El Juzgado de Instrucción número 18 de Sevilla, que tramita una causa por presuntas injurias y calumnias del jefe de comunicación de Se Acabó la Fiesta al secretario general de la asociación de consumidores y usuarios Facua, Rubén Sánchez, ha ordenado librar testimonio a la Fiscalía del Tribunal Supremo (TS), para que examine una serie de contenidos difundidos por el líder de dicha formación y europarlamentario, Luis ‘Alvise’ Pérez, que podrían suponer «amenazas y represión a la función jurisdiccional» con relación a la magistrada titular de dicha instancia judicial.
Ello, para que la Fiscalía del Tribunal Supremo «presente la oportuna denuncia ante la Sala de lo Penal» de dicha instancia en caso de entender «delictivos» dichos contenidos, en los que Pérez atribuye a la propia magistrada «una orden criminal inaceptable», al haber aludido por error en un auto a una orden de detención contra Vito Quiles en la mencionada causa por presuntas injurias y calumnias, extremo corregido con el requerimiento de averiguar su paradero.
En los citados contenidos difundidos, Pérez habría manifestado que en caso de no ser rectificada la resolución judicial, aludiendo expresamente a la titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Sevilla, publicaría «cosas sobre la definición del término soborno».
En esta providencia emitida el pasado 22 de agosto y adelantado por ElDiario.es, la juez titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Sevilla aborda actuaciones correspondientes a la citada querella del secretario general de Facua contra Vito Quiles, jefe de prensa de la formación de Luis ‘Alvise’ Pérez Se Acabó la Fiesta, que cuenta con tres europarlamentarios, entre ellos el propio Alvise.
Al punto, la magistrada expone que el querellante, Rubén Sánchez, ha aportado «documentación adjunta (…) según la cual un varón que se apoda Alvise Pérez y que según búsqueda en Google pudiese tratarse de Luis Pérez Fernández, miembro del Parlamento Europeo, en tanto que los dos mensajes de Telegram aportados por la parte querellante contienen expresiones referidas» a la propia jueza instructora del asunto, «que pueden constituir amenazas y represión a la función jurisdiccional», en referencia a los contenidos ya descritos.
Ante ello, la jueza acuerda que «se libre testimonio» del asunto a la Fiscalía del Tribunal Supremo, a fin de que, de estimarlos delictivos, «presente la oportuna denuncia ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo». Finalmente, la magistrada resuelve citar a Vito Quiles para que comparezca por videoconferencia como investigado el 25 de noviembre a las 11,50 horas.
