En plena resaca del apagón, pasó casi inadvertido, pero un 30 de abril de 2025, en el pleno del Ayuntamiento de la capital de un país democrático, una concejala que percibe un sueldo público anual de 68.637,60 euros, declaró: “Si permitimos que un tirano destruya la reconciliación por la que hemos vivido en paz más de 80 años, las heridas abiertas de mañana serán culpa nuestra por habérselo permitido”. Con “el tirano” se refería al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez —a Franco lo había llamado “general”—; con “reconciliación” aludía al Valle de Cuelgamuros, monumento que acoge los restos de más de 33.800 personas (el equivalente a la ciudad de Teruel), entre ellos centenares de republicanos que fueron extraídos de las fosas comunes a las que sus asesinos los habían arrojado para ser trasladados al mausoleo sin el consentimiento de sus familias; y con “paz” se remontaba a la dictadura, hasta 1945. Carla Toscano, de Vox, presentaba una proposición para que se declarase todo el complejo de Cuelgamuros Bien de Interés Cultural para tratar de impedir así el plan de resignificación puesto en marcha por el Ejecutivo central tras pactarlo con la Iglesia. Según su partido, el plan “del Gobierno talibán” obedece al intento de “curar el orgullo herido de perdedores de una guerra que no consiguen asumir que perdieron”. La concejal de Vox se refería a la Guerra Civil, y, al señalar a los vencidos, se estaba incluyendo, en cierto modo, entre los vencedores.
Los debates sobre la memoria histórica se celebran siempre en el mundo al revés. Diputados que lo son gracias a la democracia añoran los tiempos en los que los partidos y por tanto, votar, estaba prohibido: “Preside el peor Gobierno en 80 años”, declaró en 2020 Santiago Abascal, líder de Vox, dirigiéndose a Sánchez desde su escaño en el Congreso; “Gracias a las redes sociales, muchos jóvenes están descubriendo que la etapa posterior de la Guerra Civil no fue oscura, como nos vende este Gobierno, sino una etapa de reconstrucción, de progreso y de reconciliación para lograr la unidad nacional”, proclamó Manuel Mariscal, del mismo partido, el pasado noviembre en el Parlamento. No son deslices o hipérboles lanzadas en el fragor del debate porque no solo no se corrigen después, sino que se reiteran. Tampoco la ignorancia puede servir de atenuante, del mismo modo que desconocer la ley no exime de cumplirla.
En ese mundo al revés, Vox —a menudo asistido por el PP—, describe la legislación en materia de memoria —que emana de convenios y tratados internacionales de obligado cumplimiento, según la Constitución—, como “el deseo narcisista de reescribir la historia” y practicar una “lobotomía colectiva”. Ya dice el refrán que cree el ladrón que todos son de su condición. Quienes reescriben la historia son los que blanquean la dictadura, los cuarenta años de represión. Quienes desean la lobotomía colectiva son los que pretenden que España olvide que en una fosa en el barranco de Víznar, recientemente fueron rescatados los restos de un niño fusilado; tenía entre 11 y 14 años, según los forenses; quieren que se olvide que el país que envió un hombre a la luna sigue pisando hoy fosas comunes que albergan los restos de cientos de ejecutados; que se olvide que a Ernesto Sempere, un tribunal franquista lo condenó a 20 años y un día de cárcel por adhesión a la rebelión y que la prueba que aportó el fiscal al juicio fue un dibujo paródico que había hecho cuando tenía 15 (“utiliza la caricatura para denostar nuestro Glorioso Movimiento y exaltar la causa roja”) y que solo en la provincia de Granada, entre 1939 y 1959, un millar de juicios por la misma causa acabaron en ejecución.
Quienes sí pretenden reescribir la historia, como Toscano, afirman que los presos que participaron en la construcción del Valle “querían trabajar allí” y recibían “el mismo salario que los obreros libres”. Para levantar el monumento hicieron falta 20.000 obreros y 19 años. Convivían hombres libres y presos políticos. Las constructoras pagaban el mismo sueldo, pero en el caso de los prisioneros, el Régimen se quedaba una buena parte en concepto de manutención y alojamiento. Franco vendió el sistema de redención de penas por el trabajo como la “recuperación moral de los extraviados ideológicamente”, pero el plan obedecía a una doble necesidad: aliviar el hacinamiento en las cárceles y aumentar la mano de obra. En aquellos años, según recuerda el comisionado de los actos de España en libertad, la población reclusa ascendía a un millón de personas, la mayoría de ellos presos políticos —hoy en las cárceles españolas hay unos 58.000 reclusos—. Las condiciones de vida variaban según el año o barracón, pero hubo varias epidemias y al menos 20 obreros fallecieron de silicosis. Y aunque el Régimen y ahora también Vox terminaran vendiendo la convivencia en las criptas de muertos de ambos bandos como un gesto de reconciliación, la realidad es que ese no había sido el objetivo del monumento. En el primer decreto en el que habla de él, del 1 de abril de 1940, Franco explica que es para “los héroes y mártires de la Cruzada” y en su discurso de inauguración, en 1959, declaró: “No sacrificaron nuestros muertos sus preciosas vidas para que nosotros podamos descansar (…) La anti-España fue vencida y derrotada, pero no está muerta. Periódicamente la vemos levantar cabeza…”. Lo que ocurrió en el medio, en esos 19 años, es que las obras se demoraron tanto tiempo que muchas viudas de los caídos por Dios y por España enterrados —ellos sí— dignamente en cementerios rechazaron el traslado, y cuando el Régimen pidió por carta a los ayuntamientos muertos de la Cruzada para alimentar las criptas de Cuelgamuros, muchos le contestaron que lo que sí tenían eran fosas de “los rojos”. Así es como, sin que lo autorizaran sus familias, cientos de republicanos fueron trasladados al mausoleo franquista.
Además de falsedades, Toscano recurrió a argumentos peregrinos como que “la izquierda odia el Valle porque odia la belleza y odia a Dios”. Más papista que el Papa, criticó “a los tibios”, “a los obispos que callan” frente a la “profanación socialcomunista” del complejo. Contradiciendo su criterio de los últimos cinco años, el Gobierno ha accedido finalmente a que la comunidad benedictina permanezca en el Valle y el concurso internacional de ideas que ha convocado para diseñar un museo en su explanada y resignificar el monumento contará con un representante de la Iglesia. La proposición de Vox fue rechazada.
