El adelanto electoral deja la casa sin hacer y la deuda autonómica sin resolver. La convocatoria de elecciones se lleva por delante la condonación de 83.252 millones de euros de deuda total de las autonomías, una de las principales apuestas financieras del Gobierno para esta legislatura.
El proyecto de ley, que retomaba ahora precisamente su recorrido en el Congreso después de un año parado, decae con la disolución de las Cortes y tendrá que volver a tramitarse en la próxima legislatura si el Gobierno de turno decide recuperar la medida.
La operación preveía que fuera el Estado el que soportara una buena parte de las deudas que aquejan a las comunidades autónomas y sus cuentas. El objetivo, según defendió entonces el Gobierno era reducir los intereses de la deuda, con un ahorro calculado de unos 6.700 millones de euros en total para las autonomías.
La propuesta buscaba beneficiar a 15 de las comunidades autónomas, quedándose fuera País Vasco y Navarra por contar con sus propios sistemas de financiación. Tampoco entraban Ceuta y Melilla.
Andalucía y Cataluña eran las más beneficiadas
El reparto colocaba a Andalucía como la comunidad que recibiría una mayor quita de la deuda, con 18.791 millones de euros, seguida de Cataluña, con 17.104 millones. La Comunitat Valenciana ocupaba el tercer puesto, con 11.210 millones, mientras que Madrid recibiría 8.644 millones.
El punto de partida fueron 80.310 millones de euros, que el Gobierno identificó como el exceso de deuda acumulado por las comunidades durante la crisis financiera.
Para calcularlo, comparó el incremento del pasivo entre finales de 2009 y finales de 2013 con el aumento registrado entre 2019 y 2023. Sobre esa cantidad se construyó después el reparto definitivo con los 83.252 millones totales.
En una primera fase se distribuyó el 75% de esos 80.310 millones (60.232 millones) según el peso de la población ajustada de cada comunidad entre 2010 y 2022. Con este primer reparto, la condonación media equivalía al 19% de la deuda autonómica a cierre de 2023.
Después, Hacienda añadió 11.514 millones para garantizar que ninguna comunidad quedase por debajo de ese 19%. El último tramo incorporó otros 10.590 millones para acercar a determinadas autonomías al nivel de condonación por habitante ajustado. A ello se sumaron otros 917 millones vinculados al esfuerzo fiscal realizado por las comunidades mediante sus competencias sobre el IRPF.
El resultado final fueron los 83.252 millones que el Estado asumiría. La normativa establecía además que el máximo que podría absorber el Estado por cada comunidad sería equivalente al 50% de su deuda a 31 de diciembre de 2023.
La quita de la deuda queda en saco roto
La medida comenzó su recorrido en febrero de 2025, cuando el Consejo de Política Fiscal y Financiera aprobó la propuesta de Hacienda. El Gobierno defendió entonces que la operación permitiría corregir el sobreendeudamiento acumulado durante la crisis financiera, además de aliviar las cuentas de las autonomías
Así, el Consejo de Ministros aprobó en septiembre de 2025 la primera versión del anteproyecto y en diciembre dio luz verde al proyecto de ley que fue remitido al Congreso, aunque pronto volvería al bloqueo.
La iniciativa continuó después su recorrido parlamentario y llegó a superar el debate de totalidad. En septiembre de 2026, el Congreso se disponía a avanzar hacia las siguientes fases, después de que la Mesa pusiera fin al periodo de sucesivas ampliaciones del plazo de enmiendas.
La convocatoria electoral cambia ahora el escenario. Con la disolución de las Cortes, el proyecto decae y no puede continuar su tramitación en la próxima legislatura desde el punto en el que se encontraba.
El proyecto de ley, por ello, borra definitivamente su rastro. Si el próximo Gobierno quiere mantenerla, tendrá que presentar una nueva iniciativa y volver a someterla al juicio del congreso.
