El alcalde de Estepona, José María García Urbano (PP), declarará en sede judicial el próximo 18 de noviembre por la denuncia de un funcionario del Consistorio por un presunto acoso sexual, según han confirmado a EL PAÍS fuentes conocedoras del procedimiento. García Urbano acudirá al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de la localidad, después de haberlo solicitado y en calidad de denunciado. Esta condición le permite acudir con abogado, señalan fuentes jurídicas. Una vez que aporte su testimonio, el instructor decidirá si la causa continúa adelante y en qué condiciones.
El denunciante, un agente de la Policía Local, ha ratificado su denuncia este viernes, según fuentes jurídicas. García Urbano sostiene que ha sido víctima de una denuncia falsa. “El denunciante ha incurrido durante su declaración en falsedades y contradicciones”, señalan fuentes municipales. El regidor pidió, en cuanto la denuncia saltó a los medios de comunicación, que se le escuche en sede judicial, “de manera voluntaria y a la mayor brevedad” para poner de manifiesto “la absoluta falta de fundamento de la denuncia”, añaden. Según el Consistorio esteponero, el instructor acordó la toma de declaración con una providencia dictada el pasado 31 de octubre. “En ningún caso se produce en calidad de investigado”, subrayan.
La denuncia, presentada el 22 de octubre, fue admitida a trámite una semana después y se acordó la toma de declaración al denunciante para decidir los siguientes pasos a dar en función “de los indicios de delito que se puedan recabar”. En su escrito, el denunciante asegura que mantuvo relaciones sexuales en varias ocasiones con el regidor y que se vio obligado a hacerlo por el miedo que tenía a perder su trabajo. El relato de la denuncia judicial detalla que desde que comenzó a trabajar en prácticas en el Ayuntamiento de Estepona, en marzo de 2022, sintió que “el denunciado lo miraba” y le tenía “un trato especial”, “no acorde a la relación normal de trabajo que un alcalde puede tener con sus funcionarios”. Según su relato, apreció que tenía “una intención libidinosa” y comprobó poco después que “buscaba satisfacer sus deseos sexuales valiéndose, aprovechándose, de su condición de alcalde”.
El denunciante relata que García Urbano le citó en un hotel “con el fin de mantener relaciones sexuales” en una fecha sin concretar, que sitúa entre marzo de 2022 y junio de 2023. Según su testimonio, accedió “por miedo a perder su trabajo y como consecuencia de ello, no poder mantener a su familia”. Se muestra dispuesto a aportar testigos de lo sucedido en ese hotel y “pruebas documentales” de otros inmuebles en los que se produjeron otros supuestos encuentros sexuales. También asegura que le llegó a ofrecer “una ayuda de 2.000 euros mensuales” y que le buscó un arrendamiento para él y su pareja en un edificio llamado Panorama.
El denunciante mantiene que, cuando quiso dejar de mantener relaciones sexuales, recibió amenazas del regidor diciéndole que “si no entraba en su juego su carrera profesional estaba acabada para siempre y que le iba a hacer la vida imposible, ya que tiene contactos para que no pueda trabajar en ningún sitio”.
García Urbano es alcalde de Estepona con el PP desde el año 2011, la primera convocatoria electoral tras el caso Astapa contra la corrupción, que en julio de 2008 puso patas arriba al PSOE local y se llevó por delante a los herederos del gilismo. En las pasadas elecciones, de 2023, obtuvo 17 de los 25 concejales del municipio y revalidó el título del regidor más votado entre los municipios de 50.000 habitantes.
Tras saltar a la luz la denuncia judicial, el Ayuntamiento de Estepona anunció su intención de personarse en la causa para solicitar que le escuchara a García-Urbano, “de manera voluntaria y a la mayor brevedad”, con la intención de “poner de manifiesto la absoluta falta de fundamento de dicha denuncia”. El Consistorio enmarca esta denuncia en una “inadmisible e injusta campaña para dañar la dignidad personal y la trayectoria del alcalde y del cargo que desempeña con una única y clara finalidad espuria”.
La Audiencia de Málaga ha hecho pública este viernes la sentencia de la gran causa de corrupción centrada en el municipio, 18 años después del comienzo de la investigación policial. El caso Astapa ha quedado zanjado con 15 condenas menores, entre ellas la suspensión y multa al exalcalde socialista Antonio Barrientos.
