El frente judicial que abarca desde el caso Ábalos a las investigaciones abiertas a la esposa y el hermano del presidente, la aprobación de unos nuevos Presupuestos y la sostenibilidad de la mayoría parlamentaria que hizo posible la investidura de Pedro Sánchez, una alianza variopinta que fue posible por el rechazo de todos los socios a Vox pero que se ha resquebrajado las últimas semanas tras el acercamiento entre PP y Junts, serán los principales retos que el Gobierno afrontará en 2025. La robustez económica y la normalización de Cataluña serán las grandes bazas de La Moncloa, donde cruzan los dedos para que no surja un nuevo cisne negro como ya sucedió en 2020 con la pandemia, en 2021 con la erupción volcánica en La Palma, en 2022 con la crisis inflacionista desatada por la invasión de Ucrania y con la dana que se cebó con Valencia el pasado 29 de octubre. “Incluso con las zancadillas, las noticias falsas, los pataleos y la deslealtad de algunos, España avanza y progresa. Hay muy pocos países que muestren un balance tan positivo”, sentenció Sánchez en su séptimo balance de final de año como presidente del Gobierno.
Los “datos” frente a las “opiniones”. El PP evita hablar de economía mientras Sánchez le dedicó 45 minutos en su séptimo balance de final de año como presidente del Gobierno. “España es el país que más crece de las principales economías del mundo. Lo hacemos además triplicando la tasa de crecimiento de la Unión Europea y superando las expectativas de los organismos nacionales e internacionales”, resaltó en una comparecencia en la que presumió de ser la “primera economía exportadora de la UE” y puso de relieve datos como los de empleo: “Tenemos el mayor número de gente trabajando que jamás ha habido en la historia de nuestro país (…) Estamos creando más empleo que Alemania e Italia juntas”. “Son datos, no opiniones, reflejos de una realidad objetiva”, zanjó el presidente frente a una oposición a la que acusó de “transmitir la imagen de que España se rompe y de que la economía va mal porque en 2023 no ganaron en las urnas”. “Hoy no se habla de una España en crisis, se habla de una España que lidera. Nadie habla de que España se rompe, hablan de los récords que rompemos. Esa es la marca España que exportamos y de la que podemos sentirnos orgullosos”, aseveró.
Atención al bolsillo de los ciudadanos. Las subidas acumuladas del coste de la vida o la crisis de la vivienda son dos de los problemas que más inquietan al Gobierno. Una de las obsesiones del Ejecutivo es que los buenos datos macroeconómicos no sean exclusivos de las grandes empresas y las rentas más altas y se perciban en el bolsillo de los ciudadanos. “Para nosotros es esencial que la riqueza generada por la economía llegue a todos los ciudadanos”, explicó Sánchez después de anunciar la revalorización a partir de enero del 2,8% en todas las pensiones contributivas, el aumento de las pensiones mínimas un 6% y de las no contributivas y el ingreso mínimo vital un 9%. Un incremento del que se beneficiarán más de 12 millones de personas. El Consejo de Ministros aprobó también extender durante seis meses más, hasta junio de 2025, las ayudas al transporte público.
Frente judicial. Sánchez compartió con la dirección federal que el PSOE estrenó tras el 41º Congreso Federal de Sevilla la reflexión de que el PP ha renunciado a plantear un proyecto político y reduce su estrategia a desgastar al Gobierno haciéndose eco de la desinformación y de casos judiciales que se han abierto contra la esposa del presidente, Begoña Gómez, y su hermano, David Sánchez, tras denuncias basadas en informaciones falsas y presentadas por el seudosindicato Manos Limpias y organizaciones ultracatólicas como Hazte Oír. “Están en la destrucción del adversario político y en ganar con bulos lo que no le dieron los votos en 2023. Plantear una estrategia en base a bulos y no a los votos creo que está abocado al fracaso en democracia”, sostuvo Sánchez.
Tanto el presidente como ministros y líderes territoriales consultados comparten que el PP ciñe su oposición a los tribunales. El asunto más delicado según reconocen en privado varios dirigentes socialistas es el presunto caso de corrupción en el que José Luis Ábalos, exsecretario de Organización del PSOE y exministro de Fomento, y su asesor de confianza Koldo García le abrieron las puertas del ministerio, y por extensión del Gobierno, a Víctor de Aldama. El considerado conseguidor de la trama ha cifrado entre 3,4 y 4 millones de euros el dinero que supuestamente pagaron diferentes empresas como contraprestación por beneficiarse de adjudicaciones de obras dependientes del departamento de Ábalos. Aldama extendió la sospecha al PSOE acusándole del cobro de comisiones por adjudicaciones de obras sin aportar pruebas y ha señalado del mismo modo a distintos miembros de la cúpula del Gobierno y del partido de cobrar mordidas.
Política de alianzas. La Moncloa y Ferraz consideran que el PP, con su acercamiento de las últimas semanas a Junts, y que no parece puntual, ha dado validez a su estrategia para resolver el conflicto territorial de Cataluña y superar el procés. “Denota una enorme hipocresía de una oposición que ha movilizado a muchos de sus militantes y votantes conservadores a las calles al grito de que la amnistía iba a romper España, de que estábamos perdonando lo que llamaron el golpismo de independentismo y ahora resulta que sacan pecho por coincidir en votaciones en el Parlamento relacionadas con los impuestos. No sé muy bien cómo lo deben interpretar los votantes conservadores”, ha percutido el presidente sobre el último giro de Alberto Núñez Feijóo y las contradicciones en su relación con Junts.
El PP empezó el año llevando al Congreso una iniciativa que hubiera implicado, de haber sido aprobada, la ilegalización de los exconvergentes. Los populares proponían la disolución de partidos que promoviesen declaraciones de independencia o un referéndum ilegal mediante la introducción en el Código Penal de una serie de delitos de “deslealtad constitucional”. Si esa medida hubiese entrado en vigor con el Gobierno de Mariano Rajoy en el desafío secesionista de 2017, ERC y Junts habrían sido ilegalizadas. “Esa normalización que la amnistía perseguía de la política es un éxito de esa ley y por tanto también del Gobierno de España”, es la interpretación que hizo el presidente. A la espera de ver si el PSOE y Junts se reconcilian, el momento clave para aprobar los Presupuestos podría coincidir con la tramitación de la moción de confianza que Junts registró en el Congreso.
Equilibrismos parlamentarios. La aprobación por decreto de un nuevo impuesto energético como exigían ERC, EH Bildu y BNG, que incluye bonificaciones para las inversiones verdes, evidencia la minoría que el Gobierno tiene que gestionar en el Congreso y las contradicciones ideológicas de su base parlamentaria. Junts y el PNV tumbaron el gravamen el jueves en el Congreso en una alianza que fue muy celebrada por el PP. Los socios nacionalistas e independentistas progresistas exigían un decreto, que salvo sorpresa no será convalidado en enero en el Congreso, para retratar a Junts y PNV. Podemos reivindica también su autonomía de las izquierdas periféricas y salió este lunes con que no apoyará el decreto sobre el impuesto a las grandes energéticas porque no sería permanente.
El optimismo y certeza de que los Presupuestos eran prácticamente seguros que se apoderó del Gobierno el 21 de noviembre tras la aprobación de la reforma fiscal en el Congreso, antes de su paso por el Senado y regreso al Parlamento, ha dado paso un mes después al escepticismo. Sánchez, que aprobó la desclasificación a petición de Junts de ocho documentos del CNI sobre los atentados de Barcelona en el último Consejo de Ministros del año, insistió por enésima vez en que la duración de la legislatura no dependerá de la aprobación de unas nuevas cuentas públicas: “España es hoy un país mejor de lo que era hace seis años, y en 2027 será aún mejor de lo que es hoy”.
Pendientes del PSOE de Andalucía. El nombre de María Jesús Montero ha cobrado los últimos días de nuevo muchísima fuerza como posible alternativa a Juan Espadas para liderar la principal federación de los socialistas. La número dos del Gobierno y del PSOE guarda silencio y no se pronuncia sobre el apoyo casi unánime que suscitaría si se presenta. “Los militantes del PSOE de Andalucía serán quienes decidan su futuro”, se limitó a decir Sánchez al ser preguntado de manera explícita si le gustaría que Montero fuese la próxima líder territorial del partido en la comunidad más poblada y que más escaños reparte en el Congreso. El calendario aprobado el viernes por el comité director del PSOE andaluz, su máximo órgano de decisión entre congresos, establece que las precandidaturas se podrán presentar del 7 al 10 de enero.
La ejecutiva provincial del PSOE de Jaén apostó este lunes, en su última reunión del año, por Juan Francisco Serrano, adjunto a Organización de la ejecutiva federal, mano derecha de Santos Cerdán y diputado al Congreso por Jaén, como candidato a la secretaría general del PSOE de Andalucía, informa Lourdes Lucio. Jaén era la única agrupación que se mantenía silente a la espera de que se aprobase el viernes pasado el calendario del 15º Congreso Regional del PSOE de Andalucía. Fuentes de la dirección aseguraron que varios alcaldes y cargos del partido aseguraron que si Serrano se presenta “lo normal es que el PSOE de Jaén lo apoye”. El secretario general del PSOE de Cádiz y diputado nacional, Juan Carlos Ruiz Boix, manifestó que “queda poco” para conocer a un candidato “de consenso y unidad” que no haga necesario ir a primarias.
