Un informe de la letrada mayor del Senado, Sara Sieira, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, confirma que no hubo espionaje ni robo de información a los senadores, por lo que nunca estuvo en peligro la información vinculada a los parlamentarios. Lo que sí ha podido constatar es que dos personas accedieron de forma ilícita a los «portafirmas» de varios funcionarios de la Secretaría General.
La noticia sobre este presunto espionaje saltó hace una semana cuando el presidente del Senado informó a la Mesa la Cámara de que se había abierto un expediente disciplinario a dos trabajadores por la comisión de la falta disciplinaria muy grave establecida en el artículo 33.4 a) de dicho Convenio, consistente en «el fraude, la deslealtad y el abuso de confianza en las gestiones encomendadas».
Ambos trabajadores, personal laboral, se habían presentado a unas oposiciones internas y, al ser informáticos y conocer el sistema, habían entrado en ordenadores de la Secretaría General para consultar datos relacionados con las calificaciones de sus exámenes. Al ser detectado esta circunstancia por el responsable del departamento, alertó a la letrada mayor que inició una investigación y decidió dar traslado a la Fiscalía.
El Grupo Socialista en el Senado llegó a solicitar al presidente de la Cámara Alta, Pedro Rollán, conocer el expediente incoado a los dos informáticos denunciados ante el Ministerio Fiscal por «presunto espionaje» parlamentario y a qué senadores afecta, para que puedan ejercer «las acciones legales pertinentes».
La formación registró en la Cámara Alta una petición a su presidente para que, entre otras cosas, se le dé «traslado y audiencia en relación al conocimiento de la totalidad del correspondiente expediente incoado» sobre el presunto «espionaje parlamentario» en esta institución, tras el despido de dos informáticos.
En el documento se afirma que «no ha existido ningún hackeo de los sistemas informáticos del Senado por parte de los trabajadores implicados en el expediente», por lo que tampoco ha habido robo de información. Igualmente, «nadie ha accedido a los ordenadores personales de los Senadores ni a sus dispositivos personales iPhone/iPad sin su permiso».
La letrada ha constatado que «no ha habido ninguna infiltración masiva en la identidad digital de los senadores/as» y «nadie ha utilizado las claves de los senadores/as, ya que «los infractores utilizaron usuarios con permisos de administración, esto es, permisos de los que disponían para el desempeño de sus cometidos profesionales, ya que las claves de los senadores/as no pueden conocerse por el personal TIC puesto que se almacenan encriptadas».
Lo que sí ha podido constatar es que«dos personas han accedido ilícitamente a los portafirmas digitales de varios funcionarios cargos de la Secretaría General (ningún portafirmas de senador o senadora) para descargarse diversos documentos relacionados con el personal de la Dirección, relativos a procesos de promoción profesional» En el momento en el que se descubren los hechos, «se corta el acceso al portafirmas a estas personas».
No se ve información
Posteriormente, sigue diciendo el informe, «se descargaron una serie de ficheros de log, donde están las trazas de quién y cuándo accede al portafirmas, pero en estos ficheros no puede verse ningún otro tipo de información (en los ficheros de log no pueden verse los documentos firmados, ni ningún tipo de información confidencial)».
Cuando se detectó que se habían descargado estos ficheros de log, «se cortó el acceso a todos los sistemas de información de estas dos personas, ya no solo al portafirmas» y «se descargaron estos ficheros de log, al parecer, para construir una argumentación en su defensa, adjuntando como ejemplo una lista de accesos, todos ellos lícitos, en el ejercicio de las funciones del personal de la Dirección TIC y trataron de argumentar que sus accesos motivo de la investigación también habían sido lícitos, esto es, para resolver incidencias de los usuarios. Esto se demostró ser falso durante la instrucción, puesto que sus accesos fueron ilícitos, persiguiendo intereses personales, no en el ejercicio de sus funciones».
La letrada señala que, en cumplimiento del acuerdo de la Mesa, se ha iniciado una investigación interna para elaborar un informe de todos los accesos realizados a los portafirmas electrónicos por miembros de la Dirección de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones, incluyendo la justificación detallada de la necesidad y oportunidad de cada uno de ellos. Este informe estará disponible previsiblemente el lunes de la semana que viene.
