Valencia ha aprobado este martes un año de moratoria para poner coto a los pisos turísticos en comunidades de propietarios y bajos comerciales mientras se elabora una ordenanza reguladora de las viviendas de uso turístico en la capital. La suspensión temporal de licencias ha salido adelante por unanimidad de todos los grupos del Consistorio, gobernado por el PP y Vox, pese al malestar de la oposición porque se ha tramitado de urgencia sin un debate previo. La capital valenciana se suma a otras capitales españolas que están adoptando medidas restrictivas, como San Sebastián, Madrid, o Sevilla, que prevé prohibirlos en el barrio de Santa Cruz. Otras ciudades están trabajando en el mismo sentido ante el grave y creciente problema de la turistificación y de la falta de viviendas para alquiler residencial.
La alcaldesa, María José Catalá, del PP, anunció el pasado viernes, después de que asociaciones de vecinos de la capital y grupos de la oposición la solicitaran durante meses, la suspensión de licencias durante un año, con posibilidad de prorrogarla otro año más, con el fin de disponer para entonces de una ordenanza reguladora de la que hoy carece la capital valenciana.
La suspensión afectará a los alojamientos temporales situados en comunidades de propietarios y en bajos comerciales y no a los edificios completos de apartamentos turísticos, cuya actividades es equiparables a la de un hotel. La medida se extenderá a toda la ciudad —El Cabanyal ya tiene actualmente su propia regulación y en Ciutat Vella este tipo de licencias está suspendido ya— y llegará a siete de las pedanías: El Palmar, El Saler y El Perellonet, Benimàmet, Carpesa, Poble Nou, y La Punta.
La moratoria afecta desde su aprobación a todas las declaraciones responsables para nuevos apartamentos turísticos, pero no afectará a los proyectos ya presentados antes de la publicación de la nueva medida en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. En concreto, quedan excluidos de la suspensión los inmuebles que tengan asignado uso terciario exclusivo, los hoteles o bloques de apartamentos enteros; así como los apartamentos turísticos previstos en primeras plantas que tengan acceso independiente. La moción aprobada se plantea seguir adelante con el plan de Inspecciones de apartamentos turísticos iniciada el pasado verano por el equipo de Catalá.
El concejal de Urbanismo, Juan Giner (PP), ha defendido la necesidad de establecer una regulación de los alojamientos turísticos “que ponga en primer lugar a los vecinos, a la convivencia y que incentive el uso residencial de las viviendas al establecer una firme seguridad jurídica y unas reglas de juego claras”.
Compromís y PSPV, grupos de la oposición, consideran que la medida llega “tarde y mal”. La portavoz de Compromís, Papi Robles, ha recordado que su grupo lleva años apostando por la moratoria pero no contaron con apoyos del resto y ha lamentado que el PP la presente ahora “por la puerta de atrás”, a través de un procedimiento de urgencia, cuando podía haberse discutido pausadamente en la comisión de Urbanismo. Para la socialista Sandra Gómez, la medida llega también con retraso “porque el PP la tenía encima de la mesa desde que llegó al Gobierno local” pues el anterior Ejecutivo la dejó lista para aplicarse. “No han cambiado su posición un ápice hasta que el alcalde de Madrid ha aprobado una moratoria. Es ahí donde ustedes empezaron a virar”, ha espetado la socialista.
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El texto reconoce el impacto económico que genera el turismo en la ciudad, pero advierte de que “el crecimiento sin control a expensas del parque de vivienda amenaza con romper el equilibrio que garantiza que Valencia sea una ciudad para vivir con un entorno urbano de calidad” y en ese sentido pone como ejemplo de ciudad turistificada a Venecia, “donde la práctica totalidad del espacio ha sido ocupado por los turistas”. Por ello, aborda conceptos como la gentrificación de los barrios y la turistificación, así como la alta rentabilidad de las viviendas turísticas frente al alquiler convencional.
El problema se ha desbocado “un poco” porque en el año 2018 el Gobierno anterior, de Compromís y PSPV, autorizó que se ubiquen apartamentos turísticos en bajos comerciales y no redactaron además una ordenanza reguladora, ha criticado la alcaldesa. La situación preocupa a los vecinos, que denuncian que una mayoría son ilegales y escapan al control de la Administración pese a que el Consistorio ha puesto en marcha equipos de inspección y ha decretado el cierre de 160 apartamentos turísticos irregulares.
El turismo es “un sector fundamental en la ciudad” para el Gobierno local, al que se debe proporcionar seguridad jurídica y una regulación, pero el Ayuntamiento cree que “se está magnificando un problema” en el que “no hemos pasado de cero a cien en cuestión de tres semanas pero es cierto que teníamos que hacer un parón y regular correctamente este fenómeno”, ha reconocido estos días Catalá.
Las cifras de apartamentos turísticos registrados en la capital varían mucho en función de la fuente. La ciudad de Valencia tenía a finales de 2023 un total de 5.747 apartamentos turísticos de acuerdo con el registro creado por la Generalitat Valenciana frente a los 10.286 que ofertaban diversas plataformas online a principios de 2024, según la web de la fundación de turismo municipal Visit Valencia. La oposición denuncia que el número de pisos turísticos se ha disparado cerca del 40% en un año, siempre según los datos de Visit Valencia.
En la Comunidad Valenciana, los pisos turísticos vienen regulados por un decreto autonómico, pero son los ayuntamientos los que expiden el certificado de compatibilidad urbanística necesario para dedicar una vivienda a uso turístico. En el caso de Valencia, el Plan General de Ordenación Urbana limita prácticamente su ubicación a plantas bajas y primeras plantas. Sin embargo, la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia y las comunidades de propietarios denuncian desde hace tiempo una vorágine de nuevas aperturas, sobre todo en bajos comerciales en todos los barrios de la ciudad.
Reprobación a Teresa Ribera
El pleno del Ayuntamiento de Valencia ha aprobado también, con los votos de PP y Vox, reprobar a la vicepresidenta tercera del Gobierno y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, “por su falta de compromiso en la protección de la Albufera, por la inacción de su Ministerio y pertinaz incumplimiento de las aportaciones hídricas comprometidas, consistentes en 10 hectómetros cúbicos al año del Júcar y 10 hectómetros del Turia con destino al lago”. El PSOE se ha opuesto, mientras que Compromis ha incluido una enmienda para votar a favor de la moción pero finalmente han decidido no ejercer el voto.
