Un millar de personas se ha concentrado en Chipiona (Cádiz) este domingo para exigirle a la Junta que un comité de expertos analice los vertidos mineros al Guadalquivir y que a la espera de su dictamen, se paralicen los residuos líquidos de los yacimientos previstos. A los colectivos ecologistas convocantes de la protesta se han unido representantes políticos de cinco municipios ribereños: Sanlúcar de Barrameda, Coria del Río, Chipiona, Gelves y Trebujena.
“Hemos superado las expectativas para decirle a la Junta que los municipios que vivimos de cara al río no queremos sufrir esos vertidos. El Gobierno andaluz tiene muy claro que quiere reabrir las minas a costa del Bajo Guadalquivir y que no le importan los pueblos y sus gentes, solo las grandes corporaciones. En este caso Minorbis-Grupo México, una multinacional que explotará Aznalcóllar y que representa un sinsentido, cuando los científicos ya han alertado de que la situación es grave y podría tornarse peor”, ha criticado Modesto González, alcalde de Coria del Río.
Mientras, la Junta defiende que los nuevos vertidos no implicarán contaminación alguna: “No se verterá al Guadalquivir ni un solo litro de agua que no haya sido tratado previamente y que no cumpla con la normativa en materia de vertidos al dominio público marítimo terrestre”, ha asegurado una portavoz de la Consejería de Industria, Energía y Minas.
El Gobierno andaluz subraya que la autorización del proyecto de Minera Los Frailes en Aznalcóllar “cumplen todos los requisitos legales y todos los condicionantes medioambientales exigidos para retomar con garantías la actividad minera, e incluye un plan de vigilancia y control exhaustivo y garantista”.
La protesta ciudadana de este domingo ha sucedido a la de hace tres meses, cuando una decena de regidores se unieron a los científicos para reclamar ante la sede de la Presidencia de la Junta que esta imponga su criterio sobre el de las mineras, que consideran que los vertidos se diluirán en el cauce del Guadalquivir. Las minas Cobre Las Cruces y Aznalcóllar prevén vertidos de sus aguas residuales y los científicos ya han demostrado que los sedimentos y los albures que nadan en el río están contaminados con plomo, selenio, zinc, cromo y manganeso. Los expertos consideran que el agua sobrante de las minas pondrá en riesgo unos 60.000 empleos en Andalucía Occidental. De momento, la Junta sigue sin mover ficha al respecto.
Rafael Ruiz, portavoz de la plataforma Salvemos el Guadalquivir, ha ensalzado la movilización ciudadana: “La información es fundamental y la gente se da cuenta de lo que se nos viene encima. La reapertura de las minas, que ya dieron problemas cuando la balsa se rompió en 1998, la propicia ahora la Junta. Las universidades ya han alertado de que el río está colmatado de metales pesados y ahora el Gobierno andaluz quiere multiplicarlo por 10”. El líder conservacionista ha añadido: “Nuestra vida cambiará de manera total para el turismo, la pesca y la agricultura si nos convertimos en la cloaca del Guadalquivir. La Comisión Europea nos considera una zona sacrificable por las nuevas minas necesarias para la autonomía de los metales, pero antes queremos un estudio exhaustivo de los científicos y una moratoria de los vertidos hasta que su dictamen concluya”.
