El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 4 de Mislata (Valencia) ha ordenado a la Guardia Civil que investigue la denuncia interpuesta por el pseudosindicato Manos Limpias contra la exdirectora del Instituto de las Mujeres Isabel García y la exasesora del PSOE en el Senado Elisabeth García por supuestos delitos de corrupción. La denuncia acusa a ambas de los presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y falsedad en documento público por irregularidades en más de 60 contratos públicos de ayuntamientos entre los años 2022 y 2024 relacionados con la gestión de los conocidos como “puntos violeta” y otros proyectos.
El juzgado de Mislata ha aceptado la inhibición cursada por el Juzgado de instrucción 7 de Valencia, ante cuyo decanato presentó la denuncia Manos Limpias. El traslado se debe a que la empresa investigada, de la que es titular Isabel García, tiene su sede en Xirivella, municipio valenciano que pertenece al partido judicial de Mislata.
Una semana después de recibir la denuncia, el juez ha acordado incoar diligencias previas y ha encargado una investigación a la Guardia Civil, además de ordenar que se comunique la existencia de la denuncia a las denunciadas para informarles de los derechos que les asisten, entre ellos el de personación en la causa para tomar conocimiento de la misma.
De momento, el instructor ha decidido no citar a las denunciadas y rechaza la participación del pseudosindicato en las actuaciones de instrucción, ya que no están personados en el caso, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
El juez también ha pedido un informe al Ministerio Fiscal sobre la competencia territorial del juzgado para continuar la investigación, ya que los hechos denunciados se habrían producido no solo en la Comunidad Valenciana sino también, al menos, en Madrid y Gipúzcoa.
La denuncia fue interpuesta el pasado mes de agosto, un mes después de que el Gobierno destituyera a garcía de su cargo, por presuntos delitos de corrupción relacionados con la adjudicación de contratos relacionados con la gestión de los conocidos como “puntos violeta” y otros proyectos. Ambas políticas socialistas habrían obtenido, según los denunciantes, más de 60 contratos públicos que les habrían reportado más de 250.000 euros.
Los puntos violetas son servicios orientados a la atención de mujeres en situaciones de riesgo o que haya sido víctimas de delitos enmarcados en la violencia machista y habitualmente se instalan con motivo de fiestas populares, festivales y otros eventos de especial trascendencia.
Según consta en la denuncia, Isabel García “es una persona vinculada desde hace al menos una década al PSOE, fue designada diputada de Igualdad por la Diputación de Valencia en 2015 mientras era concejala en Xirivella (Valencia)”. Además, fue en la lista al Congreso por Valencia en las elecciones de 2019 (con José Luis Ábalos como cabeza de lista) como número seis y, aunque no salió elegida, el exministro la nombró asesora en su departamento entre 2019 y 2022.
El 14 de febrero de 2022 constituyó una consultoría especializada en políticas de igualdad y diversidad y a finales de 2023 regresó a la administración como directora del Instituto de las Mujeres, dependiente del Ministerio de Igualdad, cargo en el que fue cesada el pasado 23 de julio. La denuncia se dirige también contra Elisabeth García, trabajadora del sindicato UGT y asesora en el Senado desde enero de 2022 y que, según asegura Manos Limpias, es pareja de Isabel García. Esta denunciada consta como administradora de Elig, la consultoría creada por Isabel García, e Imber Consultoría, otra empresa puesta en marcha por ella misma en abril de 2023, por lo que “habría estado compaginando actividades públicas y privadas sin que sepamos que estuviera autorizada para ello”, según los denunciantes.
Ambas consultorías, añade la denuncia, habrían recibido la adjudicación de 64 contratos públicos para la puesta en marcha de los referidos puntos violetas entre marzo de 2022 y abril de 2024, por lo que Manos Limpias insiste en que las empresas de las denunciadas, “que estaban al servicio de las administraciones públicas, fueron beneficiarias de contratos con dichas administraciones”.
Además de los puntos violeta, aseguran los denunciantes que también fueron contratadas para la elaboración de planes estratégicos en materia de igualdad y prevención de violencia sexual, talleres de risoterapia y autoestima, cursos de formación, y diagnosis de la población LGTBI en varios ayuntamientos.
