María Dolores Serrano lleva 32 años encadenando contratos temporales como fiscal sustituta. La Audiencia Nacional ha celebrado este martes la primera sesión del juicio por la demanda que la fiscal interpuso al Ministerio de Justicia el pasado octubre. Considera que ha habido un abuso en la temporalidad en su condición porque durante todo ese tiempo, ha estado “cubriendo necesidades estructurales” de la justicia, como ha manifestado su abogada, Beatriz González, en la vista, celebrada este martes en el Juzgado Número 11 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal. La demandante solicita una indemnización por el valor de un despido improcedente y que “se proceda a declarar la condición de indefinido” de Serrano. El caso ha quedado visto para sentencia. Un 10% de los fiscales tienen contratos temporales.
El problema de la interinidad en la Justicia española ha provocado dolores de cabeza en el departamento encabezado por Félix Bolaños, después de que gobiernos de distinto signo hayan aplazado una posible solución durante años. El pasado octubre la Comisión Europea apercibió al Gobierno sobre este asunto, que afecta tanto a jueces como a fiscales sustitutos, y que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha reconocido como abuso en la temporalidad. Por ello, la ley de eficiencia de la justicia, aprobada el pasado 2 de enero, se extiende en sus propuestas para resolverlo. Tanto los jueces como los fiscales sustitutos son juristas que, sin haber aprobado la oposición, ejercen esas profesiones. Acceden a dichos puestos tras pasar unas pruebas de méritos regulada por Real Decreto.
En el juicio, la letrada ha aludido a la jurisprudencia europea para determinar que “es incuestionable” que existe abuso en la temporalidad. La fiscal sustituta lleva concatenando contratos temporales más de 32 años pero “cumpliendo” las mismas funciones que sus compañeros titulares. También ha mencionado que una sentencia del Tribunal Supremo de 2021 considera abuso en la temporalidad “cuando supera los tres años”. “Imagínese 32 años”, ha apostillado. La sentencia expone que el derecho comunitario no impone a los Estados miembros una obligación “de prever la transformación de los contratos de duración determinada en contratos por tiempo indefinido”, pero con la condición de que se “haya establecido otra medida efectiva para evitar y sancionar la sucesión” de contratos temporales. “En nuestro ordenamiento”, añade, “precisamente se produce este vacío”. González ha pedido al juez que, si hay dudas sobre cómo debe de ser la sentencia adecuada, plantee una cuestión prejudicial. Es decir, que eleve la cuestión a la Justicia europea.
El abogado del Estado que ha defendido la causa ha remarcado que “no se permite convertir a los funcionarios temporales en fijos”, aludiendo a sentencias del Supremo. Además, ha alegado que la exigencia de la demandante es “contraria al derecho nacional”, ya que contraviene el artículo 103 de la Constitución Española que establece que el acceso a la función pública se realizará “de acuerdo con los principios de mérito y capacidad”.
María Dolores Serrano, que no se le ha permitido declarar en el juicio, ha asistido a la vista acompañada de algunos familiares y varias compañeras que también han trabajado encadenando contratos temporales. La demanda está respaldada por la Asociación de Abogados Fiscales Sustitutos, cuya presidenta, María Rosa Navarro, ha acudido desde Barcelona, donde ejerce como fiscal sustituta en los juzgados de violencia de género.
En torno al 10% de los fiscales en España están en situación de temporalidad. En este año judicial, se convocaron 277 plazas, de los 2.808 fiscales que hay en total. Se han convertido en una parte esencial de un sistema judicial colapsado por la falta de personal. La convocatoria se publica en septiembre, coincidiendo con el comienzo de cada año judicial, y la plaza interina habitualmente se prorroga dos años. Cuando termina ese periodo, pueden ser destinados a otro juzgado, lo que provoca que se encuentren en una situación de completa incertidumbre. Fuentes del Ministerio de Justicia declararon el pasado diciembre, el Ministerio de Justicia se mostró decidido a “encontrar una solución definitiva a este problema”. También se comprometieron a aprobar un proyecto de ley que busque “acabar con la temporalidad de juezas y jueces sustitutos y magistrados/as suplentes, aumentar el número de efectivos y fortalecer las carreras judicial y fiscal”.
Hace poco más de un año, la Audiencia Nacional falló en favor de los fiscales sustitutos al reconocerles el derecho a disfrutar de días por asuntos propios y de los días adicionales de vacaciones por antigüedad en las mismas condiciones que los fiscales titulares. Desde que se aprobó la figura del fiscal sustituto a principios de los años 80, han ido ganando derechos, pero a golpe de sentencias. La primera vez que una sustituta pudo disfrutar de una baja por maternidad fue hace 25 años, cuando María Dolores Serrano ya llevaba ocho años en el puesto.
