La reforma de la Ley de Extranjería que establecerá el reparto obligatorio entre comunidades autónomas de los menores inmigrantes no acompañados llegados al archipiélago canario ha abierto una grieta en los Ejecutivos autonómicos de PP y Vox.
Fuentes del partido de Santiago Abascal, que gobiernan en coalición con los populares en Castilla y León, Aragón, Extremadura, la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia, «valoran» ahora todas las opciones y no descartan romper sus pactos de gobierno en aquellas comunidades que acepten esta redistribución obligatoria por ley de los conocidos como ‘menas‘.
Desde Vox señalan que podría tratarse de la mayor crisis a la que se enfrentan ambas formaciones y recuerdan el encontronazo en el Ejecutivo de Aragón que ya se produjo con la acogida de 13 de estos menores inmigrantes. En aquella ocasión, dicen las mismas fuentes, los de Feijóo entendieron el mensaje; habrá que ver si ocurre ahora lo mismo.
Por el momento, este mismo miércoles, la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, ya declaró tras una reunión con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres Pérez, que los de Abascal se van a oponer a esta medida que consideran que «multiplicará» el efecto llamada.
Rodríguez de Millán acusó al Gobierno de plantear un «parche» con esta medida y establecer en Canarias «un lugar de paso para la inmigración ilegal» donde pueden «operan las mafias» libremente. «Se nos piden redistribuir a estas personas bajo una apariencia de solidaridad, y nosotros hemos trasladado que solidaridad sería evitar este problema a la península ibérica», aseveró la diputada.
En este sentido, en Vox opinan que la reforma de esta ley «extenderá el problema a la Europa continental», ya que en lugar de cerrar este paso para la inmigración ilegal, «lo consolidará». «Nosotros hemos anunciado que nos vamos a oponer a ese real decreto o proyecto de ley y que desde luego esta no es la solución», trasladó Rodríguez de Millán.
Para la diputada, el Gobierno está «condenando» a estos menores inmigrantes a «un futuro que no les van a poder dar». Por ello y lo anteriormente expuesto, pide al Ejecutivo que «corte ese tráfico, combata las mafias y haga cumplir con los acuerdos internacionales que ya hay».
