La Comisión Europea ha anunciado este viernes la apertura de expedientes sancionadores contra España y al resto de países de la Unión Europea, con la única excepción de Italia, por no haber trasladado plenamente a sus legislaciones nacionales las nuevas reglas sobre el mercado del hidrógeno y los gases descarbonizados dentro del plazo, que venció el pasado 5 de agosto.
Según ha informado el Ejecutivo comunitario, Italia es hasta la fecha el único Estado miembro que ha comunicado la incorporación completa de la directiva, mientras que el resto dispone ahora de dos meses para terminar de adaptar sus normas nacionales y notificar a Bruselas las medidas adoptadas.
La legislación, aprobada en 2024, actualiza las reglas que rigen el mercado europeo del gas natural y establece un marco específico para las infraestructuras de hidrógeno, con el objetivo de facilitar la entrada de gases renovables y bajos en carbono en el sistema energético europeo.
Bruselas ha remitido así cartas de emplazamiento a Bélgica, Bulgaria, República Checa, Dinamarca, Alemania, Estonia, Irlanda, Grecia, España, Francia, Croacia, Chipre, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Hungría, Malta, Países Bajos, Austria, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovenia, Eslovaquia, Finlandia y Suecia.
Este requerimiento constituye el primer paso formal del procedimiento de infracción y concede a los 26 gobiernos un plazo de dos meses para responder a la Comisión, completar la incorporación de las disposiciones pendientes y comunicar que han cumplido con sus obligaciones.
Si las respuestas no satisfacen a los servicios comunitarios, Bruselas podrá avanzar a la siguiente fase mediante el envío de un dictamen motivado, que abre un nuevo plazo de diálogo antes de decidir si lleva finalmente los incumplimientos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
Bruselas expedienta por no aplicar las reglas contra la contaminación industrial
La Comisión Europea también ha anunciado la apertura de un procedimiento de infracción contra los 27 Estados miembro por no haber incorporado plenamente a sus legislaciones las nuevas normas europeas para reducir la contaminación generada por fábricas, instalaciones industriales y explotaciones ganaderas, que los países debían aplicar antes del pasado 1 de julio.
El expediente sancionador arranca con el envío de una carta de emplazamiento a cada uno de los países, que disponen ahora de dos meses para responder al Ejecutivo comunitario, completar la incorporación de la directiva a sus respectivas legislaciones y comunicar las medidas adoptadas.
Si las respuestas no satisfacen a los servicios comunitarios, Bruselas podrá avanzar a la segunda fase del procedimiento mediante el envío de un dictamen motivado, un nuevo paso antes de decidir si lleva el incumplimiento ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
El retraso afecta en este caso a la totalidad de los Veintisiete, ya que ningún Estado miembro comunicó dentro del plazo la aplicación completa de la normativa, que endurece las obligaciones para reducir la contaminación procedente de las actividades industriales y ganaderas, limita el uso de sustancias químicas peligrosas y amplía el número de instalaciones sometidas a estas reglas.
Además, la normativa refuerza los derechos de los ciudadanos y permite reclamar indemnizaciones por daños a la salud provocados por contaminación ilegal, actualizando así las reglas que la UE aplica desde 2010 a más de 50.000 instalaciones industriales para limitar su impacto sobre las personas y el medio ambiente mediante el uso de las mejores técnicas disponibles.
