Resulta cuando menos gracioso que sea la misma izquierda que cuestiona desde hace tiempo si el bienestar económico debe medirse solo en términos de crecimiento del producto interior bruto (PIB), la que hoy se aferra a ese indicador para avalar el éxito su gestión económica. Y la paradoja no termina ahí. Esta misma semana el Banco de España publicaba un interesante informe bajo el título Más allá del PIB: cómo medir el bienestar económico en el que concluye lo siguiente: «Todos entendemos que, a mayor PIB, mejor estaremos. Pero, ¿hasta qué punto esta variable refleja nuestro bienestar? El PIB es, en realidad, una medida de actividad económica. Usarlo como indicador de bienestar económico tiene limitaciones y resulta impreciso».
El banco central nacional, que dirige ahora el exministro José Luis Escrivá, autor de la reforma de las pensiones y designado al cargo por Pedro Sánchez sin el tradicional acuerdo con el PP para designar al gobernador y subgobernador, presentó su informe coincidiendo con la publicación por parte del semanario The Economist de la lista de las economías que mejor se han comportado en 2024. España encabeza la clasificación. Un puesto que ocupa por el vigoroso crecimiento de su PIB: un 3%. Tasa que triplica la media de sus competidores europeos (0,9%) y supera el 2,9% que se prevé crezca Estados Unidos. Pero que con respecto al resto de los otros cuatro indicadores que sirven para elaborar la clasificación, España no brilla tanto. En inflación y evolución de su mercado de valores está perfectamente en la media. Pero es en la evolución de su déficit público y el desempleo donde pincha. En el primer caso, es el cuarto país de los 27 que acumula el mayor desequilibrio entre ingresos y gastos. Y en el segundo, es el peor de todos. Su tasa de paro dobla la media europea y la del desempleo joven la triplica.
Que España lidere esa clasificación, que tiene poco de exhaustiva, le ha valido al Gobierno para una vez más esta semana intentar desviar la atención de los casos de corrupción que le acorralan y sacar pecho por su gestión económica. ¿Pero entonces el crecimiento del PIB lo es todo o no lo es todo? Si en mi anterior Subjetivo trataba de explicar cuánto ha influido el dinamismo del consumo público en la fenomenal expansión de nuestro PIB y qué recorrido limitado tiene ese motor, cómo apenas ese crecimiento ha aliviado las tasas de pobreza infantil o de pobreza laboral, y señalaba las oportunidades perdidas para corregir los grandes desequilibrios que arrastra España, en esta columna me gustaría poner el foco en lo micro.
Concretamente en un indicador, la productividad, que tanto compromete nuestro crecimiento futuro. Porque como dice el Nobel de Economía Paul Krugman: la productividad no lo es todo, pero en el largo plazo lo es casi todo. En este sentido, les recomiendo la lectura de este Manifiesto por el Crecimiento que firman los profesores Jesús Fernández Villaverde, Tanto Santos y Luis Garicano, en el que consideran una emergencia nacional la adopción de medidas que impulsen la productividad.
Pero antes de hablar de lo micro, cabe señalar los efectos que tiene en la actividad económica la incapacidad del Gobierno de cumplir con sus compromisos de consolidación fiscal. El déficit sigue tozudamente por encima del 3% del PIB que marca Bruselas. Ello pese a haber registrado tres años de recaudación extraordinaria de impuestos por el efecto de la inflación (125.000 millones por IVA e IRPF, un 8% del PIB), sumados a la recepción adicional a nuestro presupuesto público de los fondos europeos NextGen destinados a aliviar los efectos de la pandemia. Los gastos, pese a ese crecimiento tan superior al resto de las economías avanzadas y a esa entrada excepcional de recursos, han seguido siendo irresponsablemente superiores a los fuertes ingresos. Y para seguir recibiendo los fondos europeos, que se agotan en junio de 2026, entre la austeridad o la voracidad fiscal para cuadrar las cuentas ante Bruselas, el Gobierno ha optado por lo segundo, con todas las consecuencias negativas que ello tiene en la actividad económica.
Aquí viene lo micro. Y, por favor, permítanme hacer un inciso para señalar los efectos políticos desconcertantes que esa voracidad fiscal está teniendo entre los socios parlamentarios del Gobierno. Junts ha decidido ahora erigirse como el defensor de los intereses de las empresas que operan en Cataluña e intentar favorecer el retorno de las que se fueron como respuesta a la incertidumbre legal que supuso el procés del que fue el principal responsable. Una manera muy extraña de expiar las culpas. Y da un toque de atención al PSOE alineándose con el PP. Hay 1.5000 millones de euros de inversión de Repsol en Tarragona en juego, entre otras cosas. La reciente chapuza fiscal aprobada tras una sesión agónica, vestida de reforma fiscal, es imposible que se acabe implementando por el choque de intereses de los socios, nacionalistas o no, a derecha e izquierda del PSOE. Si este es el aperitivo, ¿qué pasará con los presupuestos?
La cuestión es que esa incertidumbre sobre el marco regulatorio, sometido al antojo de los socios parlamentarios con intereses tan opuestos y con una pulsión populista de fondo, tiene un impacto negativo sobre la inversión privada. Esta sigue por debajo del nivel prepandemia. Es la gran variable que condiciona la productividad de cualquier país. Si ya el informe Draghi sobre la competitividad europea alertaba del peligro existencial de la UE como poder económico por la caída de la productividad en Europa en los últimos 20 años frente a Estados Unidos o China, España es la economía dentro de la UE que más puestos ha retrocedido. En 2023 la renta per cápita frente a la UE se situó en el 89,22%. En 2018 era el 92,8%. Esa pérdida de convergencia real se explica por la caída de la productividad por trabajador (-1,9%) frente al aumento medio den el resto de la UE (1,3%). Un dato más que abunda en la idea de que la prosperidad de cualquier economía se ha de medir más allá del crecimiento de su PIB.
«En España, los fondos europeos han servido para disparar la inversión pública, pero no para reactivar la privada»
Y ahí estamos. Una pata importante para estimular esa inversión serían los fondos de la UE. España ha recibido 48.000 de los 160.000 millones de euros que puede recibir hasta agosto de 2026, cuando vence el programa. Aparte de una ejecución deficitaria, los recursos se quedan principalmente en el sector público. La formación bruta de capital fijo (FBCF), que es como se denomina a la inversión en las cuentas nacionales, sólo ha crecido medio punto en los últimos cinco años y contribuido en apenas una décima en el crecimiento acumulado el PIB en ese periodo. En la UE, esta variable aumentó un 40,9% ¿La razón? En España, los fondos europeos han servido para disparar la inversión pública, pero no para reactivar la privada. Según datos del Banco de España, la primera está un 46% por encima del de 2019, el año previo a la pandemia. La segunda, sigue aún un 10% por debajo.
Es un dato preocupante que debería hacer saltar las alarmas a un Gobierno que decía apostar por usar los fondos de la UE para transformar la economía. En ese periodo, las empresas españolas han perdido en competitividad. Según el Banco de España, los costes laborales unitarios en España han crecido un 21,5%, con un incremento de la remuneración por asalariado respecto a 2019 del 28,1%, mientras que la productividad por ocupado solo ha avanzado una décima. Esto supone una pérdida de competitividad con respecto a la media de la UE, que refleja un aumento del 18,3% en los costes laborales unitarios en ese mismo periodo.
Habrá que dedicar otro capítulo a la carga que supone en los presupuestos generales la deficitaria gestión de empresas públicas como Correos o Renfe, que, por ejemplo, acumularon pérdidas superiores a los 2.000 millones de euros en 2023. También sería bueno saber si están rindiendo cuentas las empresas que fueron rescatadas por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) con 3.256 millones de euros durante la pandemia, entre ellas Air Europa con 475 millones de euros. Solo para hacernos una idea del modelo alternativo de gestión pública que los socios más a la izquierda del Gobierno y, este último muy a menudo también, defienden o añoran. Véase la entrada con 2.000 millones de euros de dinero público en el capital de Telefónica. ¿Cuántos amigos de Sánchez se sentarán en ese consejo a costa del dinero de los contribuyentes? ¿Será el reparto de sillones en RTVE una referencia? ¿Qué tal sus pérdidas?
El presidente del Gobierno puede presumir de las cifras de crecimiento del PIB, pero es también el principal responsable de haber perdido la oportunidad de aprovechar esa expansión para corregir los grandes desequilibrios que comprometen nuestro crecimiento futuro. No, señor Sánchez, como dice el Banco de España, el bienestar no se mide solo por el avance del PIB. La prueba es España.
