El Gobierno ha iniciado este viernes los trámites para subir las pensiones en 2027 entre un 3% y un 4%. El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo para tramitar por vía urgente el Real Decreto de Mantenimiento del Poder Adquisitivo de las Pensiones, el primer paso para actualizar las prestaciones el próximo año.
La portavoz del Ejecutivo y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha anunciado la medida en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros extraordinario.
La ministra ha explicado que el procedimiento sirve para poner en marcha la maquinaria administrativa que permitirá aprobar la revalorización, aunque todavía falta por determinar el porcentaje definitivo.
Para ello, el Gobierno debe esperar al dato de inflación de noviembre, que el Instituto Nacional de Estadística (INE) publicará el próximo 27 de noviembre. La subida de las pensiones contributivas se calcula a partir de la inflación media de los últimos doce meses, en este caso entre diciembre de 2025 y noviembre de 2026.
A falta de conocer esa última referencia, Saiz ha adelantado que el incremento se situará en una horquilla de entre el 3% y el 4%, en función de la evolución de los precios.
La revalorización definitiva, tanto de las pensiones contributivas como de las mínimas, quedará recogida en una norma posterior con rango de ley.
La subida prevista superaría la aplicada este año, cuando las pensiones contributivas aumentaron un 2,7%. El mecanismo actual vincula la actualización anual de estas prestaciones a la evolución del IPC para evitar que los pensionistas pierdan poder adquisitivo por el encarecimiento del coste de la vida.
Las pensiones han subido un 28,1% desde 2018
Durante su comparecencia, Saiz también ha presentado un balance de las reformas del sistema público de pensiones impulsadas desde 2018. Según los datos expuestos por la ministra, las prestaciones se han revalorizado un 28,1% entre 2018 y 2026 conforme al IPC.
Con el anterior mecanismo de actualización, aprobado en 2013 y que contemplaba una subida anual del 0,25%, el incremento acumulado habría sido del 2%.
La pensión media ha aumentado un 44,5% en ese periodo, impulsada también por la evolución de los salarios y las bases de cotización. Por su parte, las pensiones mínimas han subido entre un 43% y un 69%, dependiendo de la modalidad, mientras que las no contributivas han registrado un incremento del 65%.
La ministra también ha destacado el efecto del complemento aprobado en 2021 para reducir la brecha de género en las pensiones, que, según sus datos, ha contribuido a recortarla en 2,4 puntos porcentuales desde 2018.
La edad efectiva de jubilación alcanza los 65,4 años
En materia de acceso a la jubilación, Saiz ha puesto el foco en las medidas destinadas a ampliar las opciones de los trabajadores, entre ellas los incentivos para retrasar voluntariamente el retiro, el refuerzo de la jubilación activa en 2024 y la reforma de la jubilación flexible en 2026. La edad efectiva de jubilación se sitúa actualmente en los 65,4 años.
En cuanto a la sostenibilidad financiera, la ministra ha señalado que los ingresos por cotizaciones sociales crecerán un 7,6% en 2026 y representarán el 10,7% del PIB. Esta evolución se apoya, entre otros factores, en el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), el incremento de las bases máximas de cotización y la cuota de solidaridad.
El dinamismo del mercado laboral también ha contribuido a elevar los ingresos del sistema. En octubre, la afiliación superó los 22,6 millones de trabajadores, 3,6 millones más que en el mismo mes de 2018 y 785.000 más que hace un año.
Con ello, la relación entre cotizantes y pensionistas ha pasado de 2,28 a 2,51 trabajadores por cada beneficiario, su nivel más elevado de los últimos 15 años, según Saiz.
La ministra ha defendido además la recuperación del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, conocido como la hucha de las pensiones, gracias a las aportaciones del MEI.
En la misma línea ha asegurado que el sistema ha superado las evaluaciones de sostenibilidad de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), con un gasto neto medio en pensiones para el periodo 2022-2050 inferior al umbral del 13,3% del PIB que habría obligado a adoptar medidas adicionales.
