La temporada de incendios forestales ha arrancado con episodios trágicos. El fuego declarado en Los Gallardos (Almería), que han dejado 13 fallecidos, y el de Girona, que ha arrasado más de 1.800 hectáreas, vuelven a poner de manifiesto la incapacidad de las administraciones para transformar en inversiones efectivas los recursos destinados a la prevención.
Según han publicado en Voz Pópuli, al cierre del primer trimestre del año, cuando el aumento de las temperaturas ya anticipaba el comienzo de la campaña de alto riesgo, permanecían sin ejecutar 312 millones de euros de los 401 millones presupuestados para actuaciones de gestión forestal, es decir, se había concedido el 22% de los recursos disponibles, mientras el 78% continuaba bloqueado.
Ya en 2025, la temporada de incendios fue devastadora. Las llamas arrasaron cerca de 355.000 hectáreas y afectaron especialmente a Castilla y León, Galicia, Extremadura, Madrid, Andalucía y la Comunidad Valenciana. A pesar de ello, el patrón fue igual; la ejecución de los fondos destinados a la prevención de incendios presentaba porcentajes similares.
Los fondos proceden del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea y forman parte de los compromisos adquiridos por el Gobierno de España con Bruselas dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Su objetivo es financiar actuaciones de gestión forestal, restauración de ecosistemas y prevención de incendios, consideradas esenciales para reducir la vulnerabilidad del territorio frente al cambio climático.
Solamente 89 millones movilizados para incendios
La información recopilada por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) refleja que, de los 401 millones previstos, únicamente se habían movilizado 89 millones de euros. Las comunidades autónomas concentran la mayor parte de la ejecución, con cerca de 50 millones formalizados.
La Administración General del Estado ha concedido otros 28 millones, mientras que los ayuntamientos apenas suman 2,5 millones y el resto corresponde a otros organismos públicos.
El principal motivo por el que no se despliegan los fondos europeos es la barrera administrativa y la lentitud de los procedimientos para transformar las partidas presupuestarias en inversiones reales sobre el terreno.
El último informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), recogido por Voz Pópuli, confirma ese retraso. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que concentra la mayor parte de las actuaciones de gestión forestal, tenía asignados cerca de 27 millones de euros a finales de mayo, pero únicamente había abonado el 11% del presupuesto.
Por su parte, el Ministerio de Defensa, que también participa en determinadas actuaciones forestales, había ejecutado el 47,5% de los 1,1 millones de euros asignados.
La gestión de los fondos Next Generation muestra que el principal problema no es la falta de recursos, sino el atasco burocrático que retrasa la concesión de las ayudas y la ejecución de las inversiones.
Un riesgo identificado desde 2021
La prevención de incendios constituye una de las líneas estratégicas del Componente 4 del Plan de Recuperación, aprobado en abril de 2021, que contempla una inversión global de más de 1.640 millones de euros para la conservación y restauración de ecosistemas y biodiversidad.
El propio documento reconoce que España presenta una gran vulnerabilidad frente al cambio climático debido a sus características biogeográficas y geomorfológicas, lo que obliga a reforzar tanto la adaptación de los ecosistemas como las medidas de prevención de incendios forestales.
Tan solo cinco años después de aquel diagnóstico, la ejecución de las inversiones continúa avanzando con lentitud, mientras las campañas estivales mantienen un elevado nivel de riesgo.
