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«No tenemos ningún inconveniente en que se evalúe a los funcionarios, pero con todas las garantías. Es preciso conocer los criterios que se tendrán en cuenta, quién examinará… Y todo debe ser negociado». Así han recibido los funcionarios una de las principales medidas que se incluye en la reforma de la Administración que prepara el ministro de Transformación Digital y Función Pública, José Luis Escrivá. Unas modificaciones que fuentes de CSIF consultadas por ABC califican, sin embargo, de vacías de contenido «para seguir recibiendo fondos europeos».
«En la Administración hay muy buenos profesionales y están deseando que su trabajo se reconozca», aseguran las mismas fuentes del sindicato mayoritario en la Administración, que no se opone a aplicar en el sector público los mismos patrones que en el privado, como plantea Escrivá, aunque puntualizan que antes «es necesario bajar al detalle».
Sin embargo, los funcionarios son muy críticos con la oportunidad del vuelco diseñado por el ministro y explican a este diario que «Función Pública improvisa una norma sobre recursos humanos en la Administración sin contenido para conseguir fondos de Bruselas». Aprovechan para recordarle que sigue sin presentar «cuestiones clave» como la oferta de empleo público para este año, la mejora de la jubilación para los empleados públicos y acometer la subida salarial pendiente del 2%.
Un proyecto piloto
Sobre los cambios en el funcionamiento de la Administración, desde el sindicato de funcionarios instan al titular de Función Pública a que tanto el modelo de planificación de los recursos humanos, las áreas funcionales y la evaluación del desempeño se concreten y negocien «de manera efectiva» con los sindicatos. En este sentido reclaman un proyecto piloto con las nuevas áreas de desempeño.
También reclaman que se realice un diagnóstico de la situación del empleo público que se vincule a las necesidades de la Administración en los diferentes ministerios, agencias y organismos, y contar, por último, con una financiación plurianual «adecuada», teniendo en cuenta que en el plazo de diez años se va a jubilar el 60% de los trabajadores del sector público. «Reclamamos un refuerzo inmediato de las plantillas», dicen.
Reestructuraciones
Cuando lo demanden los cambios tecnológicos, la modificación y mejora de los servicios o los nuevos perfiles. Se prevé movilidad laboral.
Desempeño
Los empleados públicos serán evaluados cada año y del análisis dependerán factores como el sueldo. El examen podrán determinar la continuidad en el empleo.
Jubilaciones anticipadas
Los trabajadores públicos podrán jubilarse de forma parcial, anticipada y trabajar más allá de la edad de retiro.
Sueldos y objetivos
Se diseñará un sistema de retribuciones que esté ligada al cumplimiento de los objetivos.
Los funcionarios hacen hincapié en que la nueva planificación de los recursos humanos deberá realizarse «garantizando los derechos de los empleados públicos respecto a la carrera profesional, promoción interna, movilidad voluntaria, inamovilidad en el puesto de trabajo y formación, entre otros» y «con un calendario de negociación que lo garantice».
Y, por último, avisan: «CSIF mantiene su voluntad negociadora y esperamos que nuestras propuestas sean tenidas en cuenta por la Administración. De lo contrario –dicen– no firmaremos ningún acuerdo que carezca de seguridad jurídica y mejoras en las condiciones laborales de los empleado públicos».
Evaluación anual
Como ya informó ABC, los cambios propuestos por el ministro se incluyen en un borrador de orden ministerial y en el documento ‘Consenso para una administración abierta’, y persiguen mejorar el servicio que se presta a los ciudadanos y subir a la Administración al carro de los cambios tecnológicos. Para lograrlo, propone ideas revolucionarias, como acometer ‘planes de reestructuración’ en determinaciones sectores si así lo demandan los retos tecnológicos y las necesidades del servicio, flexibilidad laboral, ascensos ligados a los méritos del trabajador y sueldos vinculados a los objetivos alcanzados «para una dirección pública profesional».
Este plan para los recursos humanos incluirá una evaluación del desempeño para los más de tres millones de empleados públicos y no será un aspecto menor, teniendo en cuenta que de este procedimiento dependerán factores como el sueldo o los ascensos del trabajador. Será un proceso individualizado, anual y obligatorio y negociado con los sindicatos. Los resultados de este ‘examen’ a la plantilla podrá determinar la continuidad en el puesto de trabajo, según la Ley de la Función Pública.
