La campaña electoral en México empieza a tomar temperatura. Después de varios meses de intercambios suaves, oficialismo y oposición elevan el tono y multiplican los ‘golpes bajos’ para garantizar su victoria en los comicios del próximo 2 de junio. La polémica de los últimos días ha estado marcada por la filtración de los números de teléfono de los principales actores de la contienda electoral, entre los que se encuentran las dos aspirantes presidenciales favoritas para suceder a López Obrador, así como del hijo mayor del presidente, José Ramón López Beltrán, y de la corresponsal del New York Times en el país azteca, que ultimaba una investigación sobre supuestos pagos realizados por varios grupos criminales al entorno del presidente mexicano.
El detonante de esta ‘guerra de filtraciones’ fue la publicación de un reportaje titulado: ‘EEUU indagó acusaciones de vínculos del narco con aliados del presidente de México’, un trabajo que desvela que Washington obtuvo pruebas contundentes sobre estos pagos, pero que decidió abandonar la investigación por miedo a las repercusiones diplomáticas que podría generar. Tal y como es habitual en estos casos, los autores del texto enviaron una lista de preguntas a la oficina de López Obrador para darle derecho a réplica, pero el presidente rechazó la invitación y decidió contraatacar exhibiendo a los medios el listado de preguntas y el número de teléfono de una de las firmantes del reportaje.
«La corresponsal del New York Times envía un cuestionario, pero es un tono amenazante, prepotente», aseguró López Obrador en conferencia de prensa mientras proyectaba una captura de pantalla en la que se veía el número de teléfono de la periodista Natalie Kitroeff. El presidente mexicano tildó al diario neoyorquino de «pasquín inmundo» y «calumniadores profesionales de fama mundial» y acusó a EEUU de injerencismo, «¿qué autoriza a un país a meterse en la vida interna de otro?».
Al día siguiente, el medio norteamericano denunció que la difusión de los datos de su corresponsal es «una táctica preocupante e inaceptable por parte de un líder mundial en un momento en que las amenazas a periodistas van en aumento». Según cifras de la ONG ‘Propuesta Cívica’, al menos 69 periodistas han sido asesinados en México durante el mandato de López Obrador.
La mayor parte del gremio se ha solidarizado con la corresponsal norteamericana, una víctima más de la campaña contra la prensa crítica desatada por López Obrador durante su sexenio. Lejos de arrepentirse, el presidente mexicano aseguró que «lo volvería a hacer», ya que su derecho a defenderse de «calumnias» está «por encima de cualquier reglamento». También sugirió que «si la compañera está preocupada porque se dio a conocer su teléfono, que cambie su teléfono, otro número, y ya». El Instituto Nacional de Transparencia ha iniciado una investigación contra el presidente mexicano, la cual podría derivar en sanciones administrativas e incluso una eventual inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Tras la polémica con el diario neoyorquino, varias cuentas en redes sociales han difundido los números de teléfono de la candidata de la coalición opositora, Xóchitl Gálvez, que ha decidido no cambiarlo alegando que está recibiendo muchos mensajes de apoyo «esto ya nadie lo para», y de la candidata del oficialismo, Claudia Sheinbaum, que sigue siendo la máxima favorita para suceder a López Obrador con un 59% de los votos, según la última encuesta difundida ayer por ‘El Universal’. Otro de los afectados por esta ‘guerra de filtraciones’ ha sido José Ramón López, primogénito del presidente señalado también por las investigaciones del New York Times, quien ha interpretado la publicación de su teléfono como «una forma de venganza que pone en peligro a mi familia».
