La lista de confesos en el caso Púnica se amplía. Gonzalo Cubas, exalcalde de Torrejón de Velasco (Madrid, 4.800 habitantes) por el PP, ha admitido este lunes su implicación en esta trama, que extendió sus tentáculos principalmente por la Comunidad de Madrid a través del empresario David Marjaliza y gracias a los contactos de Francisco Granados, exconsejero autonómico durante los Gobiernos de Esperanza Aguirre. El exregidor ha reconocido su participación en un escrito enviado a la Audiencia Nacional tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía, según ha anunciado su abogado durante la segunda sesión del juicio sobre la parte del sumario centrada en el supuesto amaño de contratos públicos a favor de la compañía de eficiencia energética Cofely.
La vista oral sobre esta parte del caso Púnica, que celebró su primera jornada el pasado 7 de abril, se ha reanudado este lunes. El juicio ha seguido con la fase de cuestiones previas durante un par de horas, hasta que la Audiencia Nacional ha sido desalojada tras el apagón eléctrico masivo que ha sufrido el país.
Antes del parón, la defensa de Gonzalo Cubas ha anunciado que se suma a la lista de acusados en este juicio que reconocen su implicación en la trama. De las 36 personas que se sientan en el banquillo, 15 han admitido las imputaciones de la Fiscalía Anticorrupción. Entre los confesos, además del exalcalde de Torrejón de Velasco, se encuentran José María Fraile, exregidor de Parla (Madrid) por el PSOE; y Antonio Sánchez, ex primer edil de Serranillos del Valle (Madrid) bajo las siglas del partido localista UDMA. Sin embargo, otros seis exalcaldes populares han rechazado pactar con el ministerio público: José Carlos Boza, que fue máxima autoridad de Valdemoro; Agustín Juárez, de Collado Villalba; Daniel Ortiz, de Móstoles; Carlos Alberto Estrada, de Moraleja de Enmedio; Mario Utrilla, de Sevilla la Nueva; y José García Lobato, de Almendralejo (Badajoz).
El caso Púnica es una compleja maraña con múltiples líneas de investigación. La Audiencia Nacional enjuicia actualmente la parte centrada en la presunta trama urdida en varios ayuntamientos del país para conceder adjudicaciones irregulares a Cofely. Según el sumario, el empresario David Marjaliza, que lleva años colaborando con la justicia y que también ha confesado, se aprovechó de su relación de amistad con Granados para extender desde el año 2000 una “red de influencias” con “alcaldes, ediles y concejales de determinados” municipios; que utilizó para amañar contratos públicos en favor de la empresa energética. A cambio se pagaron comisiones ilegales y dádivas.
La línea de investigación sobre Cofely se considera el mayor pelotazo de la trama, ya que las adjudicaciones sospechosas superan los 224 millones de euros. En su escrito de acusación, la Fiscalía destacó que las mayores mordidas se produjeron en los ayuntamientos de Parla (133.000 habitantes) y Móstoles (214.000), donde la trama se vio obligada a regatear el importe de las mismas y fraccionar las entregas por sus elevadas cuantías.
