La Unidad de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales lideró con 1,562 audiencias dentro de un total de 6,675 celebradas en 2025 en la Fiscalía del Distrito Nacional.
Así lo afirmó este miércoles la procuradora fiscal titular del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, al presentar un informe de los logros alcanzados durante el año 2024 en el marco de su rendición de cuentas.
La magistrada destacó la alta efectividad de las audiencias, con un 73 % de los casos que culminaron en apertura a juicio, un 21 % resueltos mediante acuerdos y un 6 % con autos de No Ha Lugar. Dijo que este resultado subraya el compromiso de la Fiscalía del Distrito Nacional con la justicia y la seguridad ciudadana, especialmente en lo que respecta a la protección de las mujeres y víctimas de violencia de género.
Sin embargo, lamentó que en muchos de los casos cuando llegan a la medida de coerción «la víctima está del otro lado y ustedes saben porqué, el síndrome de la mujer maltratada, entre otros puntos».
La magistrada resaltó la tasa de éxito de la litigación final con un impresionante 86.1 % de condenas en un total de 1,209 delitos diversos.
Este éxito se atribuye a la estrecha colaboración interinstitucional con entidades clave como la Policía Nacional, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), lo que ha fortalecido las investigaciones y mejorado la recolección de pruebas.
En términos de acciones preventivas, la Fiscalía implementó 115 actividades durante 2024, enfocadas en sensibilización, atención a víctimas y fortalecimiento institucional. Estas actividades incluyeron investigaciones sobre feminicidios, programas de reinserción laboral para mujeres en situación de vulnerabilidad, charlas educativas y transmisiones en vivo, buscando no solo proteger a las víctimas, sino también educar y prevenir futuros casos.
En su intervención, la procuradora enfatizó la importancia de la transparencia y la accesibilidad de la Fiscalía, destacando los esfuerzos de comunicación a través de redes sociales institucionales y otras plataformas, para mantener informada a la ciudadanía y promover una cultura de prevención y legalidad.
