La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha condenado a 19 años de cárcel al comisario José Manuel Villarejo en tres de las piezas abiertas hace cinco años en la Audiencia Nacional, denominadas Iron, Land y Pintor. La Audiencia sentencia que Villarejo cometió delitos de revelación de secretos de empresa y de particulares y falsedad en documento mercantil. A la vez, le absuelve del delito de cohecho y extorsión en grado de conspiración por los que también había sido juzgado.
Es la primera sentencia del caso Tándem, causa donde se investigan todos los negocios del comisario Villarejo y su implicación en las maniobras ilegales de la cúpula policial del ministerio del Interior durante el mandato del PP. Un fallo anterior sobre los mismos hechos fue anulado por la sala de apelaciones de la Audiencia y obligó al tribunal a valorar la totalidad de la prueba practicada en la vista oral y pronunciarse de nuevo sobre todos los delitos objeto de acusación.
Los mismos magistrados, una vez analizadas todas las pruebas propuestas por la Fiscalía Anticorrupción y que aceptó la Sala de Apelación, llegan a la misma conclusión que la primera vez. Junto a Villarejo, la Audiencia condena a otras 10 personas, entre ellas su socio, el abogado Rafael Redondo, a 13 años de cárcel por los mismos delitos que el comisario. Otros nueve implicados en los hechos, empresarios que contrataron al policía para que extorsionara o buscara información comprometedora de otras personas, resultaron condenadas a penas de entre tres meses y dos años de prisión. El tribunal absuelve a 16 personas, entre ellas la esposa de Villarejo, Gema Alcalá; su hijo, José Manuel Villarejo Gil; además de los policías Constancio Riaño y Antonio Bonilla. En el caso del comisario Enrique García Castaño, que buscaba supuestamente la información que le pedía Villarejo, se lo excluyó del juicio por enfermedad.
La sentencia analiza en profundidad el delito de cohecho y la doctrina del Tribunal Supremo sobre esta materia para llegar a la misma conclusión absolutoria que en la primera sentencia, al entender que los actos llevados a cabo por Villarejo no los realizó en el ejercicio de su cargo ni guardaban relación con sus actividades públicas. Pese a que los acusados sabían de la condición de Villarejo como funcionario del Cuerpo Nacional de Policía con el grado de comisario, no fue esa la razón que les llevó a contratarle, “para que ejecutase en el ejercicio de su cargo policial actos contrarios a los deberes inherentes del mismo actuando como policía privado”, señala la sentencia.
Villarejo tenía una empresa llamada Cenyt, publicitada como unidad de inteligencia dedicada a la investigación económica y financiera con estrechas relaciones institucionales y operativas con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y con la Administración de Justicia, con la que ofrecía servicios a particulares que tenían problemas con sus socios o familiares.
La sentencia incluye un voto particular de la magistrada Carmen Paloma González que discrepa del criterio de sus compañeros y reitera que Villarejo es autor de dos delitos de cohecho pasivo por la contratación de su empresa Cenyt en las piezas Iron y Land, así como varios de los acusados en estas piezas que, según esta juez, deberían ser condenados como cooperadores necesarios de este delito.
La magistrada defiende que para llevar a cabo las actividades de Cenyt, Villarejo tuvo que contar con la colaboración del estamento policial.
La pieza Iron juzgaba la contratación de Villarejo por parte del bufete de abogados Herrero&Asociados para obtener información de un despacho de la competencia ante la sospecha de que les había robado la base de datos. La pieza Land analizó la actividad de Villarejo para investigar el entorno del dueño de Procisa por mandato de una de sus hijas, Susana, en el contexto de una pugna familiar por la herencia. Por último, en la pieza Pintor se juzgó el mandato de los hermanos Fernando y Juan Muñoz Támara a Villarejo para recabar información de un antiguo socio, Mateo Martín Navarro, y el abogado de este, el exjuez Francisco Javier Urquía, que les permitiera resolver a su favor un litigio fiscal.
