Los estados insulares de Vanuatu, Fiji y Samoa, en el sur del océano Pacífico, presentaron este lunes un escrito ante la Corte Penal Internacional (CPI), en su oficina de Nueva York, donde proponen que el tribunal reconozca formalmente el ecocidio como un delito junto al genocidio y los crímenes de guerra.
Según informó la Fundación Stop Ecocidio, la propuesta define «ecocidio» como cualquier «acto ilícito o arbitrario cometido a sabiendas de que existe una probabilidad sustancial de que cause daños graves que sean extensos o duraderos al medioambiente«.
La definición surgió en 2021 de un Panel de Expertos Independientes integrados por juristas de todo el mundo que, según esta fundación, ha adquirido respaldo jurídico y político.
Si avanza la propuesta, la Corte Penal Internacional podría procesar, como tribunal internacional, a aquellos individuos considerados penalmente responsables de acciones que han podido provocar graves daños ambientales, como, por ejemplo, los vertidos masivos de petróleo o de productos químicos, la tala de bosques tropicales primarios o la destrucción de sistemas fluviales enteros.
«Introducir el ecocidio como crimen internacional es crucial porque hace que quienes ocupan puestos de responsabilidad superior -altos ejecutivos y responsables políticos- rindan cuentas por haber tomado decisiones que podrían conducir a una grave destrucción del medioambiente«, declaró Jojo Mehta, cofundadora y directora Ejecutiva de Stop Ecocidio Internacional, en una nota informativa facilitada esta tarde.
Propuesta de reforma
- Estas fuentes destacan que el estado de Vanuatu ha presentado al Grupo de Trabajo sobre Enmiendas de la Asamblea de la CPI una propuesta formal de reforma del Estatuto de Roma para que se incluya el delito de ecocidio.
La iniciativa de Vanuatu -un archipiélago de origen coralino y de baja altitud compuesto por 80 islas- ha sido respaldada por otras dos naciones insulares del Pacífico (Fiji y Samoa), lo que refleja la importancia que tiene para los llamados «Pequeños Estados Insulares en Desarrollo» (PEID) el que la justicia ambiental sea tenida en cuenta.
Según Jojo Mehta, «el objetivo principal es, en última instancia, proteger: se trata de disuadir. El derecho penal crea poderosos límites morales y jurídicos, dejando claro que los niveles extremos de daño no solo son ilegales, son inaceptables».
En la legislación internacional, Bélgica ya recoge el delito de ecocidio en sus leyes, mientras que el Parlamento Europeo anunció en marzo su apoyo a la inclusión del «ecocidio» en la Directiva revisada de la UE sobre delitos medioambientales.
