La asociación LGTBI Arcópoli ha anunciado este jueves que va a interponer ante la Fiscalía una denuncia por delito de odio a la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino, por preguntar desde la tribuna si los «homosexuales están pagando con sus impuestos la estancia de extranjeros que les odian y les agreden», en referencia a «las ONG y a los parásitos que viven de llevar la delincuencia a nuestros barrios y a nuestros municipios».
En su intervención, Moñino ha celebrado que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, haya reconocido tener competencias en materia migratoria para pedir la repatriación de los menas implicados en graves disturbios en Fuenlabrada. «Llevan años llamándonos racistas por decir la verdad, pero cuando se ven acorralados por la realidad, nos dan la razón», ha añadido en una crítica a la «complicidad» entre PP y PSOE al «promover la inmigración descontrolada».
«Ayuso convierte a los ciudadanos en cajeros automáticos para financiar estructuras que obstaculizan expulsiones y dan apoyo legal a quienes nos desprecian», ha apuntado la portavoz antes de preguntar retóricamente: «¿Cuántos homosexuales están pagando con sus impuestos la estancia de extranjeros que les odian y les agreden?». Moñino también ha instado a Ayuso a «cortar el grifo a las ONG y a los parásitos que viven de llevar la delincuencia a nuestros barrios y municipios».
Estas declaraciones le han valido una denuncia por delito de odio por parte de Arcópoli, una asociación que dice trabajar «para garantizar los derechos de las personas LGTBI+, especialmente de aquellas que son migrantes, refugiadas o solicitantes de asilo, enfrentando desafíos adicionales por su identidad». «No permitiremos que se utilicen nuestras vidas como arma para propagar un discurso xenófobo y racista», ha dicho Arcópoli en un comunicado en el que ha anunciado que enviará a la Fiscalía la intervención de la diputada de Vox «para que sea este órgano quien determine si nos encontramos ante un posible delito de odio».
Vox denuncia «censura»
En declaraciones a THE OBJECTIVE, Isabel Pérez Moñino reta a Arcópoli a «que lleven a la Fiscalía lo que quieran»: «No hemos mentido en nada, lo que he dicho hoy en la Asamblea es lo que millones de españoles piensan. No vamos a pedir perdón por defender a los españoles ni por señalar a las ONGs que, bajo el disfraz de lo humanitario, están alimentando las mafias de inmigración ilegal que ponen en riesgo la seguridad de quienes se lanzan al mar, la convivencia en las calles y los derechos de todos, incluidas las mujeres y los homosexuales en España».
La portavoz de Vox en la Cámara de Vallecas considera que «la izquierda y sus lobbies pretenden imponer una censura ideológica», pero anuncia que «nos votaron para decir la verdad y lo vamos a seguir haciendo, aunque les incomode». Fuentes de Vox Madrid recalcan que, además, «las opiniones vertidas por un diputado en la tribuna son inimputables» por el artículo 11.5 del Estatuto de Autonomía de Madrid.
Vox contra el delito de odio
Fuentes nacionales de Vox denuncian una «campaña brutal» contra la formación que preside Santiago Abascal. No en vano, el portavoz nacional, José Antonio Fúster, también ha sido denunciado recientemente por delito de odio -en este caso, por los Mossos d’Esquadra- por reproducir un atestado de detenidos una noche en Barcelona, lleno de nombres extranjeros. «¿Notan ustedes algún patrón? ¿Notan ustedes algo? Nosotros sí, y es lo que venimos denunciando desde hace mucho tiempo, que la política de puertas abiertas del Partido Popular y del PSOE tiene consecuencias directas en la seguridad de los españoles», dijo Fúster.
El pasado mes de febrero, Rocío de Meer, portavoz nacional de Vox de Emergencia Demográfica, también fue denunciada por delito de odio por hacerse eco de la noticia del primer nacimiento en 18 años en Vega de Villalobos, pequeño municipio zamorano, de un bebé llamado Ayoub. «El futuro de este país es tenebroso», aseveró en su cuenta de X, valiéndole la denuncia de la asociación Acción Contra el Odio.
El portavoz de Interior, Seguridad e Inmigración de Vox, Samuel Vázquez, ha denunciado en su cuenta de X que «las imputaciones por delitos de odio a cargos de Vox no son otra cosa que la primera fase de un plan que pretende tener una justificación que permita intentar su ilegalización antes de las siguientes elecciones».
Vox defiende que el delito de odio debería suprimirse del Código Penal. En su última entrevista concedida a THE OBJECTIVE, Santiago Abascal denunció que «el delito de odio solo es un intento de la izquierda por amordazar determinados discursos que pretenden defender los intereses nacionales y la seguridad de la gente», y recalcó que «cuando decimos que hay una relación entre inmigración ilegal y delincuencia, lo que estamos es hablando de una realidad, que está en los propios datos del Ministerio de Interior, en los propios datos de la población carcelaria en España».
