del Canal, donde esta obra de teatro se representa hasta el 20 de abril, otro drama se desarrolla lejos de los focos, en las tripas de la instalación, y con epicentro en sus despachos. El martes, Mariano de Paco Serrano, consejero de Cultura de la Comunidad de Madrid, estampó su firma en un documento con sabor a rendición: el Gobierno regional desistía con esa rúbrica del contrato valorado en 36 millones de euros (con 20 de coste), para gestionar el buque insignia de la cultura en la región, un acuerdo que incluía también la administración del Centro Coreográfico Canal y del Teatro Auditorio de San Lorenzo de El Escorial. ¿La razón? “Haberse detectado error en los datos económicos”, se lee en documentación consultada por EL PAÍS. El Ejecutivo dice que lo subsanará para que el contrato entre en vigor cuando estaba previsto.
El primer acto de este error administrativo se produce con el Año Nuevo. El aparato comunicativo del ejecutivo regional aprovecha la agenda vacía de las vacaciones para lanzar con éxito el 1 de enero el comunicado con el que anuncia la licitación del contrato. Su duración será de dos años. “Los servicios por prestar incluyen la gestión de la actividad programada por la Comunidad de Madrid en los teatros y la coordinación y logística de las funciones y actividades de los festivales de la Comunidad de Madrid que tengan lugar en los Teatros del Canal, el Centro Coreográfico Canal o en el Teatro Auditorio de San Lorenzo de El Escorial”, se lee. “También abarcan el mantenimiento de los edificios y las zonas colindantes, así como de la totalidad de los equipamientos escénicos y no escénicos; la asistencia técnica necesaria para el desarrollo de la actividad escénica y no escénica, y la limpieza tanto interior como exterior”.
El giro de guion llega a través de CCOO. Este sindicato lleva al tribunal administrativo de contratación pública los pliegos del contrato, alertando de que contiene un error en el cálculo de costes en lo que se refieren a las percepciones salariales de la plantilla de nueva contratación. Una de las empresas postuladas también alega, y coincide: el fallo tiene “indudable trascendencia económica, pues afecta a las condiciones laborales de los trabajadores adscritos al servicio”, por lo que altera las previsiones de negocio. Y con eso, el tribunal no tiene dudas.
“Parece evidente que ha habido un error de transcripción del primer cuadro de costes (…) que en definitiva supone una infradotación presupuestaria de estos costes laborales de 115.034,90 euros”, se lee en su dictamen. “Este importe supone una cantidad significativa respecto al presupuesto de licitación del personal de limpieza que asciende a 1.086.802,15 euros”, recalca. “Pretender, como plantea el órgano de contratación, que dicho déficit pueda ser absorbido por otros gastos, como los gastos generales (6%) o el beneficio industrial (6%), supondría hacer recaer sobre el licitador las consecuencias del error”, le afea a la Comunidad de Madrid. “En consecuencia, procede la estimación del recurso del recurso, con la consiguiente anulación de los pliegos”.
Un desenlace que indigna en la oposición. “Ya sabíamos que a la Comunidad de Madrid no le importan las condiciones laborales del sector cultural y ahora dan un paso más”, se queja Marisa Escalante, de Más Madrid. “Se han querido ahorrar 115.000 euros en coste de personal, defendiendo que lo abonen las empresas del 6% del margen de beneficios marcado”, sigue. “Este desestimiento es uno más de una larga lista de la gestión cutre del PP: ya tuvieron que rectificar los pliegos de los centros de salud que convocaron de urgencia a pesar de llevar 20 años prometidos. Y ya veremos donde acaban sus contratos fraccionados de la FP”, señala. Y concluye: “El modelo cultural del PP es el de los recortes, no podemos olvidar que han recortado los presupuestos destinados a cultura, y se basa en el pelotazo, en el macroevento, en el titular y en captar a turistas”.
Solucionar la situación requerirá de la licitación de un nuevo contrato, que deberá hacerse a toda velocidad. En juego está la gestión de los 35.000 metros cuadrados de los Teatros del Canal, con cuatro salas escénicas abiertas al público, un centro de promoción de la danza compuesto de nueve aulas, un centro de investigación de artes escénicas, diversos espacios multidisciplinares “y una serie de vestíbulos modernos”, en definición de la Comunidad. Pero no solo. También hay que encargarse del Teatro Auditorio de San Lorenzo de El Escorial, que está ubicado en un edificio de nueva construcción de 26.000 metros cuadrados, y tiene dos salas escénicas, así como una sala de ensayos, salas de actividades paralelas, vestíbulos, patios y terrazas.
“Ha sido un error de gestión administrativa”, afirma un portavoz gubernamental. “Se va a subsanar. Da tiempo, porque se ha trabajado con mucha antelación”, añade. “El nuevo contrato tiene que estar en vigor el 2 de agosto, y lo estará”, asegura. “Esto no tiene ninguna consecuencia”.
Pero ya la ha habido: mientras Hipólito actúa, en los despachos se trabaja contrarreloj para que no se pare la gestión de uno de los corazones de la cultura de la región.
