Un juzgado de Badajoz ha abierto diligencias previas contra Leire Díez, conocida como la fontanera del PSOE, en la que es la primera causa penal abierta contra ella. La investigación se enmarca en el llamado caso David Sánchez, que afecta a la contratación del hermano del presidente del Gobierno en la Diputación de Badajoz. El juez investiga presuntos delitos de estafa procesal, cohecho, tráfico de influencias y revelación de secretos.
La decisión la ha adoptado el Juzgado de Instrucción número 2 de Badajoz, mediante un auto dictado el pasado 17 de junio. El magistrado Emilio García-Cancho Murillo considera que los hechos denunciados «presentan características que hacen presumir la posible existencia de delitos», y ordena incoar diligencias previas «para determinar la naturaleza y circunstancias de los mismos, así como las personas que hayan podido intervenir».
La causa parte de una querella presentada el 6 de junio por la organización Hazte Oír, que actúa como acusación popular. En ella, la asociación señalaba a Leire Díez y al exmagistrado Luis José Sáenz de Tejada por haber tratado presuntamente de «sabotear la causa» que se instruye en el Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz contra David Sánchez, hermano del presidente Pedro Sánchez. Según la denuncia, ambos habrían actuado con un «interés obsesivo» por apartar a la jueza instructora Beatriz Biedma del caso.
En su resolución, el juez de instrucción subraya que aún no están determinadas las circunstancias exactas ni las posibles responsabilidades penales individuales, por lo que abre una fase de instrucción. También ha remitido la causa al Ministerio Fiscal para que se pronuncie sobre la competencia territorial antes de decidir si admite formalmente la querella.
Leire Díez, exmilitante socialista con estrechos vínculos orgánicos con el PSOE, está considerada una figura clave en el entorno institucional del partido y ha sido señalada en los últimos meses por su papel en la coordinación interna de casos judiciales sensibles para el Gobierno. Esta es la primera vez que figura como parte investigada en un procedimiento penal.
La denuncia fue firmada por el procurador Andrés Antonio Carrasco Barroso, en representación del presidente de Hazte Oír, Ignacio Arsuaga, y cuenta con la asistencia jurídica del abogado Javier María Pérez-Roldán Suanzes-Carpegna. La resolución judicial deja abiertos los plazos para la presentación de recursos de reforma y apelación.
