El presidente de la Generalitat, Salvador Ila, encabezará mañana la firma del conocido como Pacto Nacional por la Lengua, un acuerdo para el fomento del catalán que, entre los partidos políticos, solo suscriben el PSC, ERC y los comunes, mientras que Junts y la CUP lo rechazan por quedarse corto. Por contra, sí lo asumen Òmnium Cultural y Plataforma per la Llengua, entre las entidades, y CC.OO, UGT, Fomento del Trabajo o Pimec, entre los agentes sociales.
Mañana se conocerán los detalles, pero ya se ha filtrado, TV3 lo adelantó, que el citado plan estará dotado con 255 millones de euros en su primer año, 50 más del mínimo de 200 que se fijaba en el acuerdo de investidura entre el PSC y ERC, y que incluía precisamente la aprobación del citado plan dentro de los primera 100 días de gobierno.
Ese plazo ya ha vencido, pero no la voluntad de aprobar una serie de medidas para el fomento del idioma, asunto sensible y del que, obligado por su debilidad parlamentaria, el PSC ha tenido que hacer bandera. El acuerdo PSC/ERC para investir a Illa también obligaba a crear por primera vez una consejería de Política Lingüística, que se cedió a Francesc Xavier Vila, que ya fue secretario del mismo ámbito en el gobierno de Pere Aragonès (ERC). El Pacto Nacional por la Lengua se impulsó de hecho en la pasada legislatura con ERC instalada en plaza Sant Jaume, y se ha marcado como objetivo revertir la regresión de un idioma cuyo uso social, en paralelo a los cambios demográficos, está en retroceso.
El plan prevé destinar más de 100 millones para reforzar el catalán en el ámbito educativo, 78 para las aulas de acogida en las escuelas y 73 para fomento del audiovisual en catalán. El plan también incluye como objetivo lograr la oficialidad del catalán en Europa, una exigencia en este caso de Junts al PSOE a cambio del apoyo en la elección de Francina Armengol como presidenta del Congreso.
La aprobación del citado plan es una muestra del juego de equilibrios que debe realizar el Ejecutivo de Illa para no soliviantar a sus socios de ERC, que le permiten superar su precariedad parlamentaria. De hecho, Illa ha pasado de usar el castellano de manera esporádica en sus intervenciones en el Parlament a no usarlo nunca en la cámara y de manera anecdótica, y tras muchas críticas de los partidos independentistas, en actos públicos. En su primera comparecencia en el Parlament, el consejero Vila aseguró que el presidente de la Generalitat le había pedido «continuar e intensificar las políticas lingüísticas llevadas a cabo». En la misma comparecencia Vila anunció más presión por ejemplo para que los comercios usen el catalán, sin descartar las multas.
Otro de los asuntos clave en este campo es la próxima y definitiva sentencia del Tribunal Constitucional sobre la aplicación del 25% de castellano en las aulas, ahora en suspenso tras la maniobra política del independentismo, con el apoyo del PSC, para dilatar su aplicación.
De hecho, este fallo inminente del TC ha sido una de las excusas esgrimidas por Junts para descolgarse del acuerdo, tal y como explicó ayer mismo el expresidente Carles Puigdemont desde Waterloo. También, apuntó el fugado, una de las razones para no firmar es conocer el resultado de las negociaciones para lograr la oficialidad del catalán en Europa. Puigdemont dijo que se negaban a actuar a golpe de titular o con el objeto de «blanquear al Govern». Por contra, el vicesecretario de Comunicación de ERC, Isaac Albert, acusó a Junts de hacer «politiqueo» por no sumarse al acuerdo: «Si queremos dar un impulso a la lengua, solo hay este camino, ser más, apelar a cuanta más gente mejor. Si lo que se quiere es hacer politiqueo, eso es otra cosa».
